La legitimación de la violencia como mecanismo de disciplinamiento social
En las últimas semanas, una serie de hechos de extrema violencia contra personas de la diversidad sexual volvió a encender las alarmas en Argentina. En San Miguel de Tucumán, una pareja de varones fue golpeada en un edificio céntrico, en un ataque denunciado por sus familiares como homofóbico, que dejó a uno de los jóvenes internado en terapia intensiva. En los bosques de Palermo, un grupo numeroso de jóvenes atacó a mujeres trans con palos, piedras y otros objetos, filmó las agresiones y difundió las imágenes en redes sociales acompañadas de burlas y expresiones transfóbicas. En La Granja, Córdoba, una pareja de varones denunció que, después de dos años de hostigamiento e insultos homofóbicos, uno de ellos fue atacado a machetazos por un vecino. Son episodios diferentes, con distintas circunstancias, pero que tienen un denominador común: la violencia ejercida contra quienes desafían las normas hegemónicas de género y sexualidad.
La violencia reiterada ejercida por determinados grupos contra las minorías sexuales podría comprenderse como una práctica de disciplinamiento social mediante la cual se busca, consciente o inconscientemente, reafirmar las normas hegemónicas de sexualidad, género y comportamiento. Desde la perspectiva de Michael Foucault, el poder no opera exclusivamente mediante mecanismos institucionales de coerción, sino también a través de la producción y reproducción de discursos que establecen qué identidades, comportamientos y expresiones de la sexualidad son considerados normales y cuáles quedan ubicados en el terreno de lo anormal, lo desviado o lo socialmente inaceptable.
En este sentido, los discursos provenientes de quienes ocupan posiciones de autoridad y poder adquieren especial relevancia, ya que pueden contribuir a construir, legitimar y reproducir determinados marcos de interpretación social que estigmatizan. Cuando estas expresiones se reproducen socialmente, pueden generar condiciones de mayor tolerancia hacia prácticas discriminatorias y violentas, al tiempo que debilitan mecanismos colectivos de rechazo frente a ellas. Así, las agresiones no solamente producen daño sobre sus víctimas directas, sino que también generan efectos colectivos de intimidación, autocensura y regulación de las conductas, contribuyendo a reproducir un determinado orden social.
Hace más de tres siglos, John Locke desarrollaba una concepción del poder despótico vinculada a la idea de que quien ha cometido una «agresión injusta» puede haber perdido determinados derechos humanos frente a quien resulta perjudicado. Más allá del contexto en el que fueron formuladas estas ideas, resulta inquietante reconocer la persistencia de ciertas lógicas de pensamiento que, trasladadas a otros escenarios, permiten justificar la deshumanización y la pérdida de derechos de quienes son señalados como diferentes.
¿Estamos realmente tan lejos de una concepción en la que cualquier persona que se sienta subjetivamente agredida por el proyecto de vida de otra pueda asumirse como víctima y, desde esa posición, considerarse habilitada para ejercer violencia? ¿Qué sucede cuando la percepción individual de una ofensa comienza a utilizarse como justificación para vulnerar los derechos y la dignidad de los demás?
La legitimación de la violencia no se produce únicamente a través de órdenes explícitas o de acciones directas. También se construye cuando los discursos de odio provenientes de las más altas esferas del poder se reproducen, circulan y encuentran aceptación en distintos sectores de la sociedad. Cuando quienes ocupan posiciones de autoridad estigmatizan, descalifican o presentan a determinados colectivos como una amenaza para el orden social, establecen un marco simbólico en el que la discriminación y las agresiones comienzan a percibirse como respuestas tolerables, justificables o incluso legítimas.
La pregunta que debemos hacernos es cómo impedir que estas expresiones de odio, legitimadas o reproducidas desde posiciones de poder, habiliten incluso a quienes hasta ahora permanecían al margen de estas prácticas a exteriorizar libremente sus prejuicios y ejercer la violencia contra quienes consideran distintos.
¿Qué sucede cuando el desprecio deja de ser socialmente cuestionado y comienza a encontrar legitimidad en los discursos de quienes deberían representar y garantizar los derechos de toda la ciudadanía?
Como sociedad nos debemos un repudio integral. No solamente el colectivo y los movimientos feministas deben pronunciarse frente a estas agresiones. El resto de la sociedad también tiene una responsabilidad colectiva: repudiar prácticas que vulneran la dignidad humana, independientemente de quiénes sean sus víctimas. Porque cuando la violencia contra un determinado colectivo deja de generar rechazo, el problema ya no concierne exclusivamente a quienes la padecen, sino al conjunto de la sociedad que la tolera.
Si no las repudiamos, ¿qué estamos tolerando? Y, sobre todo, ¿qué orden social estamos contribuyendo a construir?
Frente a este escenario, la respuesta no puede ser el silencio ni la indiferencia. El próximo 21 de noviembre tenemos una nueva oportunidad para encontrarnos en las calles, en la Marcha del Orgullo de Tucumán. No se trata solamente de celebrar nuestras identidades, nuestros deseos y nuestras formas de vivir, sino también de defender derechos conquistados, exigir políticas públicas y ponerle un límite colectivo a los discursos y las prácticas que habilitan la discriminación y la violencia. La convocatoria es a participar, acompañar y ocupar el espacio público. Porque el orgullo también es una respuesta política frente al odio.
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