Por Sofía Romera. Esta nota fue publicada en el marco de la cobertura colaborativa entre La Nota Tucumán y La Retaguardia.
En el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán arrancaron está semana los alegatos de la fiscalía en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 232 víctimas en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) Jefatura de Policía, que funcionó en la provincia durante el Terrorismo de Estado.
Durante la audiencia, el fiscal general Pablo Camuña expuso ante el tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Federico Bothamley y la jueza Noel Cosa, las pruebas obtenidas a lo largo del debate que permitió demostrar el rol que ocupó central la Jefatura de Policía y el ex Ingenio Nueva Baviera –que dejó de funcionar en 1966– dentro del plan sistemático de secuestros, torturas y exterminios.
Este juicio constituye la tercera parte del universo procesal de la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán”. Juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia, quienes están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 232 víctimas, de las cuales más de 80 continúan desaparecidas, y solo 18 fueron identificadas. 17 de las identificaciones se produjeron en la fosa de inhumación clandestina Pozo de Vargas, y una en el cementerio de Choromoro, una localidad ubicada al norte de la provincia.
En un primer tramo de sus alegatos, el fiscal se refirió a la declaración de los imputados y sostuvo: “Lo que tratan de evitar cada vez que declaran es decir la verdad, por eso no hablan, cubren la verdad de argumentos autoexculpatorios. Tratan de mantener ese pacto residual de no dar información a los familiares de los desaparecidos”.
Camuña consideró que la falta de información sobre sus seres queridos “mantiene vigente la desaparición forzada y sigue produciendo el daño, como hemos podido escuchar a lo largo de los más de 200 testigos” de familiares de víctimas que se han presentado en este debate. “Lo que piden los familiares que vienen acá es encontrar los cuerpos de sus desaparecidos”.
Sin embargo, el funcionario judicial señaló que pese a la falta de verdad en las declaraciones de los acusados y la dificultad de conseguir pruebas sobre esta causa – ya que la mayoría de la prueba documental ha sido destruida–-, a lo largo del juicio “se ha podido producir una enorme cantidad de pruebas, que han permitido probar la materialidad de cada uno de los hechos”.
Y en esa línea destacó que declararon “213 testigos, se incorporaron 75 testimonios de otros juicios y otros 90 por lectura”. En cuanto a la prueba documental enumeró: “se presentaron 107 habeas corpus, 67 legajos de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), 86 legajos de la Bicameral legislativa tucumana (creada para investigar estos delitos), 50 denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos, instituciones religiosas, etc, 17 denuncias en instancias del poder Ejecutivo”.
Además, se refirió a la documentación central en la investigación que fue extraída del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) del Departamento de Informaciones (D2) que funcionaba en la Jefatura, por el testigo de causas anteriores Juan Carlos “El Perro” Clemente.
Clemente era militante de Montoneros, específicamente del Movimiento Guerrilleros Peronistas, cuando fue secuestrado en junio de 1976 en la localidad de Río Seco. Primero fue llevado a Nueva Baviera y trasladado en agosto de ese año a la Jefatura. También fue llevado al centro clandestino montado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga a Salta y nuevamente a Jefatura, donde lo obligaron a firmar un documento que decía que formaba parte de la policía, y a cumplir órdenes.
Cuando el CCD se empezaba a desmontar, 1977 y 1978, Clemente guardó en su pantalón los documentos que fue llevando de a poco a su casa. Los escondió en el patio y luego debajo de su cama en una construcción que hizo de material. Los mantuvo guardados hasta el 2007 que los presentó ante el TOF. La declaración de Clemente junto a la de otro testigo, Juan Martín Martín, permitieron conocer el funcionamiento de la Jefatura como CCDTyE.
Dicha documentación está compuesta por dos carpetas. La “Carpeta Uno” tiene 96 fojas, mientras que la “Carpeta Dos” 162 fojas. Una de las carpetas contiene una lista titulada como “Índice de delincuentes subversivos”, que consiste en un listado de 300 nombres de personas secuestradas y a su lado está marcada la decisión (que los represores) tomaron en relación con ellas; es decir, si las dejaban en libertad, si se las ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o si le aplicaron lo que llaman ‘Disposición Final’ (identificada con la sigla DF), que significaba la ejecución extrajudicial de las personas y el ocultamiento de su cadáver. Son un total de 134 víctimas de este juicio las que figuran en esa lista.
