“Quiero que haya justicia”: una joven denunció a un sacerdote y la querella cuestiona el pedido de sobreseimiento por parte del fiscal

Pablo Simón Valdez, sacerdote de 54 años, está imputado por abuso sexual contra una joven que tenía 16 cuando ocurrieron los hechos denunciados. El fiscal Gerardo Salas pidió su sobreseimiento al considerar que hubo consentimiento. La audiencia ya se realizó y el juez dará a conocer su resolución el 29 de octubre.

Cuando tenía 14 años, ella buscó en una parroquia la contención que no encontraba en la escuela. Sufría bullying y veía en los sacerdotes a representantes de Dios en la Tierra. La iglesia era un lugar de confianza. Pablo Simón Valdez era el cura del pueblo, una autoridad religiosa y también alguien a quien podía acudir en busca de escucha y protección.

Dos años después, cuando ella tenía 16 y él 54, habrían comenzado los hechos de violencia sexual que denunció ante la Justicia. En su relato, la joven contó que Valdez le pedía que no hablara, que tenía que cuidarlo porque podía ir preso. La culpa y el silencio formaron parte de una relación atravesada por una diferencia de edad, autoridad y poder que hoy vuelve a quedar en el centro de la discusión judicial.

Luego de sortear obstáculos judiciales y tres archivos de la causa, en noviembre de 2025, el Juez del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez, confirmó la imputación del sacerdote por el delito de abuso sexual agravado contra una adolescente, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022. Ahora, la causa llegó a una instancia decisiva y con un giro que la víctima no se esperaba. El fiscal Gerardo Salas solicitó el sobreseimiento definitivo del sacerdote bajo el argumento de que hubo consentimiento. Para la denunciante, no se trató de una relación consentida.

La audiencia para tratar ese pedido ya se realizó y el juez dará a conocer su resolución el próximo 29 de octubre.

La querella, representada por Luciana Gramaglio y Martín Gonzalez, sostiene la acusación y continúa acompañando el pedido de justicia de la joven. El punto más grave no es solamente que la causa pueda cerrarse antes de llegar a un juicio oral. Es que, según lo planteado por la querella y la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, la Fiscalía sostiene una interpretación que pone en cuestión el relato de la joven y respalda la hipótesis de la defensa.

“El fiscal para sobreseer se basa en que él tiene la certeza de que el hecho no es un delito porque la adolescente habría consentido el vínculo y las relaciones sexuales con el cura”, explica Gramaglio. Para la abogada, esa interpretación no contempla de manera integral los elementos que forman parte de la causa.

“Él reconoce que hay una asimetría de edad, una asimetría en el rol que tenía el cura, que los hechos sucedían en la casa parroquial y que la adolescente atravesaba situaciones traumáticas. Pero no analiza la prueba en su conjunto”, cuestiona.

Gramaglio también objeta los criterios con los que se evaluó el relato de la joven: “Se le exige una resistencia y una manera particular de contar los hechos, como si hubiera tenido que narrarlos con más intensidad. Incluso se cuestiona el tono de voz”.

La investigación de delitos sexuales requiere analizar las circunstancias en las que sucedieron los hechos y evitar que las expectativas sobre cómo debería reaccionar o expresarse una víctima se conviertan en parámetros para evaluar su testimonio.

La relación de poder y el lugar del sacerdote

Uno de los puntos que la querella considera centrales es el vínculo previo entre Valdez y la adolescente. Según la denuncia, el sacerdote la conocía desde que tenía 14 años, cuando participaba de la Infancia Misionera, y los hechos denunciados habrían comenzado cuando ella tenía 16.

La querella sostiene que el contexto religioso y la posición de autoridad del sacerdote deben ser considerados al evaluar lo ocurrido. Gramaglio señala especialmente que Valdez era el confesor de la joven y que parte de los hechos denunciados se habrían producido en ese marco. Para la abogada, no se trata de un dato secundario: la confianza depositada en una figura religiosa y la intimidad asociada a la confesión forman parte del contexto que debe investigarse.

