La Industria Cultural en estado de alerta

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Esta semana estalló en la prensa el reclamo del sector audiovisual. ¿Qué está pasando? Bruno Bazán dice: “la disputa por recursos para el cine nacional es  la disputa por fuentes de trabajo y por el derecho a ser, construir y mostrar en las pantallas nuestras historias de vida, lejanos a lo que se produce desde el mainstream, desde otras latitudes y con otros intereses”.

 

El lunes 11 de abril la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió una protesta de trabajadoras y trabajadores del Cine. La manifestación se generó por la inminente modificación del Plan de Fomento, que genera los fondos para la industria audiovisual y que podría dejar sin presupuesto al cine independiente argentino. 

La represión echó luz sobre el estado de alerta en el que se encuentra la comunidad audiovisual desde hace algunos años, y también mostró la falta de diálogo de la gestión de Luis Puenzo, director del INCAA, con la comunidad de trabajadores. Puenzo no generó  alternativas para mejorar las condiciones en la que la industria cultural argentina se encuentra producto de la pandemia y de la crisis económica, y tampoco avanzó en comunicar decisiones de gestión de modo claro. 

¿Cómo funciona el INCAA?

El Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales es un ente público y autárquico que tiene como objetivo promover, regular y fortalecer la producción audiovisual en el país. 

El consejo asesor tiene 11 miembros, 6 de los cuales son representantes de la industria en distintos roles, y 5 son representantes regionales. 

La mayor parte de los fondos de esta entidad vienen de la Ley de Cine (24.377)  sancionada en 1994 que crea el Fondo de Fomento Cinematográfico. Este fondo se consolida con un porcentaje de las entradas de cine, con un porcentaje de impuesto a la facturación a canales de tv y servicios de cable y otros tantos items. Es decir, contrario a lo que se cree y se reproduce desde ciertos medios, la plata para la industria audiovisual no sale estructuralmente de las arcas del gobierno nacional sino de la propia industria de medios audiovisuales. 

La retirada del Estado 

En el año 2017 la gestión de Mauricio Macri promovió la ley 27.432 de reforma tributaria, en la cual le pone fecha de finalización al Fondo de Fomento que provee de dinero al INCAA y a otros espacios institucionales como el Instituto Nacional del Teatro, el Nacional de la Música y a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. 

El 31 de diciembre del 2022 se cerraría el fondo de fomento, pero desde el sector audiovisual piden que se apruebe el  proyecto de ley que tiene estado parlamentario para extender la fecha de existencia del fondo.

Se trata entonces de que diputados, diputadas, senadores y senadoras decida si el Estado va a acompañar a la ya golpeada Industria cultural argentina o si por el contrario marcará la retirada y el comienzo del fin de una industria que genera empleo y reconocimiento a nivel internacional de las/os artistas de nuestro país. 

Pluralidad de voces

En cine, teatro, música y literatura la presencia del Estado garantiza la pluralidad de voces y la existencia de producciones que no necesariamente se rigen por los criterios de éxito del mercado pero que sí contribuyen a la cultura en el sentido más profundo de la palabra.

Como sucede cada vez que la industria nacional se ve atacada, existen capitales concentrados e intereses económicos por detrás que benefician a las grandes productoras y grandes plataformas productoras de contenido. 

Los más vulnerables en este asunto son aquellos grupos de trabajo que buscan contar otras historias, desde nuestras latitudes, con identidades y temáticas  que no llegan a las grandes plataformas. 

¿Qué pasa en Tucumán?

En el año 2018 la Legislatura tucumana aprobó la ley de Promoción de la actividad audiovisual, pero aún falta que el Poder Ejecutivo lleve a cabo su implementación. Este conflicto vuelve aún más urgente la necesidad de implementación para poder dar continuidad a la producción audiovisual tucumana que cuenta con un vasto grupo de profesionales formados en la Universidad Nacional de Tucumán. 

Desde el colectivo Tucuman Audiovisual expidieron un comunicado explicando el contexto de crisis y aclarando  que el trabajo audiovisual no es una actividad que deba ser guiada por el éxito mercantilista: “su esencia es parte de la identidad cultural, del carácter social y de las manifestaciones artísticas que contiene toda sociedad. Su preservación no puede quedar en manos privadas, es un asunto de interés público” y llamaron a garantizar un cine diverso, federal e inclusivo. 

A la crisis económica generalizada y las particularidades del sector audiovisual se suma la campaña de desinformación y desprestigio por parte de periodistas reconocidos a nivel nacional. Del mismo modo que años atrás difamaron a algunas de las investigaciones de ciencias sociales del CONICET para justificar su desfinanciación, hoy se busca hablar mal del cine nacional y de las producciones independientes para esquivar el debate de fondo: ¿queremos un Estado argentino que  garantice reglas claras de subsistencia para una industria nacional o queremos favorecer  a las grandes empresas productoras del cine exclusivamente comercial?

La disputa por recursos para el cine nacional es  la disputa por fuentes de trabajo y por el derecho a ser, construir y mostrar en las pantallas nuestras historias de vida, y nuestros mundo imaginarios, lejanos en tiempo y lugar a lo que se produce desde el mainstream, desde otras latitudes y con otros intereses. 

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