La consultora en nutrición de Unicef-Argentina, Andrea Graciano, describe las políticas públicas en salud, alimentación y educación que vendrán a partir de la sanción de la ley; desarticula los últimos mitos lanzados por la industria alimentaria y resalta que lo urgente será velar por una correcta reglamentación de la norma, proceso que ya fue convocado por el Ministerio de Salud.
Por Nahuel Lag para Agencia Tierra Viva
“El etiquetado frontal es la puerta de entrada a una serie de políticas públicas para poder abordar la malnutrición en todas sus formas”, destaca Andrea Graciano, nutricionista y consultora de Unicef-Argentina en la materia, con tono de celebración tras la sanción de la Ley de Promoción a la Alimentación Saludable en el Congreso, y señala que en lo inmediato hay que velar porque la “reglamentación sea pronta y respete el espíritu de la norma”. La urgencia está marcada por la epidemia de Enfermedades no Transmisibles, en coincidencia con la pandemia de Covid-19, y cuyo motor es la mala alimentación por la dieta basada en alimentos ultraprocesados: “Hay cada vez más evidencia de que los que padecen las consecuencias más graves de las epidemias son los más vulnerables y, en particular, niños, niñas y adolescentes”.
Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina con un 13,6 por ciento, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 40 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 17 años. Esa cifra alcanza al 70 por ciento de la población entre mayores de 18, pero los más pequeños consumen 40 por ciento más de bebidas azucaradas y el triple de golosinas que las personas adultas.
“Estamos muy desconectados de los alimentos reales y tenemos una dieta en la que los ultraprocesados han ganado un lugar en nuestras mesas”, apunta Graciano para unir los puntos entre las elevadas cifras de malnutrición y lo que significa la puesta en marcha de la ley conocida popularmente como Ley de Etiquetado, debido a los sellos de advertencia que indicarán el exceso en calorías y nutrientes críticos: azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales, de acuerdo a los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Tras la sanción de la ley —a un año de su media sanción en la Cámara de Senadores—, Unicef emitió un comunicado conjunto con la OPS y la FAO en la que calificaron el paso dado por el Congreso como “histórico” en la protección de los derechos a la salud y a una alimentación saludable, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Con la ley reglamentada y en vigencia, con los sellos de advertencia en los envases y a la vista de todos los consumidores en las góndolas, Graciano confía en que será una “medida educativa en sí misma” porque “invitará a hacernos preguntas, incluso, sobre alimentos que creíamos saludables”.
A menos de una semana de la sanción de la ley en la Cámara de Diputados, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, convocó la mesa de trabajo interdisciplinaria que avanzará con la reglamentación de la norma. En el encuentro, la ministra reconoció que “las enfermedades no transmisibles son una emergencia” y pidió “derribar mitos, porque esta ley no prohíbe nada sino que genera información primordial para una alimentación saludable”. Unicef integrará la mesa de trabajo junto a los ministerio de Agricultura y Educación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) y un representante por la sociedad civil.
—Las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales como Unicef y OPS hicieron un extenso trabajo documental para contraargumentar los “mitos” instalados desde las empresas de ultraprocesados, sin embargo, se llegó hasta el día del debate en Diputados escuchando argumentos como que se trataba de una “ley para ricos”, ¿por qué?
—Es un fenómeno que hemos visto en todos los países de la región donde se ha avanzado con marcos regulatorios de etiquetado frontal. Hay un discurso que pretende instalar ciertas afirmaciones como verdades absolutas, pero se trata de los mismos argumentos que se escucharon antes en otros países como que el etiquetado demoniza los alimentos, que la solución es la educación alimentaria y no el sistema de advertencia con sellos e información clara. Desde Unicef impulsamos la creación de una Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil que publicó documentos específicos para abordar los mitos del etiquetado frontal.
—Uno de los argumentos utilizados por los diputados que se opusieron a la ley el día de la votación en Diputados fue que los sellos de advertencia harán que «en un país con altos niveles de pobreza no se van a poder donar alimentos», ¿cómo se explica ese artículo?
