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Por Miranda Carrete para Página 12
Según estadísticas del Observatorio Lucía Perez, se registraron 240 femicidios en lo que va del año. De esa cifra 41 femicidas se suicidaron luego de matar a sus víctimas. El mismo número que relevó La Casa del Encuentro, para todo el 2021 (41 de 305 crímenes de género contra mujeres, trans y travestis). No se trata de casos aislados. Para reflexionar sobre ¿qué tipo de mensaje es el suicidio? ¿Qué opera en ese último acto de violencia? y si es viable la reparación de las familias en estos casos, consultamos con profesionales y especialistas.
En Argentina se registra un femicidio cada 29 horas, la tercera semana de septiembre se sumaron a esa extensa lista que crece todos los días los nombres de María Alejandra, Esther, Agustina y Patricia. Todas mujeres asesinadas por personas de su entorno o ex parejas. Dos de los casos fueron femicidios seguidos de suicidio. La pregunta de porqué esta práctica es recurrente, surge con más fuerza.
¿Qué es lo que lleva a un femicida a quitarse la vida?
Es difícil determinar un motivo, ni todos los casos son similares, sin embargo a partir de los puntos en común, se desprenden varios ejes de análisis que van desde la dominación masculina, dependencia psicológica y cosificación sobre las víctimas, al temor a las consecuencias sociales que tiene hoy ser un femicida y la condena penal.
“La mayoría de los hombres violentos en general, mucho más quiénes terminan suicidándose establecen con las mujeres victimizadas una situación de dependencia psicológica”, dice Enrique Stola, médico psiquiatra. Es la cosificación llevada al extremo, el ejercicio permanente de poder, la dominación y luego la destrucción de la mujer victimizada “el femicidio es el ante último acto de poder, el último es matarse, pero él es el que decide”, describe.
Según los especialistas entrevistados es común que el femicidio ocurra cuando la víctima empieza a encontrar la salida a esa relación de violencia, en muchos casos el victimario da mensajes previos, es una forma de sostener y perpetuar ese vínculo de poder. Las estadísticas también hablan de esto: el lugar más inseguro continúa siendo la vivienda o la vivienda compartida con el agresor, un 60 % de los femicidios en 2022 fueron en el hogar de las víctimas y muchas habían realizado la denuncia previa.
“El mensaje del acto suicida generalmente es que no aceptarían tener que dar cuenta de lo que hicieron delante de la ley, o ser juzgados porque la mayoría cree que lo que hicieron está bien, y tampoco se puede seguir existiendo sin ese objeto”, analiza Daiana Borquez, licenciada en psicología especializada en perspectiva de género y derechos humanos.
Antonella D’Alessio, psicóloga transfeminista e integrante de la REP (Red de Psicólogxs Feministas), considera que los victimarios se suicidan porque no quieren hacerse cargo de las consecuencias. “Piensan que tienen derecho a violentar, es un lugar que a los varones se les ha enseñado, es correrse de la posibilidad de recibir un castigo por lo que hizo. Algo que no pueden soportar”, dice Antonella. Lo relaciona con el avance del feminismo en los discursos sociales y la opinión pública “hay una sociedad que los va a condenar públicamente y ellos no están dispuestos a que eso suceda, a manchar su imagen en el mundo público por eso siempre le hechan la culpa a las víctimas”.
En cambio Enrique no coincide con esta mirada, según el médico psiquiatra se debe a la posibilidad de perder ese objeto dominado, una operación de dependencia que se traslada a la violencia más extrema que es el femicidio y luego para continuar con la situación de dominación, se suicida“el individuo pierde totalmente el sentido de su vida”. Suma a este análisis que el ejercicio de poder machista se ve reflejado, también, en el accionar del entorno de la víctima. Ejemplifica con el caso del femicida Jorge Neuss, que el 10 de octubre de 2010, asesinó a Silvia Saravia, y luego se suicidó. La negación de la violencia en su entorno llevó a que en los obituarios los despidieran juntos, como si hubiera sido un accidente y la enterraron en la misma bóveda que su victimario. “La clase alta, blanca y burguesa de nuestro país negando la violencia de género, a la que son sometidas muchas mujeres”
¿Qué pasa cuando no se puede juzgar al culpable?
