La joven fue imputada por delito de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” en perjuicio de sus hijos de 6 y 4 años y permanece detenida desde el 9 de febrero en Orán. Organizaciones sociales se encuentran haciendo una campaña por su libertad: presentaron un petitorio formal ante el Ministerio Público Fiscal.
Yolanda Vargas, de 26 años, fue imputada por la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, por el delito de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” en perjuicio de sus hijos de 6 y 4 años, quienes perdieron la vida en un incendio de su vivienda en el barrio Las Palmas de la localidad de Colonia Santa Rosa el 9 de febrero pasado.
Un corto circuito produjo un incendio voraz en la vivienda donde vivían Vargas y sus dos hijos de 6 y 4 años. La mujer se había ausentado del hogar para ir a trabajar.
Yolanda es madre soltera, o sea la única responsable del cuidado de sus hijos. Trabaja en el campo, hace changas y colabora en el comedor, lo que le permitía “sobrevivir” y darle de comer a sus hijos.
En la causa que imputa a Yolanda como responsable de la muerte de sus hijos interviene el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzún, quien oportunamente rechazó el pedido de libertad de la mujer.
Existen varias irregularidades en le proceso, primero pasaron los 20 días para que la fiscal Carreras presentara elementos objetivos para mantener privada de su libertad a la joven y las organizaciones acusan al juez Oyazun de estar violando los plazos formales para retener a Yolanda, que vencieron el 24 de febrero pasado.
El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo, recibió el miércoles pasado a los familiares de Yolanda acompañados por la diputada mandato cumplido, Gabriela Jorge y la abogada Laura Torres, de Católicas por el Derecho a Decidir Salta.
En la reunión, describieron el contexto económico-social de la mujer detenida y sus hijos, antes del fallecimiento y solicitaron profundizar el informe socio ambiental y que se sumen testimonios a la investigación.
“Abandono de persona”: la figura penal para criminalizar a las mujeres pobres
Tal como sucedió en el caso María Ovando, la misionera acusada por “abandono de persona” de una hija de 3 años – quien murió camino al hospital- y condenada a cadena perpetua por “no impedir” un abuso sexual de otra de sus hijas, Yolanda está viviendo un proceso similar.
El sistema de justicia reacciona contra Vargas como reaccionó con Ovando: con prejuicio y mandatos patriarcales en donde la prisión preventiva es la práctica inmediata de un régimen que acusa y responsabiliza a las mujeres como únicas “cuidadoras” de sus hijos, porque quienes ejercen paternidad están ausentes.
Yolanda vivía en una vivienda precaria y no podía dejar a nadie a cargo de sus hijos, no tenía una red de cuidados en la cual apoyarse, ni un municipio (Colonia Santa Rosa) que proporcionara un Jardín Maternal estatal en donde dejar a los pequeños-
A Vargas se le negó el derecho de asistir al velorio de sus hijos y solo pudo estar unos minutos en el entierro custodiada por una barrera de policías. Además, gracias al pedido de las organizaciones, pudo recibir hace unos días atención psicológica y lograr abandonar el aislamiento que le interpusieron en el servicio penitenciario de Orán.
La fiscal Carreras utilizó testimonios “anónimos” y aún no existe un perito ambiental que analice los causales del incendio en su vivienda. Su familia denunció que la policía de Colonia les hizo entrega de una caja que contenía “dos manos de los niños”, halladas luego del incendio. Este último hecho denota un accionar macabro para con Yolanda y su familia.
Desde la campaña por la “Libertad para Yolanda Vargas” señalan que la imputación que pesa contra la salteña es un intento por parte de la Justicia de exculpar al Estado y a un régimen social, responsables de la miseria a la “que someten a las mujeres trabajadoras y sus familias”.