Esta nota fue escrita por Victoria Stéfano para LATFEM
Fotos de Priscila Pereyra
El ajuste arrastró, en mayor o en menor medida, a todos los sectores pero, ¿cómo atravesó particularmente a las personas travestis trans? Victoria Stéfano relata distintas historias y vivencias que se entrecruzan y dan cuenta del panorama federal.
“La batalla cultural es lo más importante”, sostuvo Karina Milei en el lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe, una de las 24 provincias que se suma al nuevo partido nacional para 2025. El acto tuvo lugar unas semanas antes de que se cumpla el primer aniversario de Javier Milei como presidente de la Argentina. ¿Cómo afectaron las políticas del gobierno a las travas?
Con una militancia feminista fragmentada, la avanzada contra la institucionalidad de las políticas de género y diversidad no encontró fuertes resistencias. Así se sucedieron, durante 2024, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD), el Inadi, la propia Subsecretaría de Violencia de Género creada por el gobierno nacional actual, y se concretó con ello el borrado absoluto de toda política relativa a las mujeres o a las diversidades sexuales. Pero también ocurrieron otros cambios simbólicos y sociales mucho más profundos e imperceptibles.
Primera persona del plural
Agustina Ponce es “orgullosamente conurbana”. Hace dos décadas que vive en Mar del Plata, y tiene 42 años. Allí, junto con compañeras a quienes honra, creó la Asociación Mundo Igualitario en 2014, que milita el acceso a derechos de las diversidades sexuales. Su activismo no nació trans; estuvo más vinculada a los movimientos territoriales, educativos deportivos y culturales.
“Soy una sobreviviente, en un país donde las personas trans travestis tienen una expectativa de vida de 35 o 40 años”, dice. Militar el cupo laboral travesti trans en su provincia fue un punto de inflexión. Eso la catapultó a la Coordinación Nacional de Empleo, donde cuadruplicó los ingresos de personas trans y travas al Estado antes de ser subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGyD. En su gestión, pasaron de ser 112 los ingresos anuales, a 515. “Es un reconocimiento a toda esta lucha que venimos llevando adelante” dice. Siempre habla en plural. En primera persona del plural.
Quizás la clave, de cara a lo que sigue, esté en avanzar hacia un sujeto político amplio
“Hay un vaciamiento total”, señala y hace referencia a las políticas que sostenía el ministerio. “Entiendo que responde a una cuestión ideológica. La política dirigida es no hacer política hacia la población lgtbiq+ y específicamente hacia las personas trans travestis. No hay espacio de discusión para llevar adelante este tipo de políticas”, agrega.
Sin esquivar balas del fuego abierto contra el ex MMGyD, rescata políticas implementadas, y otras profundizadas, como la Ley de Identidad de Género (LIG). De las inauguradas en su gestión, destaca el Programa de Fortalecimiento para personas Trans Travestis y la Ley de Cupo Diana Sacayán – Lohana Berkins. Según el último informe del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), cuenta Agustina, habían logrado algo inédito: “La expectativa de vida se había movido. Luego de décadas de desidia, llegaba a los 42 años”.
‘La Mariné’ Palomeque, fue una de las beneficiarias de esas políticas. Específicamente de la línea de asistencia económica del Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos. Hoy está jubilada, a sus 67 años, y con eso siente que quedó en una mejor posición que muchas otras. “Pero hay otras chicas volviendo donde no quieren volver. Con eso pagaban la entrada de un alquiler, o comida, que ahora ya no hay ni en los comedores”, dice desde Santa Clara del Mar.
“En ese momento, esa plata me ayudó mucho”, sostiene La Mariné. No tenía prácticamente para comer cuando la pidió en 2021. Por aquel entonces su esposo tuvo un accidente que lo dejó parado en su trabajo de plomero por 11 meses, y ella sufrió una neumonía unilateral. Recibió la asistencia tres meses. El primero se fue íntegramente en comer. Después, pudo dedicar algo de ese dinero a la vivienda.
