Desde Andhes celebraron el fallo que obliga al Estado a realizar una reparación integral a la niña a la que se le obstaculizó el acceso a una interrupción legal de embarazo, pero demandan medidas urgente y políticas públicas para erradicar los abusos sexuales en las infancias y garatizar el acceso sin obstáculos a las ILES.
Mientras “Lucía” termina el primario, luego de haber sorteado con sus 11 años los obstáculos que el propio Sistema de Salud le impuso al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo, un fallo le abre un nuevo panorama a su futuro.
El Estado tucumano deberá ayudar a ella y su familia, asegurándole una vivienda digna y un trabajo para su mamá, el único sostén del hogar.
La Jueza de Familia, Valeria Brand, consideró que le corresponde al Estado responder ante la necesidad de esa familia que no puede regresar a la localidad de origen, 7 de Abril, dado que en febrero vence la prisión preventiva de Eliseo Victor Amaya, el acusado de la violación, quien vivía en la misma localidad.
Lucía fue abusada por Amaya, su abuelastro, en febrero de este año ingresó al Sistema de Salud con un embarazo en curso y su deseo manifiesto de no continuarlo.
El caso tomo relevancia nacional e internacional por las obstaculizaciones que sufrió la niña y su familia para acceder a una interrupción legal del embarazo en el Sistema de Salud Provincial, a pesar de que está contemplado por ley.
Ahora, el Poder Ejecutivo deberá proveerle a Lucía, sus tres hermanas y su mamá una vivienda, junto a ropa, calzado, útiles, textos escolares, enseres domésticos, y todo lo necesario para poder desarrollar una vida normal y en condiciones dignas. Además, el fallo estipula que el Estado deberá resolver la inserción laboral de la madre de la niña en la administración pública, asegurar el tratamiento psicológico de la niña, y plazas para las tres hermanas en el establecimiento educativo público secundario de la zona de la vivienda.
Desde Andhes, organización de abogados y abogadas de derechos humanos que acompañaron a Lucía y su familia junto a CLADEM, expresaron la importancia del fallo, pero a la vez remarcaron la necesidad de políticas públicas que garanticen que no sucedan otros casos como el de “Lucía”.
En ese sentido, Florencia Vallino, abogada de la ONG, sostuvo que “nos parece importante resaltar la necesidad de respuestas integrales por parte del Estado frente a las vulneraciones de derechos a las niñas y los niños. En este caso nos parece que forma parte de esa reparación integral a la que tiene derecho Lucía. Las distintas variables que aborda la resolución, buscan avanzar en esa respuesta integral”.
“Esta decisión resuelve un caso concreto de una niña de la cual se han vulnerado muchos de sus derechos y amerita esta reparación integral, que celebramos, pero que no deja de estar circunscrita al caso específico de ella. Lo que nosotras exigimos y demandamos medidas que garanticen la no repetición de estos casos en la provincia y un Estado que garantice el acceso a las ILES en toda la provincia, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las niñas, las adolescentes y las mujeres”, enfatizó Vallino, y agregó: “garantizar esa no repetición implica tomar todas las medidas conducentes, entre ellas llevar adelante a nivel local la aplicación del protocolo ILE nuevo, y garantizar el acceso a derechos en general de las niñas y las adolescentes”.
Al respecto, afirmó que se necesitan políticas públicas. “Sabemos que este es un caso testigo de situaciones que se repiten y que siguen sucediendo en nuestra provincia. Sabemos también que las niñas quedan sujetas a la buena voluntad de las profesionales de la salud que les toca, que muchas veces condicionan el ejercicio de sus funciones a sus creencias religiosas. Eso sigue sucediendo hoy, y frente a eso necesitamos políticas públicas claras y compromiso político”.
“Hoy hay una bajada de línea nacional que de manera contundente marca como se debe dar esa garantía en el acceso a derechos y necesitamos que la provincia acompañe eso, mandando un mensaje contundente a los profesionales de la salud diciéndoles por un lado que es su función garantizar el acceso a derechos, y por otro lado que no van a ser perseguidos por la justicia cuando cumplan esas funciones que tienen a su cargo”, expresó Vallino en referencia al caso de los médicos que intervinieron en el caso “Lucía”, realizando la interrupción, quienes luego fueron imputados por homicidio por la fiscal Adriana Gianonni, y otros casos más que tomaron relevancia mediática.
Por otro lado, desde Andhes sostienen la necesidad de trabajar con la comunidad de 7 de Abril, para que no se repitan los casos de abuso sexual infantil. “Hay un mundo adulto minado por prácticas machistas, misóginas y patriarcales que entienden el cuerpo de las niñas como territorio, como objeto. Esta decisión no lo cambia, acá hay que trabajar con esa comunidad y el Estado necesita generar las medidas necesarias. Tiene que ver con campañas de concientización, con garantizar el acceso a la salud, con la real y efectiva implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas”.
“Lucía es la niña que conocemos, pero en 7 de Abril, como en muchas otras localidades, hay más niñas. ¿Cómo va a trabajar el Estado con esta comunidad? ¿De qué manera planea desnaturalizar estas prácticas? Garantizar educación sexual integral es el primer paso para prevenir el abuso sexual en las niñas y los niños”, finalizó la abogada.