El suicidio después de un femicidio, desde lo legal y lo simbólico, abre una pregunta más amplia sobre el funcionamiento del sistema judicial penal cuando la persona ejecutora no puede ser juzgada judicialmente. Sucede también con delitos de violencia sexual, de lesa humanidad o masacres que pasaron hace muchos años. En todas esas situaciones de ausencia de condena “el mensaje fundamental que se transmite es el mensaje de la impunidad”, cuenta Luli Sanchez, abogadx lesbianx feminista. Sin embargo, aclara que la imposibilidad de una condena no impide otro tipo de reparación: “Hay dos dimensiones de las obligaciones estatales, una es llevar a juicio al autor y condenarlo. Otra, la obligación de reparar a la víctima cuando el autor no está en condiciones de reparar”, apunta lx abogadx. Histórica y culturalmente costó mucho visibilizar estos casos, como crímenes. Hace algún tiempo se lo calificaba como tragedia familiar o suicidio encubierto.
Cristina Montserrat Hendrickse, abogada y militante trans, coincide en este punto y asegura que desde lo legal el femicidio seguido de suicidio significa la extinción de la acción penal. Para Cristina estos casos demuestran que la esperanza que generó en 2012 el reconocimiento social y legal de los femicidios, el agravante de la pena por cuestiones de género “no ha disuadido a los femicidas de cometer estos delitos. Esta situación nos empuja a replantearnos, si alcanza con el derecho penal. Si no les interesa su vida menos les va a interesar la prisión perpetua”.
Hacia la reparación
En estos casos la falta de condena prolonga la impunidad de la pérdida, la imposibilidad de conseguir el mayor acto de justicia que conocemos desde lo legal. “Nuestra ideología punitivista se centra fundamentalmente en la condena, en el sistema penal. El Estado pone los recursos en función de la condena y también en función de la impunidad”, explica Luli Sanchez. En estos casos existen obligaciones de reparación del daño que exceden la autoría “hacerse cargo de la responsabilidad social, más allá del sobrecargar las tintas en el autor individual”. Cuando el femicida se quita la vida y la causa se cierra, además de una indemnización a la familia, o el inicio de un proceso por daños y perjuicios, algunos actos reparatorios pueden ser una fecha en el calendario escolar, el nombre de una ley, una determinada política o programa “es necesario que intervengan otros poderes del Estado”, indica.
Luli Sanchez recupera un caso con el que está trabajando, entregan el cuerpo de la víctima al acusado, por el hecho de ser su marido, “pasa también en casos de la comunidad LGBT donde aunque seas la esposa de 20 años, si no tenes el papel que dice que estás casada, no te entregan nunca el cuerpo se lo dan a la mamá”
Cristina opina que la pena es necesaria, pero no es suficiente, porque los números siguen creciendo y la violencia se incrementa. Ella lo relaciona con la cultura patriarcal, la construcción social de la masculinidad hegemónica “el varón debe ser el mejor, el campeón, estar primero. Esa competitividad coloca a la mujer en un lugar de objeto: si no lo tengo yo no lo tiene nadie, la matan y después se matan”, reflexiona Cristina.
Daiana trabaja en espacios comunitarios y campesinos, estuvo en contacto con muchos casos que ni siquiera fueron denunciados en el momento en el que sucedió el femicidio y fueron las nietas o hijas, quiénes rompieron el silencio. “Venía algún paciente por otra cosa y de pronto salía en su terapia que su madre o su tía o su abuela había sido asesinada en un femicidio seguido de suicidio”, comenta. Poder recuperar lo que pasó, ponerle palabras y reconstruir esa historia familiar, son factores que aportan a la reparación.
Como psicóloga y sobreviviente de violencia machista, Antonella asegura que siempre hay reparación, desde un plano psíquico, un proceso lento para las familias pero necesario del que el Estado debería participar con herramientas para poder garantizar de forma efectiva las condiciones y los recursos.
Hablemos de violencia
Los números indican que es necesario seguir hablando sobre los casos de violencia que se agravan y multiplican. Cristina Montserrat Hendrickse propone enfocar y abordar el tema desde lo cultural, más que en el ámbito penal, donde las leyes ya están escritas y deberían cumplirse. El principio es la instalada cultura patriarcal, “el deber ser sobre el varón, que tiene que ser el mejor, llegar primero, nos coloca como un objeto de esa competitividad, si yo no lo tengo, no lo tiene nadie y después se matan”.
En esa misma línea Antonella reclama el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas para “desarmar la idea jerárquica patriarcal binaria heterocis normada que se ha construido sobre la humanidad porque eso es lo que atenta contra la vida de tantas personas”
Ley Brisa
En 2018 se sancionó la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa. La iniciativa reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Se financia con fondos públicos y estas últimas semanas estuvo en la mira porque la defensora de la Niñez, Marisa Graham, denunció un recorte presupuestario en el área que afectaría el cumplimiento de la norma. La carátula la de femicidio seguido de suicidio, no deberia afectar la aplicación de esta ley que intenta reparar a los hijxs de la víctima.
