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La discusión sobre la separación entre Iglesia y el Estado lleva más de medio siglo en nuestro país, aunque recientemente renació a partir de la difusión de diversos hechos que colocaron el tema otra vez en la agenda pública.
Entre ellos, el 14 de marzo de 2018 el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó a la Cámara de Diputados de la Nación cuanto es el monto destinado a pagar sueldos de obispos y curas católicos. El monto asciende a los 130 millones de pesos, a lo que hay que sumar los subsidios a colegios católicos, exenciones impositivas, mantenimiento de iglesias, cesión de inmuebles fiscales, entre otros beneficios económicos con los que cuenta sólo la iglesia católica.
A partir de estos datos, dos diputados radicales presentaron proyectos tendientes a eliminar esos salarios o para disminuir sus montos y equipararlos con el que cobran docentes. Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), “separación de la iglesia del estado” es una de las consignas históricas, y también presentaron este año un proyecto para que se eliminen los decretos que datan de la última dictadura militar por la que un obispo cobra un sueldo mensual similar al de un juez nacional de primera instancia.
A pesar de que el artículo 2 de la Constitución argentina aprobada hace 165 años, cuando recién estaba naciendo el Estado nacional, establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, varios especialistas sostienen que no necesariamente la interpretación supone el financiamiento, por lo que sería necesario establecer legislativamente la interpretación de la palabra “sostiene”.
Una de las pocas voces que se apresuró en rechazar cualquier proyecto que busque recortar los fondos públicos que se destinan a financiar a la iglesia católica fue la del gobernador de Tucumán, Juan Manzur. “No conocen la historia -sostuvo-. La iglesia católica estuvo presente cuando se declaró la independencia Argentina”, argumentó.
La iglesia en el debate por los derechos sexuales y reproductivos
La iglesia católica, no solamente recibe dinero del Estado, sino que aún tiene gran injerencia en los asuntos públicos y políticos del país, sobre todo en el Norte, siendo la institución que mayor presión ejerce en el contexto actual de debate por la legalización del aborto para que no se apruebe la ley, hasta hubo quienes denunciaron amenazas y “aprietes” por parte de obispos. Una muestra fue la reunión que realizaron los obispos con representantes de Cambiemos en la noche del lunes en la sede del Episcopado. Allí se preparó la orden de Gabriela Michetti de enviar el proyecto de despenalización aprobado por Diputados, a cuatro comisiones, según informó Clarín, donde estuvo presente, entre otras, Silvia Elías de Pérez, radical por Tucumán.
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El Estado provincial, además está en deuda con un aspecto ligado a la prevención del aborto, ya que Tucumán no adhirió todavía a las leyes nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003) ni de Educación Sexual Integral (2008), que, según dijo el presidente de la Comisión de Salud de la legislatura tucumana, René Ramírez, en junio de 2017, para que la provincia pueda adherir a la Ley, primero se debe consensuar con la Iglesia.
A rezar a la Iglesia, a estudiar a la Escuela
Otro tema candente en la agenda actual es la educación religiosa en las escuelas públicas. A fines de 2017, y luego de tres años de proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación, a través de la cual, en la provincia de Salta la enseñanza religiosa integraba los planes de estudio, se impartía dentro de los horarios de clase y cuyos contenidos y habilitación docente requerían el aval de la respectiva autoridad religiosa. Desde este año, la educación religiosa pasó a ser optativa y a contraturno.
Este antecedente sirvió para que Tucumán comenzara a seguir el mismo camino. A raíz de una experiencia personal, cuando al comenzar el ciclo lectivo en la escuela a la que asisten sus hijas, Mónica Barrera, obstetra y partera tucumana, se encontró con que la presencia religiosa estaba naturalizada en los actos y en las aulas. Esto la motivó a crear un grupo de facebook para convocar a otras madres y padres que compartan su inquietud para conseguir una educación laica en las escuelas públicas.
Así, se organizaron y junto a Lita Alberstein, de Juntas y a la Izquierda, presentaron un amparo en la justicia local para que se deje de enseñar religión en las escuelas públicas. El principal argumento es que se trata de una medida discriminatoria contra las familias que no profesan el catolicismo porque no se respeta la libertad de culto, que es un derecho individual consagrado en la Constitución.
“Estamos en este procesos, ya se conformó una Comisión por una Educación Laica y nos reunimos periódicamente y llevamos adelante diferentes acciones, con la intención de visibilizar la discriminación y la imposición de la religión católica dentro de las escuelas”, explicó Barrera. “Resulta imprescindible adaptar a la provincia a los profundos cambios educativos, sociales y culturales que nos incluyan a todos y todas”, agregó.
Para el 1 de agosto realizarán una apostasía colectiva. La apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión a la que pertenecía. El trámite puede ser individual o colectivo.
¿Por qué apostatar?
Dado que la Iglesia considera a cada bautizado como un integrante más del catolicismo, el proceso de ingreso a la institución católica es tan claro como irregular. Un bebé de cinco días de vida adhiere al catolicismo por el solo hecho de estar bautizado. Independientemente de lo que decida cuando tenga edad de hacerlo, y de cómo se posicione respecto a temas de religión, el niño o niña en los papeles ya es católico/a.
La Iglesia, en su gran mayoría, se posiciona en contra del aborto, de la homosexualidad, boicotea los intentos del Estado por generar una política de educación sexual, condena y se opone al uso y reparto de anticonceptivos, a la eutanasia y al divorcio.
Existe la posibilidad de abandonar el culto a través de la práctica que se llama apostasía.
Primer paso: entregar la carta
Lo primero que hay que hacer es enviar una carta informando de la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y exigiendo que se modifiquen los registros donde figura la persona interesada. En el sitio web Apotasia Colectiva hay un modelo de carta que se puede descargar haciendo click aquí a la que se puede hacer las modificaciones necesarias. Es importante que la carta contenga datos del bautismo (parroquia y fecha aproximada, al menos el año).
La carta debe ser enviada o presentada en la diócesis a la que pertenece la parroquia donde la persona fue bautizada. Haciendo click aquí podés encontrar el detalle de las diócesis y arquidiócesis de todo el país, zonas de cobertura, domicilio postal y algunos datos de contacto. Puede ser enviada por correo o entregada personalmente, pero en todos los casos conviene tener alguna constancia de entrega.
Segundo paso
La carta que enviada exige una respuesta favorable en el término de cinco días. Son pocos los casos en los que ese plazo fue respetado, es probable que en el transcurso de los 15 días se reciba como respuesta que se está tramitando la modificación de los registros.
Si no llega ninguna respuesta, se puede intentar un contacto informal con la diócesis para verificar el estado del trámite; o bien realizar una denuncia en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
Posibles respuestas
–Invitación a presentarse a la diócesis para demostrar la identidad o hacer la renuncia en forma personal.
–Invitación a hablar personalmente con un obispo/vicario/sacerdote para reconciliar posiciones, lo que no es necesario si uno no lo desea.
–Aviso de que la carta debe ser enviada a la diócesis del domicilio actual del interesado y no a la diócesis correspondiente a la parroquia de bautismo.
–Aviso de que se cursa el pedido a la parroquia respectiva.
Tercer paso: recibir la certificación
Finalmente, se recibirá en el domicilio indicado un certificado con la información detallada de que se ha hecho efectivo el acto. Suele ser una fotocopia de la partida de bautismo con la notación de renuncia al margen.
