La misma fue debatida en una Sesión Especial Ordinaria. A pesar de que hubo objeciones, por unanimidad, se prorrogó hasta el 1° de febrero de 2019 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de Tucumán.
La Legislatura de Tucumán convocó a una Sesión Especial Ordinaria para debatir y modificar las leyes N° 8934 (Ley de implementación del Código Procesal Penal de Tucumán) y N° 8933 (Código Procesal Penal). La norma antes mencionada fue votada por 42 legisladores quienes dieron, por unanimidad su aprobación.
El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, entrará en vigencia en todo el territorio de la provincia el día 1°de febrero de 2019.
Legisladores de diferentes bloques se mostraron contrarios a acceder a la prórroga solicitada por la Corte Suprema. “El Código Procesal Penal que aprobamos en octubre de 2016 trae nuevos paradigmas y ha sido el resultado de demandas sociales. Se le ha dado a la Justicia todas las herramientas para que se ponga en práctica. Por eso, esta mora en su implementación es gravísima”, explicó a través de las redes sociales la legisladora Adela de Terraf.
“Esta es la transformación que esperan los tucumanos para agilizar los trámites, terminar con la burocratización de la Justicia y transparentar los procesos. Pero no sabemos en qué estado se encuentra. ¿Se está haciendo algo? ¿Hay voluntad de hacerlo?”, se cuestionó.
La Corte Suprema de Justicia había solicitado la postergación de las modificaciones, sancionadas en octubre de 2016. Ante este retraso, se aprobó un proyecto de resolución, que fuera presentado sobre tablas, en el cual se solicita a la Corte Suprema de Justicia que brinde un informe detallado del grado de avance para la implementación del Código Procesal Penal de Tucumán.
El resultado de la jornada legislativa de hoy ya estaba sorteado aún antes de entrar. El Legislador José Canelada lo había expresado de la siguiente manera: “Ya estamos en el recinto para debatir la prórroga de la puesta en vigencia hasta 2019 del nuevo Código Procesal Penal. Aquí no hay misterios, se aprobará. Lamentablemente, es la única forma de evitar la situación de inseguridad jurídica a la que nos expuso la Corte”.
