Se trata del decimoquinto proceso de lesa humanidad en la provincia, donde se investigarán los crímenes cometidos contra 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar.
El debate aborda la tercera parte del universo procesal de la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán“, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad que tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la jefatura policial tucumana y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966.
Para este juicio, el tribunal está integrado por la jueza subrogante María Noel Costa, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, y los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga, integrantes titulares del Tribunal Oral en los Criminal Federal de Catamarca. Como juez sustituto actuará Federico Bothamley, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero. En la jornada de hoy, la fiscalía expuso una síntesis de los requerimientos de elevación a juicio. Luego se plantearon cuestiones preliminares y comenzaron a recibirse las declaraciones indagatorias de algunos de los acusados.
La lista de acusados incluye a los exmilitares Camilo Angel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel Dursi, Luis Rolando Ocaranza, José Roberto Abba, Luis Alberto Ocaranza y Augusto Leonardo Neme. Los demás imputados, pertenecientes a la Policía de Tucumán, son Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Manuel Vila, Miguel Ángel Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, Maria Luisa Acosta de Barraza, Antonio Vercellone, Ramón Jodar, Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Angel Nieva, Miguel Angel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Zárate, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco, José Antonio Váquez, Juan Carlos Soria y Luis Ocaranza.
En representación del Ministerio Público Fiscal actuarán el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, junto a un equipo conformado por personal de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán. Por las partes querellantes de esta causa actuará el abogado Pablo Gargiulo. Entretanto, 26 de los acusados serán representados técnicamente por el Ministerio Público de la Defensa y 1 imputado lo será por un abogado particular.
Los hechos que se juzgan en este proceso -violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados- fueron cometidos principalmente en torno al centro clandestino de detención (CCD) “Jefatura de Policía de Tucumán” y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que lo operaba. Este lugar y esta porción del aparato criminal ya fueron objeto de debates orales en dos oportunidades anteriores por otros cientos de casos, determinándose en 2008 y 2014 condenas significativas a un gran número de acusados.
El juicio abarca también hechos llevados adelante por este grupo especializado de represión ilegal en el CCD “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército. El objeto procesal cuenta asimismo con hechos en los que se reporta un actuar coordinado con el accionar de al menos 32 comisarías distribuidas por toda la provincia.
Más de la mitad de las víctimas de este caso figuran en una serie de documentos extraídos del propio CCD “Jefatura” por el testigo Juan Carlos Clemente entre 1977 y 1978 y conservadas hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano en el marco de su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Entre los archivos aportados por el testigo, calificados como “únicos en el país y de enorme relevancia histórica” por la fiscalía, figura un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)” en el que aparecen enlistadas 293 personas que pasaron por el CCD “Jefatura”.
Junto a los datos personales de cada persona de la lista aparece una triple anotación según el destino que la llamada comunidad informativa de inteligencia decidía darle a cada víctima: “PEN” (la “legalización” de su detención reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (cuando eran liberados sin ningún tipo de formalidad) y finalmente la sigla “DF” que significa “Disposición Final”, es decir que se había decidido su ejecución extrajudicial y el posterior ocultamiento de sus cadáveres.
Los restos de varias de estas víctimas asesinadas fueron recuperados e identificados en la fosa común conocida como “Pozo de Vargas”, la más grande del país descubierta hasta ahora, y que fue objeto de una profunda tarea pericial con resultados decisivos en torno a la identificación de víctimas de desaparición forzada.