—El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una alimentación adecuada. La ley establece la prohibición de que los productos que contengan sellos de advertencia no puedan ser donados porque lo que se hace es avanzar en favor de los derechos de la población más vulnerable. ¿Por qué una persona que es pobre y accede al derecho a la alimentación a través de una donación no puede recibir alimentos de calidad? Es una acción concreta en la que el Estado avanza para proteger a los más vulnerables. De la misma manera, la ley regula que el Estado priorice la compra de productos sin sellos en las compras públicas para abastecer, por ejemplo, los programas sociales de asistencia alimentaria. Se asegura que esos programas entreguen alimentos saludables y nutritivos, no ultraprocesados.
—Otra reacción inmediata que se generó tras la aprobación de la ley fue el rechazo a que se quiten los personajes o figuras animadas de marcas clásicas en la dieta de ultraprocesados destinadas a niños y niñas, ¿cuál es la respuesta desde la evidencia científica y la política sanitaria para la población infantil?
—Las estrategias de marketing que utiliza la industria alimentaria son particularmente efectivas cuando se dirigen a las infancias. Niñas y niños no pueden identificar la intención de venta que está presente en la acción publicitaria. Las estrategias de marketing más utilizadas son los personajes y mascotas infantiles, que acompañan y adornan los alimentos ultraprocesados. Lo que hacen es generar lazos emocionales con los niños y niñas, lazos que perduran hasta la vida adulta, porque hacen que se asocie el consumo de un alimento con una sensación de felicidad. Entonces, vos querés volver a vivir la sensación que se genera asociada al producto y querés sumar a otros a esa experiencia, así se logra una fidelización. Los productos ultraprocesados y su publicidad generan también una condición de «aspiracionalidad», que lleva a que alguien sin recursos económicos aspira a tener la posibilidad de desear acceder a ese consumo.
—Tras la aprobación no solo surgieron nuevas campañas contra la ley sino también rumores de nuevas presiones del sector azucarero para que el Gobierno vete el artículo 6, que establece el modelo de perfil de nutrientes de la OPS. Aunque no parece estar en las intenciones del Gobierno, ¿qué implicaría que suceda esto?
—El artículo 6 es un punto nodal de la Ley de Etiquetado porque establece los puntos de corte, que definen a partir de qué valores los productos van a tener la obligatoriedad de llevar un sello que indique el «exceso» en alguno de los nutrientes críticos. El perfil de nutrientes de la OPS tiene ciertas características que lo hacen el mejor estándar que podíamos tener en la ley. La primera característica es que está desarrollado en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y fue elaborado por un grupo de expertos sin conflicto de interés. Otra característica es que se nutrió de la experiencia de la aplicación de la ley en Chile para ajustar el perfil. Además, desde Unicef destacamos que es el único modelo que contempla las necesidades diferenciales que tienen niños, niñas y adolescentes, cuando en general los puntos de corte nutricional se elaboran teniendo en cuenta las necesidad nutricionales de una persona adulta.
—A partir de la experiencia regional que indicás como en el caso de Chile, ¿a qué deberíamos prestarle atención de cara a la reglamentación en la Argentina?
—Algo central es que la reglamentación sea pronta y respete el espíritu de la norma. La experiencia nos muestra que la etapa de reglamentación es cuando el lobby de la industria se despliega en todo su esplendor, la última oportunidad de interferir la ley. Por ejemplo, en el caso de Perú, la ley se sancionó en 2013 y se puso en vigencia en 2018, en esos años trataron de modificar el espíritu de la norma tanto en el perfil de nutrientes como el sistema de octógonos. En Uruguay, donde lo que hay es un decreto presidencial y no una ley, la normativa original primero se deroga con el cambio de mandato presidencial, en marzo de 2020, y se pone en marcha a principios de este año luego de dos nuevos decretos que modificaron y empeoraron el espíritu inicial. Actualmente, continúa demorada su fiscalización por parte del Estado.
—¿Cómo evalúas el resultado de los largos meses de debate en torno a la ley? ¿Crees que se comprendió la diferencia entre alimentos y diseños comestibles procesados y ultraprocesados?
