El Tribunal Oral Federal de Tucumán dará inicio al juicio de la causa Jefatura III, el decimoquinto proceso de lesa humanidad en la provincia, donde se investigarán los crímenes cometidos contra 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar. Por Sofía Romera Zanoli para Télam.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán iniciará el próximo miércoles el juicio de lesa humanidad de la denominada causa Jefatura III, el decimoquinto proceso de este tipo que se desarrollará en la provincia y en el cual se investigarán crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En mayo del año pasado el TOF había llevado adelante una audiencia preliminar destinada a establecer, entre las partes, un acuerdo referido al desarrollo del juicio, en la que los jueces propusieron que el inicio del debate tenga lugar después del receso invernal del 2022.
En ese entonces los fiscales y las querellas solicitaron adelantar el inicio y que las audiencias tengan lugar con más periodicidad, un pedido que el TOF debía resolver, sin embargo, no se había fijado una fecha hasta marzo de este año.
Se trata de una megacausa en la que se juzga la responsabilidad de 30 imputados, entre los que se encuentran policías y militares, por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en las instalaciones del Ingenio Nueva Baviera (que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966) y que tuvo como víctimas a 237 personas.
El Tribunal está integrado por Jorge Basbus, Noel Costa y Juan Carlos Reynaga, quienes escucharán a lo largo del debate a más de 300 testigos.
Actúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc).
En tanto, uno de los imputados, Luis Rolando Ocaranza, cuenta con una abogada particular que llevará adelante su representación, mientras que los restantes son asistidos por el Ministerio Público de la Defensa.
Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del universo procesal de Jefatura de Policía de Tucumán.
Las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y las comisarías de casi todo el territorio provincial.
En efecto, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías y al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos descriptos por la Fiscalía.
“En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departamento de Policía de la provincia de Tucumán”, señalaron los encargados de impulsar la acción penal en 2015.
En cuanto a los imputados, se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes necesarios y partícipes secundarios, según el caso.
“Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad”, indicaron.
Cada uno de ellos “cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales”, según se explica en la elevación a juicio elaborada por el Ministerio Público Fiscal.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.
Además se los acusa por homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas, abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.
Fuente Télam
