Desde el “Observatorio Lucía Pérez” presentaron un informe sobre violencia patriarcal durante la cuarentena.
231 femicidios y 30 crímenes en investigación sospechados de femicidios.
89 travesticidios.
146 tentativas de femicidios.
286 infancias huérfanas.
143 marchas para exigir Paren de Matarnos, desde que comenzó la cuarentena.
13 denuncias desestimadas por la justicia previas a que Paola Tacacho fuese asesinada.
46,12% del presupuesto subejecutado del Ministerio de Mujeres, cuando el resto del Ejecutivo supera el 74%.
0 policías sancionados por el gobierno jujeño, luego de negarse a tomar la denuncia y buscar a dos jóvenes desaparecidas en Palpalá que, tras organizarse la familia y lxs vecinxs, encontraron finalmente asesinadas.
2 femicidas linchados.
Estas son las cifras que nos indican que estamos ante un punto de inflexión de la violencia patriarcal en tiempos de aislamiento social obligatorio, una situación excepcional que requiere, especialmente en este tema, medidas extraordinarias.
Para las víctimas de violencia, el aislamiento social obligatorio suma una dificultad más al ya difícil camino de acceso a la justicia y a programas sociales de contención y prevención.
El Estado, sin embargo, no sólo no adaptó su accionar a este grave contexto, sino que delegó la atención a herramientas -teléfonos, mails, webs, zoom- sin haber garantizado previamente el acceso a esas tecnologías que la desigualdad torna inaccesibles para muchas víctimas, como consecuencia de la brecha digital, el analfabetismo, el empobrecimiento económico que produjo la restricción de actividades económicas de las poblaciones de las periferias, etc.
En el marco pandémico, además, le otorgó el control territorial a una fuerza a la que no entrenó ni obligó a combatir estas violencias: las policías provinciales. Esto significó que en territorios diferentes -Jujuy, Tucumán o la bonaerense localidad de Moreno- se originaran puebladas que rodearon a aquellas comisarias que no tomaron las denuncias, no buscaron a las víctimas y que, por acción u omisión, favorecieron la fuga de femicidas.
Tampoco el Poder Judicial demuestra estar a la altura de estas urgencias sociales, algo que se hace notorio en el análisis que acompañamos de la situación de la defensa pública en denuncias de violencias de género en la Ciudad de Buenos Aires -uno de los distritos que en teoría debería tener menos barreras de acceso a la justicia- y doloroso en el caso del femicidio de Paola Tacacho, en Tucumán, en especial cuando se difunden los detalles de las 13 denuncias que realizó y los motivos por los que fueron desestimadas: el más agraviante es el que alega “falta de espacio” en el juzgado para guardar el expediente.
El resultado de todas estas irresponsabilidades de los diferentes poderes del Estado es la actual tragedia social que estamos atravesando: a la creciente cifra de femicidios se ha sumado el linchamiento de los victimarios.
Dos veces.
Ese es el punto de inflexión que queremos resaltar en este informe para remarcar así la responsabilidad que tiene el Estado sobre las consecuencias de todo lo que hace y todo lo que deja de hacer para terminar y prevenir estas violencias, y también con la esperanza de convocar a una reflexión social y urgente: pensemos en comunidad qué hacemos.
Fuente: La Vaca