Gramaglio también cuestiona que se interpreten los hechos únicamente a partir de la existencia o no de una agresión física evidente. Según explica, “en las violencias sexuales pueden intervenir mecanismos de manipulación y consecuencias psicológicas que deben ser analizados en conjunto con el resto de las pruebas”.

Una causa que ya había sido archivada

La historia judicial de esta denuncia comenzó mucho antes de la audiencia actual. El caso se hizo público en 2022, cuando la familia de la adolescente denunció al sacerdote de Simoca. 

Simoca es una ciudad del sur de Tucumán, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital, conocida por su tradición rural, sus ferias y su fuerte identidad cultural. En una comunidad donde los vínculos sociales y las instituciones locales tienen un peso importante, la parroquia ocupa un lugar que va más allá de lo religioso: también puede ser un espacio de encuentro, pertenencia y búsqueda de contención. Es en ese contexto donde se conoció la denuncia contra el sacerdote Valdez, quien era una figura de autoridad en la comunidad.

Desde entonces, la investigación atravesó obstáculos y dilaciones. La causa fue archivada en dos oportunidades por la fiscal María Eugenia Posse. Les dijo a la madre y a la adolescente: “Esto no es un delito, es un hecho moralmente reprochable, pero no es un delito”. 

La joven siguió buscando respuestas incluso después de que la causa dejara de avanzar. A través de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, llegó a la abogada y pudo retomar el impulso judicial del expediente. Las decisiones judiciales fueron cuestionadas. La causa llegó al Tribunal de Impugnación, que dispuso que debía continuar investigándose y que era necesario considerar las asimetrías y el contexto.

En noviembre de 2025, el juez Mario Velázquez confirmó la imputación de Valdez por abuso sexual agravado. Ahora, el pedido de sobreseimiento de Salas vuelve a poner en discusión la continuidad del proceso.

“Si no hubiese habido querella, esto no sería posible”

Para Gramaglio, la intervención de la representación legal de la denunciante fue determinante para que la causa no quedara definitivamente cerrada. “Si no hubiese habido querella, esto no sería posible. La causa continuaría archivada o ya se habría sobreseído al imputado”, afirma. “Hoy la Fiscalía pareciese la defensa del imputado”.

Gramaglio sostiene que, en lugar de profundizar la investigación, el planteo fiscal busca demostrar que existió una relación consentida. “Esa interpretación no puede separarse de la edad de la adolescente, de la autoridad que ejercía el sacerdote y de las circunstancias denunciadas.”

La resolución prevista para el 29 de octubre definirá el próximo paso judicial. La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina y el Colectivo Ni Una Menos también se pronunció contra el cierre del expediente y reclamó que los hechos sean investigados en un juicio oral y público.

“Siempre supe que iba a llegar este momento”

Desde que hizo la denuncia, cuando tenía 16 años, su vida quedó atravesada por una lucha que todavía continúa. Hoy tiene 21 y espera que la Justicia avance. En el medio, tuvo que insistir para que la escucharan y atravesar un proceso que también transformó su relación con la Iglesia y con su propio futuro.

“Desde hice la denuncia, fue una lucha constante. Al principio, la fiscal me ignoró, me dijo que lo que me había pasado no era un delito. Pero yo seguí. Siempre supe que iba a llegar este momento. Quiero que haya justicia”, cuenta.

Vive en un lugar que describe como muy conservador. En ese contexto, hablar de lo sucedido y sostener la denuncia implicó también enfrentarse a sus propios miedos. “Tuve mucho miedo, pero salí con mucha fuerza y con muchos ánimos. Es parte del proceso”, dice.

Después de la denuncia, se alejó de la Iglesia. Dice que no encontró allí la contención ni el acompañamiento que necesitaba en ese momento. Hoy continúa estudiando y proyecta comenzar la carrera de Abogacía el año próximo. En medio de un proceso que no eligió atravesar, encontró también una vocación: quiere acompañar a otras personas que pasen por situaciones similares.

“Quiero ayudar a otros chicos y adolescentes, para que tengan a alguien que los escuche y los defienda”.