Era “un travesti”. Así describió la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira a Ayelén Gómez mientras leía los cargos que le imputaban a Adrián “Bandera” Miranda, y describió al pasar a las testigos diciendo: “la mayoría de ellos también travestis “.
Durante la breve sesión de lo que fue el juicio abreviado por el transfemicidio de Ayelén Gómez, esas descripciones no dejaban de taladrar mis pensamientos, sentada en la Sala Conclusional 1 del Fuero Penal de Tucumán. La frialdad, la falta de empatía, la falta de respeto por la identidad de una mujer trans por parte de una fiscal a quien su clara trayectoria profesional la respalda, me angustiaba profundamente.
Doce años fue lo que se pidió como condena para el responsable, pero nadie mencionó que fue un transfemicidio, tampoco advirtieron como esa fiscal no respetaba la identidad de Ayelén tratándola en varias oportunidades en masculino.
El acusado fríamente confesó su responsabilidad, pero nadie advirtió el trato con el que se revictimiza aún más la memoria de una compañera trans quien no pudo siquiera conseguir su cambio registral en vida.
La condena nunca será suficiente para sentir a la Justicia de nuestro lado, sin embargo tampoco la sentiremos mientras sus representantes sigan sin reconocer nuestras identidades y lo vulnerables que son nuestras vidas por el solo hecho de ser trans, que todo lo que padecemos está firmemente ligado a las violaciones de nuestros derechos humanos y a la falta de oportunidades e inclusión.
Después de 9 años de la sanción de la Ley se Identidad de Género, seguir exigiendo un trato digno es el signo que reafirma la indiferencia con la que nos trata el Estado a través de todas sus instituciones.
¿Podemos seguir permitiéndonos mirar para otro lado en estas situaciones? ¿Podemos permitir que nuestras identidades sigan siendo debatidas por quienes no las viven? Pero por sobre todas las cosas, ¿podemos seguir ignorando las injusticias?