Lupe, víctima de abuso sexual: “Vivo encerrada, la presa soy yo”

A un año de la denuncia por abuso sexual y usurpación de la identidad contra el legislador Ricardo Bussi, la denunciante asegura que vive amenazada y con temor mientras la causa judicial no avanza.

Por Ana Cabral – @anainescabral para Tiempo Argentino

“Vivo encerrada, la presa soy yo. No puedo ni ir al médico”, asegura Lupe (su verdadera identidad se encuentra reservada), la joven que denunció hace un año al legislador tucumano Ricardo Bussi por abuso sexual y usurpación de la identidad.

Desde entonces, la mujer de 26 años es víctima de una serie de hostigamientos y amenazas que la llevaron a tener que abandonar su hogar. Durante su ausencia su casa fue saqueada y el movimiento Ni Una Menos Tucumán realizó una campaña para recaudar fondos con el objetivo de reponer sus bienes más indispensables.

Desde el mes pasado cuenta con una consigna policial en su domicilio, sin embargo, las amenazas a ella y a su familia no cesan. Lupe está preocupada y asustada.

La historia de Lupe

Lupe sufría violencia de género por parte de su ex pareja hace años. Durante el 2019 el agresor le tiró una bomba, explotó la garrafa de su casa y ella sufrió quemaduras graves. “Me salvé porque me tiré en la pileta de mis nenas”, detalla. “En ese momento me quedé sin trabajo y sin nada. Me había separado pero mi ex me perseguía por todos lados. Ya no sabía que más hacer”, agrega.

Fue en ese contexto que se acercó a Fuerza Republicana, el partido de Ricardo Bussi, hijo del genocida y exgobernador Antonio Bussi. Allí la ayudaron a gestionar la Asignación Universal por Hijo, le abrieron una cuenta bancaria y le ofrecieron trabajo.

Luego de un tiempo de cobrar la AUH, Lupe descubrió que en el banco había dos cuentas distintas a su nombre: una con el plan social y otra con 600 mil pesos. Después de negar la existencia de esa cuenta a las autoridades del banco, la joven se dirigió a la sede del partido Fuerza Republicana para plantear esta situación. Le dijeron que lo iban a resolver pero al mes siguiente, cuando volvió a ir al banco, notó que la cuenta seguía abierta y con más dinero: había 800 mil pesos y una deuda con la Afip.

En marzo de 2020, Lupe se dirigió a la Legislatura para hablar con el legislador Bussi en un intento de aclarar la situación. “Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema. Le dije que no pero se me vino encima y empezó lo peor”. En ese momento, según el relato de Lupe, el funcionario abusó sexualmente de ella.

En junio la joven realizó la denuncia en la fiscalía y comenzaron las amenazas.

Los vaivenes judiciales

El 6 de junio se cumplió un año de la denuncia de Lupe y hasta el momento no hay ninguna persona imputada. La causa ya pasó por tres jueces de instrucción y una serie de vaivenes que reflejan el entramado político y judicial que obstaculiza el avance del proceso.

En un principio, la investigación del caso estuvo en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter. Frente a ella Lupe ratificó la denuncia. Pero como el legislador cuenta con fueros, la investigación quedó a cargo del juez de instrucción de ese momento, Raúl Armando Cardozo, donde Lupe amplió su denuncia.

El Código Procesal Penal de Tucumán establece que en los casos en los que las personas denunciadas sean legisladores, funcionarios o magistrados se abre una investigación jurisdiccional sumaria que tiene un plazo de dos meses: se trata de 60 días para recolectar los elementos suficientes. Si se recolectan las pruebas necesarias, se avanza y el juez o la jueza hacen un requerimiento a la Legislatura pidiendo el desafuero de la persona investigada. Finalizado el plazo, si no se hace el requerimiento, se archiva y la investigación se suspende hasta que el imputado pierde la inmunidad que le dan los fueros.

El 22 de agosto de 2020 se venció ese plazo y la jueza que intervenía en ese momento, Carolina Ballesteros, no ordenó el desafuero de Bussi, la única vía para que el funcionario pueda ser imputado.

