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¿Por qué es importante que Tucumán adhiera a la Ley Micaela?

La ley establece la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, con el objetivo de terminar con el acoso, la discriminación y la violencia contra la mujer en la Administración Pública nacional y provincial.

Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó en diciembre de 2018 por unanimidad la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos. En Diputados, unos días antes, la norma había recibido 171 votos a favor y uno en contra, del salteño conservador Alfredo Olmedo.

De Tucumán, la ley contó con los votos positivos de José Orellana, Marcelo Santillán, Alicia Soraire, Teresita Villavicencio y Pablo Yedlin. Tres diputados de Cambiemos estuvieron ausentes: Facundo Garretón, José Cano y Beatríz Ávila. Por su parte, la peronista Gladys Medina tampoco estuvo en la sesión.

Durante la sesión en Senadores, llamó la atención que la senadora Silvia Elías de Pérez estuvo presente en el recinto pero, a la hora de emitir su voto sobre la ley para prevenir la violencia de género, se ausentó de su banca. “Como mujer y dirigente política me siento defraudada”, lanzó en aquel momento la legisladora Stella Maris Córdoba.

La ley estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

Tucumán fue una de las primeras provincias en presentar un proyecto de adhesión. La iniciativa fue planteada por las peronistas Graciela Medina, presidenta de la comisión de la Mujer, y Sandra Mendoza, y por los radicales Adela Estofán y Fernando Valdez, los primeros días de 2019. Luego se sumó otro proyecto de la legisladora Silvia Rojkés, del bloque Tucumán Crece-PJ, y otro más de Stella Maris Córdoba. Como nunca, la provincia tenía la oportunidad de ser la primera en adherir a la ley cuyo objetivo principal es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

En aquel momento, las legisladoras sostuvieron que el objetivo de la norma es aportar en la lucha para “terminar con la problemática de acoso y violencia contra la mujer en la Administración Pública nacional y provincial”. “(El drama de) la violencia contra la mujer es un tema grave, que nos pone en alerta y nos alienta a llevar adelante todos los programas y políticas públicas que se requieran para eliminar definitivamente de nuestra sociedad tan grave flagelo”, sostuvieron Medina y sus pares.

Los legisladores remarcaron que en Tucumán rige la Ley de Emergencia por la Violencia contra la Mujer (8.981), que fue sancionada el 21 de diciembre de 2016. “La Mesa Interinstitucional de Emergencia por Violencia contra la Mujer viene funcionando desde mediados de 2017. Actualmente se sancionó la prórroga la norma para que se pueda seguir trabajando con los tres poderes del Estado en búsqueda de alcanzar el objetivo de terminar con esta problemática”, añadieron. E insistieron con que la adhesión a la “Ley Micaela” sería “un gran paso hacia la consecución de este propósito”, por lo que instaron a la sanción de la norma.

En los proyectos presentados, la Secretaria de Estado de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social se establece como el órgano coordinador a nivel provincial, mientras que a nivel nacional es el Instituto Nacional de la Mujer.

Qué implica la ley

  1. Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
  2. La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
  3. El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
  4. Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
  5. Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

Demoras

Recién en la primera semana de agosto de 2019, se trataron los proyectos de adhesiones en la Comisión de los Derechos de la Mujer y obtuvieron dictamen favorable por unanimidad. El único legislador que votó en contra fue Claudio Viña, quien se opuso a que la provincia adhiera a la ley que prevé capacitación a funcionarios y funcionarias del Estado, en cualquier jerarquía, para erradicar la discriminación y violencia de género.

Estaba previsto que el tema sea tratado en el recinto en el día de ayer, pero, de un momento a otro, el tema fue retirado del orden del día lo que generó diversos rumores sobre el porqué y si será tratado en la próxima sesión de la Legislatura.

“La ley Micaela es para bregar por igualdad de oportunidades y de derechos, es tratar que la mirada en la justicia, en la atención en las oficinas públicas, sea igual para varones y para mujeres”, sostuvo María del Carmen Carrizo, secretaria de la Mujer.

Desde la Secretaría resaltaron los puntos por los cuales es fundamental que la provincia adhiera a la ley, y comience a dar cumplimiento a un deber que asumió el país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém do Pará”). Justamente, esta ley tiene como único objetivo capacitar y sensibilizar en materia de género y violencia contra las mujeres, a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.

“En nuestro contexto actual, donde las violencias cada día aumentan, se torna imprescindible que los agentes que conforman el Estado Argentino federal, incorporen herramientas conceptuales y prácticas en base a los estándares internacionales, ya ratificados por nuestro país, de igualdad y no discriminación que disminuyan las brechas asimétricas entre los géneros”, argumentaron en una presentación que realizaron desde la Secretaría a la Comisión de la Mujer de la Legislatura, de la que también participó la subdirectora del INAM, Silvia Lommi.

Rumores

Luego de conocerse que no se tratarían los proyectos de adhesión, diversos rumores al respecto comenzaron a circular. Entre ellos, y el que más fuerza adquirió, fue el llamado desde el Arzobispado de Tucumán al vicegobernador Osvaldo Jaldo para que no se tratara la ley, alegando que incorporaba “ideología de género”. Algo similar sucedió en agosto de 2017 con la Ley de Cupo Laboral trans, que terminó perdiendo dictamen y siendo cajoneada.

Aún resta esperar que sucederá en la próxima sesión, que mantendrá la composición actual, o volver a insistir con el recambio de autoridades que sucederá en octubre.

Caso Micaela García

La joven de 21 años, oriunda de Concepción del Uruguay y residente de Gualeguay, era militante política por el JP Evita de su ciudad, participante activa del movimiento #NiUnaMenos y estudiante de Educación Física.

El 1 de abril de 2017 fue vista por última vez a la salida de una fiesta del boliche King de la localidad entrerriana. Su cuerpo fue hallado en una estancia de esa localidad. La autopsia determinó que la muerte se produjo por estrangulamiento y además, que había sido violada.

La Justicia dictaminó que Micaela fue raptada por Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que estaba preso acusado de violar a dos mujeres, pero tenía el beneficio de salidas transitorias otorgadas por el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi.

Rossi recibió siete pedidos de destitución en la Justicia por haberle otorgado la libertad condicional Wagner, quien cumplía una pena por violación hasta que el magistrado decidió que estaba “posicionado favorablemente” para quedar en libertad, a pesar de haber recibido tres informes que lo desaconsejaban. Desde las organizaciones feministas señalaron, una vez más, la falta de perspectiva de género en el accionar del juez que fue enjuiciado por mal desempeño, pero terminó absuelto.

Por su parte, Wagner fue condenado a prisión perpetua por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género”, por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo.

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