Los tres condenados por el asesinato del líder indígena Javier Chocobar quedaron en libertad luego de que se cumpliera el plazo de prisión preventiva y la Corte Suprema de Justicia no dejara firma la sentencia.
La Comunidad Indígena de Chuschagasta reclama a la Corte Suprema de Justicia provincial (CSJT) Tucumán que “deje firme las condenas de Darío Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso”, por el crimen del líder indígena Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre de 2009.
El martes pasado, la Sala IV en lo Penal notificó el cese de prisión preventiva para los tres condenados. Tras conocer la medida, la comunidad viajó los más de 60 kilómetros que los separan de la capital tucumana para repudiar liberación de los penados.
Esta semana convocaron nuevamente a movilizarse ya que no recibieron respuestas por parte de la Corte. En la jornada, analizarán las medidas a tomar para hacer sentir su reclamo.
“Con profundo dolor y angustia, lxs Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de Tucumán. Una vez más la Justicia tucumana actúa en contra de los derechos y la vida de los Pueblo Originarios”, expresaron en un comunicado.
“Seguiremos exigiendo a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán que deje firme la sentencia de las condenas”, afirmaron.
Sobre el caso
Luego de una larga lucha, el 24 de octubre de 2018, Darío Luis Amín recibió la pena de 22 años de prisión por el homicidio de Chocobar, agravado por el uso de armas de fuego, y por tentativa de homicidio, agravado por el uso de armas de fuego también, en perjuicio de Andrés Joaquín Mamaní y Emilio Jaime Mamaní.
Luis Humberto Gómez fue sentenciado a 18 años, al ser considerado participe secundario y responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil condicional o de guerra sin debida autorización legal. Mientras que Eduardo Valdivieso ha sido condenado a 10 años por ser participe secundario y por portación de armas de fuego.
La sentencia no solo condenó a los imputados, sino que reconoció los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre sus tierras.