Según un informe conjunto entre el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante 2024, el gobierno de LLA ejecutó un 0% de los 269 millones de presupuesto en Acciones de Ayuda Urgente para Travestis, Transexuales y Transgénero. El mismo rumbo tomó el programa Acompañar que ejecutó un 98,72% menos de su presupuesto que el año anterior, suerte que también sufrió la ESI. Vale aclarar que todos estos puntos no existen en el presupuesto 2025, propuesto por el gobierno de Milei.
Pero lejos de ser el único ajuste que afecta a este espectro de la población argentina, en lo referido a salud sexual, el recorte fue del 64%, comparado con 2023; se distribuyeron un 80,8% menos de preservativos, en un contexto donde, para la población travesti trans la prostitución continúa siendo la principal vía de ingreso, y la incidencia de VIH continúa rondando el 34%.
Mantener las defensas saludables: ¿quién tiene esa plata al mes?
Lanna González es la primera trans visible seropositiva en Santa Fe. “Luchadora, por querer sobrevivir en este país”. Asï se define. El 19 de noviembre de 2023, el día del balotage nacional, lloró toda la noche abrazada a su mamá y a su papá, con el que no se hablaba desde hacía seis meses. El hombre había votado a LLA en la primera vuelta. Una hija viviendo con VIH y una esposa con cáncer doblegaron su decisión en la instancia decisiva.
Lanna empezó a militar a los quince años cuando era gay, en un espacio de niñeces que pertenece a la comunidad judía progresista santafesina, al fulgor de las multitudinarias marchas por el 8M. Dos años más tarde, la diagnosticaron. Desde la adolescencia hace drag, y el año pasado salió a ponerle cara a la lucha por la respuesta al virus. “Lo más difícil de las personas que vivimos con VIH es cómo la indiferencia y la desinformación hace que nos rechacen sin querer, sin saberlo, sin querer entenderlo”, sostiene.
Tuvo muchos trabajos además del artístico y es gestora cultural recibida. Aún así su inserción laboral sigue siendo un horizonte lejano, con lo que la puta calle vuelve a ser la alternativa. “Un frasco de treinta pastillas sale 500 mil pesos, ¿quién tiene esa plata al mes?”, pregunta. Está hablando del costo por mantener sus defensas en niveles saludables.
“Yo tengo miedo porque el Presidente es el único que votó en contra del proyecto de Ley de Respuesta al VIH. Y es miedo, realmente es miedo constante. Siempre fui una persona que no le teme a la muerte, pero no me gustaría morir así, asesinada por el Estado”, dice.
Lanna es una de las voluntarias que lleva adelante el Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida en Santa Fe. Esa militancia la convierte en testigo directa del ajuste: “Los suministros empezaron a disminuir muchísimo; cajas de preservativos o geles, ya no nos dan más; y de las tiras reactivas (que se usan para los testeos rápidos) quedan muy pocas. Ya nos avisaron que la compra que se hizo va a demorar por lo menos un año”.
Su futuro está lleno de incertidumbres. “No sé si mañana voy a seguir teniendo mi tratamiento”, dice. Apunta al presupuesto presentado por Milei. De acuerdo a los datos relevados por Fundación Huésped, en 2025 el gobierno “proyecta 66.500 tratamientos para personas con VIH”. Eso deja por fuera a 393 de las 66.893 personas que recibieron tratamientos en el 2023, además de las 8.744 que recibieron tratamientos de pre exposición, las 4.867 que recibieron tratamientos de post exposición y las 5300 nuevas detecciones que se dan anualmente.
“Este tratamiento lo tenemos garantizado por ley desde 1994. Es mucho el riesgo que se está corriendo”, dice la artivista.
En relación a salud trans específica, en marzo se conoció públicamente la adjudicación de $827.255.100 para hormonización, que había dejado ya pautada la gestión anterior, lo que permitió, sin mayor implicación de las provincias, el sostenimiento de terapias de reemplazo hormonal en el país, aunque se alertan faltantes y demoras en la entrega en ciertos distritos.
