A pocos días del inicio del juicio contra Yolanda Vargas, el juez a cargo de la causa resolvió suspenderlo por tiempo indeterminado. La decisión se basa en un dictamen psicológico reciente que confirma que Yolanda no está en condiciones anímicas para afrontar el proceso judicial. Según el informe, la mujer aún está “procesando el duelo” por la pérdida de sus dos hijos en un incendio ocurrido hace cuatro años, tragedia que la justicia intenta imputarle como “abandono de persona seguido de muerte”.
Distintas organizaciones y referentes de derechos humanos denunciaron la arbitrariedad de esta causa, señalando que el Estado, responsable del hacinamiento y la precariedad que llevaron al siniestro, se convirtió en su verdugo. Lejos de garantizar justicia, el proceso judicial refuerza una situación de criminalización de la pobreza y de la maternidad en condiciones de vulnerabilidad.
Si bien la suspensión del juicio puede interpretarse como una respuesta a la presión social y al repudio nacional e internacional, el prolongamiento de la incertidumbre no es una solución. Las organizaciones que vienen acompañando a Vargas afirman que “la única salida justa es el sobreseimiento inmediato y definitivo de Yolanda Vargas”. Asimismo, se exige una investigación rigurosa sobre las responsabilidades del Estado, la gobernación, el municipio y la empresa proveedora de electricidad en la tragedia que le arrebató la vida a sus hijos.
Movilizaciones y presentación de amicus
Con esta convicción, el lunes 3 de febrero, en el horario en que debía iniciarse el juicio, distintas organizaciones, personalidades y referentes de derechos humanos se concentrarán en los tribunales de Orán para exigir la absolución de Yolanda Vargas. Además, se sostendrán las iniciativas de movilización previstas en todo el país.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) presentará un amicus curiae en respaldo a Yolanda. Este documento busca visibilizar cómo su procesamiento es un caso paradigmático de la criminalización de mujeres en situación de pobreza y de las fallas estructurales del sistema judicial para considerar la violencia de género, la desigualdad y la ausencia del Estado como factores determinantes en los casos que involucran a mujeres cuidadoras.
Desde la Red de Psicólogxs Feministas se alerta sobre el impacto de este proceso en la salud mental de Yolanda Vargas. Denuncian que el juicio refleja sesgos clasistas, racistas y capacitistas, y que la prolongación de la causa no hace más que agravar la revictimización de una mujer que ya sufrió una pérdida irreparable.
La exigencia es clara: absolución inmediata de Yolanda Vargas y el fin de la criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, se demanda que el Estado asuma su responsabilidad en la garantía de derechos básicos como la vivienda digna, la seguridad y la protección efectiva de las personas en situación de precariedad.
Sobre los hechos
El trágico hecho ocurrió el 9 de febrero de 2021, cuando un cortocircuito originó un incendio en la precaria vivienda de Vargas, en Colonia Santa Rosa, Orán. En ese momento, la mujer había dejado a sus hijos, de 4 y 6 años en la casa mientras salía a comprar alimentos. Durante su ausencia, el fuego arrasó con la casa y acabó con la vida de los niños.