Una nueva jornada de protesta de jubilados frente al Congreso Nacional terminó este miércoles con represión. Como viene ocurriendo desde que asumió el gobierno libertario, la Policía Federal, junto a fuerzas federales que integran el operativo antipiquetes, avanzó contra quienes se manifestaban en para exigir jubilaciones dignas, acceso gratuito a los medicamentos y atención médica de calidad. El saldo fue de personas heridas, entre ellas el padre Francisco “Paco” Oliveira y otros curas en la Opción por los Pobres, incluso periodistas como ya sucedió en ocasiones anteriores.
La escena volvió a repetirse sobre la avenida Rivadavia, donde se desplegó un operativo de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, que intenta impedir cada semana que los manifestantes interrumpan el tránsito. Cuando los jubilados y sus acompañantes intentaron hacer su habitual “vuelta a la manzana” al Congreso, fueron empujados con escudos y gas lacrimógeno hacia las veredas. Hubo al menos dos detenidos y varias personas atendidas por lesiones.
“Voy a venir de vuelta hasta que esto no se solucione. Estamos cansados de que nos fajen”, dijo uno de los jubilados a los medios. Otro de los heridos fue Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien fue trasladado al Instituto Patria, a pocos metros del lugar, donde fue atendido junto a otros lesionados.
El reclamo no es nuevo. Con la jubilación mínima fijada en $296.396 — más el bono de $70.000 sumando un total de $366.481—, muchos adultos mayores ven su situación empeorar mes a mes. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas se encuentran aún más por debajo de la línea de pobreza, con montos que rondan los $307.000 y $277.000 respectivamente. La moratoria previsional que permitía el acceso a una jubilación a quienes no habían completado 30 o 35 años de aportes venció en marzo, y aún no fue reemplazada por otro sistema.
Desde los años noventa, cuando el menemismo congeló las pensiones, pasando por el macrismo y su cambio de fórmula de actualización, hasta el gobierno de Alberto Fernández, las protestas han sido una constante frente al deterioro de las condiciones de vida de jubilados y jubiladas.
Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei la situación se volvió aún más crítica: se eliminaron medicamentos gratuitos, se dispararon los costos de la medicina prepaga, el transporte y los servicios públicos, y se clausuró el único mecanismo que permitía el acceso a la jubilación para quienes no llegaban con 30 años de aportes, afectando especialmente a mujeres. A esta precarización se suma una represión que no se había visto en años.
La represión a los jubilados no es un dato menor. Se trata de una franja etaria históricamente invisibilizada, a quienes el Estado debería proteger. Desde hace meses son empujados, gaseados y golpeados por exigir el derecho a una vejez digna. La violencia institucional en estos casos no es solo física: es una forma de silenciar el reclamo de quienes cargan con décadas de trabajo y ahora exigen lo mínimo para subsistir.