El eje problemático, de todas maneras está, otra vez, en el presupuesto del año que viene donde directamente no existe como ítem, por lo que el sostenimiento de las terapias va a depender enteramente de las herramientas que cada ministerio local adopte en torno al cumplimiento de legislación trans y de los propios programas de salud sexual.
TraVajar para conseguir obra social, tetas y un plan de vida
Morena Vallejos superó la expectativa de vida media de una persona trans. Desde siempre se dedicó a la peluquería, y por momentos, a la puta calle. Se inscribió al cupo laboral de Nación sin mucha esperanza, porque Dios atiende en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, su sorpresa fue enorme cuando la convocaron de Vialidad Nacional para comenzar a trabajar.
El salario registrado significó cosas. Dos grandes: obra social y tetas. Y otra más grande aún: poder planificar una vida. “Redujeron personal, más que nada los puestos políticos. Obviamente que se nota el desmantelamiento y quieren vender las rutas. Nos van a quitar trabajo” dice.
Pese a la preocupación por lo cerca que pasa la motosierra, Morena se refugia en una esperanza pequeña: “Lo único que hizo de bueno este hombre es que, en el DNU (Decreto por Necesidad y Urgencia) que sacó para recortar personal, la gente por cupo quedó”. Y quizás, eso hizo que fuera una de las que mantuvo su trabajo, al menos por ahora. Pero no fue la suerte de todo el resto.
Durante el primer año de Milei, 150 travestis y trans fueron despedides junto a otros 33141 trabajadores estatales, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es válido aclarar que, según el relevamiento del Observatorio TranSindical de Trabajadores TTNB en el Estado, Zaguán Transindical, el número total de trabajadorxs TT, sin despidos de por medio, no superó nunca los 955 trabajadores incorporados por la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Esto representa apenas un 0,17% de la totalidad de empleados estatales. Lejos -ahora más aún- del 1% que perseguía la ley aprobada en 2021.
A lo largo de este año, en algunos casos la judicialización ha logrado revertir, al menos en parte, las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Una de esas situaciones se dió en Chaco, con una trabajadora de la ANSES, donde una medida cautelar dispuso su reincorporación. A pesar de esto, el organismo estatal igualmente apeló. La sentencia, dictada el 31 de octubre, por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, resaltó que no se podía “pasar por alto que la Sra. S.V.D. es una persona transexual” y que “fue designada en el marco de la Ley N° 27.636”.
En total, de los 150 despidos, se dieron cerca de 50 reincorporaciones. Parciales, por la vía cautelar, que implica la reserva del puesto pero no la reincorporación plena y totales, en la mayoría de los casos, por vía gremial.
En otras situaciones, el despido no se ha efectivizado, pero virtualmente se ha dejado sin tareas a las trabajadoras. Lo que normalmente entre empleados públicos se conoce como frisar. Y el dato imposible de deducir es el de las renuncias y desahucios, por la modificación en la Ley de Acceso a la Información Pública que dispuso el PEN.
“No se puede conocer y sabemos que son casos que pasan. Por eso seguimos reclamándole al Estado Nacional que brinde, a través de los mecanismos de la Ley de Transparencia, el dato de cuántas personas travestis trans y no binarias trabajan en el Estado nacional. Este pedido fue denegado en mayo. Después realizamos otro y todavía no lo han contestado” explica Pato Laterra, economista e investigador de Zaguán Sindical.
El ajuste salvaje de Milei le excusó libertad de tijera a varias provincias en el mismo sentido. Llevando adelante, con menos discurso pero con las mismas acciones, la eliminación de las políticas de género y diversidad. En el caso santafesino se desjerarquizaron tareas, y se barrió con trabajadores, muchos de ellos trans, como la rosarina Cuqui Rodriguez. Algo que era impensable hasta hace un año atrás.
Cuqui peleó cuatro meses junto a más de 50 despedidos del ex ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe por su reincorporación. Y si bien se logró avanzar, eso no le alcanzó, por lo que señala como persecución ideológica. A todas sus compañeras le ofrecieron ser recontratadas bajo una forma de precarización laboral en el marco de Asistencia Técnica. “A todas, menos a mi, la trans peronista” dispara Cuqui.