En las carpetas también se encuentran otras listas donde figuran víctimas de esta causa, además de otras documentaciones como fotos y notas del archivo de inteligencia, y manuscritos con declaraciones, que los investigadores sostienen que fueron obtenidas bajo torturas para sacar información y secuestrar a otras personas.
El fiscal sostuvo que esta documentación “tiene un valor relevante”. A través de las listas se pudieron identificar a víctimas que hasta el 2005, ya iniciada la investigación de la causa, no habían nunca denunciado lo que les había sucedido. Las carpetas fueron “la primera fuente de validación, permitieron llegar a condenas”. El 18% de los casos no estaban denunciados y el 45% de los casos se denunciaron luego del año 2000, lo que prueba que las cifras de personas que sufrieron el accionar genocida continúa en construcción permanente.
En otro tramo de sus alegatos, Camuña se refirió a las características de las víctimas: “El objetivo favorito de este plan represivo fueron jóvenes de entre 20 y 39 años, tanto secuestradas como desaparecidas. Muchos tenían hijos y/o hijas al momento de su secuestro. La mayoría fueron llevadas de sus domicilios familiares”.
Tenían, además, “una preferencia por las zonas urbanas: el 54% de las víctimas de esta causa fueron secuestradas de San Miguel de Tucumán y un total del 80% del Gran San Miguel de Tucumán (integrado por la capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes, Banda del Río Salí y Las Talitas)”.
En cuanto a las ocupaciones que más sufrieron desapariciones forzadas, Camuña señaló que “fueron obreros de los ingenios azucareros, la administración pública y estudiantes universitarios; y en cuanto a la militancia, muchos no la tenían o sus familiares no la conocían; y los que militaban pertenecían a una organización sindical, alguna rama del peronismo, radicalismo, organizaciones barriales, etc”.
“Estos datos nos dan una idea de las personas que elegían quienes llevaban adelante este plan sistemático: aquellas que representaban un ‘enemigo’ al régimen que intentaban imponer quienes usurparon el en 24 de marzo de 1976 el poder político por medio de la fuerza”, manifestó.
Y remarcó que “no les bastó con secuestras, torturar, violar, asesinar y desaparecerá estas personas, sino que también buscaron hacer sufrir a su familia y a su comunidad. Hemos escuchado en este juicio como empleaban el hostigamiento a las familias como forma de obtener información de quienes estaban secuestrados”.
Por último, solicitó al tribunal que “todos los hechos de esta causa, cada uno de ellos deben considerarse delitos de lesa humanidad”.
Por su parte, Valentina García Salemi sostuvo “que a lo largo de la audiencia se ha logrado probar la materialidad de los hechos ilícitos cometidos y constitutivos de delitos de lesa humanidad de los 232 casos”, y luego comenzó a describir cada caso.
Los alegatos de la fiscalía continúan la próxima semana con la descripción de los casos que no llegaron a abarcar hoy y luego se focalizará en el cierre con las responsabilidades de los acusados y el pedido de pena.
Jefatura III es el decimoquinto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia.
La lista de acusados incluye a los exmilitares Camilo Ángel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel Dursi, Luis Rolando Ocaranza, José Roberto Abba, Luis Alberto Ocaranza y Augusto Leonardo Neme.
Los demás imputados, pertenecientes a la Policía de Tucumán, son Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Miguel Ángel Chaile, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte, María Luisa Acosta de Barraza, Antonio Vercellone, Ramón Jodar, Alberto Rivero, Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Ángel Nieva, Miguel Ángel Venturino, Juan Luis Villacorta, Pablo Zárate, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco, José Antonio Vázquez, Juan Carlos Soria y Luis Ocaranza.
Los delitos que se les imputan son violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados, cometidos principalmente en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía de Tucumán” y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que lo operaba, y en el ex ingenio “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército Argentino.