Según detalla Salvador Iovane, el abogado de la denunciante, desde septiembre de 2020 lo que se estuvo tratando fue la protección urgente para Lupe y su familia. Luego de muchas idas y vueltas, en mayo de este año la defensa logró la aplicación del Régimen del Programa de Protección de Testigos. “Hubo que batallar bastante para obtenerla. Eso fue lo último que se trató hasta el momento”, asegura Iovane.

En paralelo, en septiembre del año pasado y luego de hacer lugar a un pedido de la defensa del legislador, el entonces camarista Enrique Pedicone, quien recibía las apelaciones de la causa, denunció que el vocal de la Corte tucumana Daniel Leiva lo llamó para pedirle que maneje “la intensidad” de ese caso. El poder judicial no tuvo en cuenta esta situación y luego de realizarle un jury el magistrado fue destituido en febrero de 2021.

Por este tema existe también una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por encubrimiento por parte de la justicia de Tucumán. “Esta denuncia tampoco tuvo tratamiento aún, lo cual es bastante más curioso porque lo entendemos como una protección al gobierno de la provincia de Tucumán”, remarca el abogado. Y agrega: “La justicia tucumana y la justicia federal funcionaron más como un filtro y un dique contenedor. Buscan el retardo, entorpeciendo y obstruyendo la investigación”.

Durante los primeros meses de este año se pudo encontrar el DNI falso con el que se abrieron las cuentas a nombre de Lupe y que se encontraba en posesión de la secretaria de Bussi. La defensa solicitó nuevas medidas de prueba que aún no fueron ordenadas y se planteó la cuestión de competencia federal, un pedido que ya había sido planteado y que tampoco se resolvió.

Por otra parte, se pidieron las cámaras de seguridad de la Legislatura del día que se habría perpetuado el abuso y la respuesta fue que se borran cada 30 días.

Actualmente, por un cambio en el Código procesal penal en la justicia tucumana, la causa se encuentra tramitando en el Juzgado Conclusional Nº 1, cuyo titular es Juan Francisco Pisa, quien está siendo cuestionado por su actuación en el femicidio de Paola Tacacho.

Aún se encuentran pendientes se distintos recursos que interpuso la defensa como prontos despacho, quejas por retraso, y medidas de prueba que aún no fueron resueltas. “También nos estamos defendiendo de algunos pedidos de sanciones. Pero todo lo que se realizó hasta ahora es por la actividad de la querella”, destaca el abogado.

“Mi expectativa es luchar a fondo y que pague no sólo mi abusador, si no también todos sus cómplices, incluyendo a los jueces que están entorpeciendo la causa”, asegura Lupe.

Ni Una Menos Tucumán

Desde el movimiento Ni Una Menos Tucumán tomaron conocimiento del caso porque Lupe hizo una publicación pidiendo ayuda en un grupo de organizaciones de mujeres y feministas nacional. Luego se reunieron con su abogado, cuando Lupe estaba todavía refugiada en un lugar secreto por las amenazas y amedrentamiento que sufría. “Sabíamos que enfrentábamos no sólo a un legislador, hijo del genocida y exgobernador Bussi, sino también a un aliado fundamental del actual gobierno provincial”, cuenta Alejandra del Castillo del Plenario de Trabajadoras Tendencia e integrante del Ni Una Menos.

Además, el movimiento conformó una mesa contra los abusos del poder político ya que se contabilizan siete denuncias por hechos de este tipo que tienen como responsables a funcionarios públicos: al caso de Lupe, se le suman las denuncias por abuso contra el senador y ex gobernador José Alperovich, y contra el ex diputado y actual intendente de Famaillá, José Orellana; las denuncias por acoso contra el vocal de la corte tucumana Antonio Estofan y contra el ministro de la Defensa Washington Navarro Davila; la denuncia por violencia de género contra el concejal Bruno Romano de la cuidad de Alberdi; y una reciente denuncia de una joven tucumana contra Daniel Zelaya, presidente del Concejo de Deliberante de la capital de Catamarca.

Tucumán fue la última provincia en adherir a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

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