La periodista Julia Mengolini presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y una red de cuentas libertarias, acusándolos de integrar una maquinaria de violencia digital financiada con recursos públicos. La presentación, realizada el lunes 15 de julio en el fuero Criminal y Correccional de San Isidro, incluye cargos por amenazas, intimidación pública, apología del crimen, asociación ilícita y malversación de fondos estatales.
La denuncia apunta directamente a Milei como líder de lo que considera una “organización paraestatal de persecución política y digital”. También menciona a figuras clave del oficialismo, como Lilia Lemoine, Santiago Oría, Agustín Romo, Marcos Galperín, y a influencers libertarios que colaboran en la amplificación del contenido intimidatorio.
“Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado. Hicieron videos pornográficos con inteligencia artificial en los que me involucraron en relaciones incestuosas con mi hermano. Circulan por Telegram y me generaron una inseguridad cotidiana”, relató Mengolini durante su exposición en la Cámara de Diputados, donde fue invitada a hablar ante la comisión de Mujeres y Diversidades.
La periodista detalló que en un lapso de 48 horas, Milei publicó al menos 93 tuits mencionándola o aludiendo a ella, amplificando el acoso que ya se había desatado en redes. Junto con ese hostigamiento, comenzaron a llegarle amenazas por mensaje directo y correo electrónico. Algunas hablaban de secuestro, mutilaciones, otras de “cortarle la lengua” o “hacerla desaparecer”. La mayoría venía acompañada por insultos misóginos, vinculados a su trabajo como comunicadora y militante feminista.
Custodia y botón antipánico
La gravedad de las amenazas llevó al juez interviniente a disponer medidas de protección: custodia en su domicilio, en su lugar de trabajo y un botón antipánico. Es la primera vez que una periodista recibe este tipo de medidas judiciales por un caso de violencia digital sistemática que involucra al propio Presidente de la Nación.
El caso abrió una discusión necesaria sobre los límites de la violencia digital, el uso de inteligencia artificial para producir imágenes falsas con intenciones difamatorias y la urgente necesidad de legislación que contemple este tipo de delitos.
Milei contraataca
Lejos de pedir disculpas o despegarse de los ataques, el presidente Javier Milei optó por la confrontación. Días antes de la denuncia, había iniciado una demanda contra Mengolini por “injurias”, por declaraciones que ella hizo sobre su vínculo con su hermana y su conducta pública. “Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo”, escribió en uno de sus tuits, dando pie a la escalada de violencia digital.
El círculo cercano al presidente insiste en que se trata de un intento de censura por parte de la periodista. Sin embargo, la denuncia no se limita a una discusión discursiva: se trata de una acusación concreta de utilización de fondos públicos para financiar campañas de difamación y hostigamiento, lo cual constituiría un delito grave.
IA, trolls y Estado: el nuevo rostro del disciplinamiento
Este caso pone en evidencia una práctica cada vez más común: el uso de redes sociales, bots, trolls y deepfakes para atacar opositoras y opositores. En especial, mujeres que hacen pública su voz. La violencia no se expresa solamente en insultos o memes: se convierte en una estrategia de silenciamiento. Un modo de disciplinar a quienes incomodan al poder.
Mientras tanto, la justicia deberá investigar si efectivamente existió una coordinación entre el presidente y redes libertarias para promover estos ataques, si se usaron recursos públicos, y quiénes fueron los responsables técnicos y logísticos de la generación y difusión del video falso.
El caso Mengolini-Milei inaugura una nueva etapa en los modos de violencia política y simbólica. Ya no es sólo el escrache o la fake news. Es el uso perverso de la tecnología, desde las más altas esferas del poder, para destruir la reputación y la salud mental de quienes ejercen su derecho a la palabra.