—El etiquetado frontal se considera la puerta de entrada a una serie de políticas públicas para poder abordar la malnutrición en todas sus formas. Falta la reglamentación para que los sellos sean una realidad, pero en los países en los que los productos están en las góndolas con los octógonos negros en el frente de los envases, sucede que las personas empiezan a problematizar sus consumos alimentarios. La alimentación es un hecho que de tan cotidiano se vuelve opaco y dejamos de preguntarnos qué comemos. El hecho de empezar a ver los sellos de advertencia en productos que creíamos que eran saludables, nos invita a hacernos preguntas: ¿qué comemos? ¿Qué es un alimento y qué no lo es? ¿Podemos llamar alimento a cosas que no nos nutren? Hay cada vez más evidencia de los impactos negativos que tienen los ultraprocesados en la salud de las personas.
—Respecto de esta noción de qué es alimento y qué no, la ley encomienda al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino para adecuarse a la norma, ¿en qué debe modificarse?
—La ley establece la obligatoriedad de que aparezcan los octógonos negros para calorías y nutrientes críticos, y leyendas precautorias para los productos con cafeína y edulcorante buscando desalentar su consumo en niños y niñas. Por otro lado, ordena que cuando un producto tiene un sello de advertencia no puede llevar «información voluntaria», como alegaciones nutricionales. En principio, esto implica modificar regulaciones que están en el Capítulo 5 del código. Además, la norma establece la obligatoriedad de la declaración de azúcares libres, que hasta hoy la industria alimentaria no tenía obligación de hacerlo de acuerdo al código. Esas modificaciones están indicadas en la ley, pero podría haber muchas otras cosas para discutir porque el enfoque que tiene el código es de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y no de prevención de enfermedades como las no transmisibles, que son las más prevalentes hoy en la Argentina debido a la malnutrición. Por ahora, el Código Alimentario Argentino define como alimento todo aquello que se consume aunque tenga valor nutritivo o no.
—Uno de los aspectos destacados de la ley fue que en su enfoque integral excedía las atribuciones del Código Alimentario y propone cambios relacionados con las publicidades, pero también con lo que ocurre en el ámbito escolar, ¿tenemos que reeducarnos en materia de alimentación?
—El etiquetado frontal va a ser una herramienta educativa por sí misma. Dentro de las escuelas, la educación alimentaria y nutricional también es necesaria, pero no suficiente. Se necesitan regulaciones adicionales que también están previstas en la ley, por ejemplo, la que apunta a la transformación de los ‘entornos escolares’. O sea, que no se van a poder comercializar en las escuelas y tampoco entregar en los comedores escolares aquellos productos que tengan, al menos, un sello. La educación alimentaria sirve en la medida en la que se complemente con estas acciones concretas para transformar los entornos. De qué sirve que en el aula te enseñen que la opción más nutritiva son las frutas y verduras si cuando vas al comedor escolar tenés fruta una vez por semana y verdura una vez cada tres semanas. Hay muchos menúes de comedores escolares, incluso de escuelas públicas, donde se provee una alimentación basada en productos ultraprocesados. Lo mismo ocurre si a la salida del aula, la oferta en el kiosco de la escuela es elegir entre ultraprocesados. Eso va a cambiar.
—¿Qué otras medidas deberían acompañar una política pública para volver a comer de manera saludable?
—La ley es un un primer paso en la dirección correcta a otras medidas como, por ejemplo, que haya huertas en las escuelas y, de esa manera, volver a conectarnos con el alimento desde la semilla. Estamos muy desconectados de los alimentos reales y tenemos una alimentación en la que los ultraprocesados han ganado un lugar en nuestras mesas, desplazando a los alimentos naturales o mínimamente procesados, de los que sabemos poco y nada. Es necesario volver a conectarnos con los alimentos desde que se producen hasta que llegan a nuestros platos. Necesitamos entender lo que pasa por fuera de los supermercados para reconectarnos con los alimentos reales.