Karla Ojeda es activista trava de Rosario, madre, sobreviviente de la violencia ejercida por la policía provincial hasta el 2010 e impulsora de la Reparación Histórica Postdictadura de Santa Fe, aprobada en la legislatura provincial casi al mismo tiempo en que Milei ganaba las elecciones nacionales en 2023
“Estamos viviendo una situación sociopolítica cultural muy violenta con este gobierno nacional que lleva adelante políticas neoliberales dictatoriales de negacionismo. Me parece una realidad muy cruda la que estamos viviendo” dice.
Dos de los cambios más profundos fueron el simbólico y el discursivo; esto habilitó, desde los posts en X (ex Twitter) del diputado libertario de PBA, Agustin Romo, hasta los dichos de Cúneo Libarona frente a la comisión de Género de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos frente a una ola de odio que no veíamos desde hace tiempo y de la que aún desconocemos el alcance.
La subversión conceptual de la propuesta libertaria avanzó hasta la advertencia de un posible uso criminal de los derechos consagrados en la LIG, previamente instalada en la agenda nacional por influencers libertarios a propósito de presos que supuestamente buscarían modificar el género en su documentación para recibir más visitas, ser trasladados a otro penal, o abusar de mujeres detenidas.
En el mismo sentido se dió el anuncio entre bastidores de un decreto preparado para derogar la posibilidad de acceder al denominado como “Documento X”, sancionado por la misma vía por el gobierno de Alberto Fernández en 2021. Todavía no hay claridad sobre qué sucederá con las 1500 personas que ya accedieron a esa documentación en todo el país.
Los discursos de odio con pauta oficial abren una tangente que apunta a modificar la LIG, introduciendo reformas que limiten el derecho a la identidad autopercibida, especialmente a las niñeces trans. Pero lejos del circo para redes, la propuesta se convirtió en un proyecto de ley, presentado por el diputado libertario Álvaro Martinez, que además de excluir a niñas y niños, también propone limitar el acceso al derecho a las personas condenadas por la justicia. Y en el mismo sentido comienza la batalla por la derogación del Cupo Laboral Trans, fogoneada por la vocería presidencial.
Lanna resume algo de una sensación generalizada, el miedo: “Me da miedo salir a la calle. No me pasaba antes, ni cuando andaba de tacos a plena mañana. Este personaje sacó a flote la violencia que estuvo bastante sosegada por los gobiernos anteriores”. En efecto, una violencia que siempre estuvo allí y que LLA sabe dirigir para desviar la mirada de los costos de su plan económico.
En coincidencia, la monja católica Mónica Astorga, que trabaja desde hace veinte años con la población trans, pone el acento en el impacto mental del nuevo escenario y dice que es todo retroceso. “Las siguen matando. No directamente, pero se terminan abandonando en el estado depresivo en el que caen”, sostiene. La hermana lleva desde hace años un registro propio de muertes trans. Para 2024 contabiliza fallecidas 45 mujeres trans y 3 varones trans, más “uno que sigue desaparecido”. Ese uno se llama Tehuel de la Torre.
Quizás la clave, de cara a lo que sigue, esté en algo más simple de lo que parece. Tal vez avanzar a un sujeto político amplio, que gane mayorías, como sostiene Karla Ojeda. “Los encuentros son muy necesarios. No solamente para resistir a lo que está sucediendo, sino buscar estrategias concretas, sumar a la sociedad toda, quienes quieran, a ser parte de esta red que venimos tejiendo para defendernos y revertir lo que está sucediendo”.
O quizás, la incitación constante, la amenaza en el horizonte, la búsqueda punzante de la porción de piel cicatrizada, a duras penas, dónde provocar una herida más en la carne de este cuerpo marcado por la violencia histórica que son las travas logre despertar aquella furia que destruía puertas de legislaturas y se apostaba frente a embajadas foráneas para pedir asilo.
Al cabo, Karina sí tiene razón. La batalla cultural es lo más importante.
