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Se presentó en la Facultad de Derecho de la UNT el libro “Aborto y la autonomía sexual de las mujeres”, de la Dra. Patricia Gonzales Prado. Una crítica feminista al concepto de autonomía y argumentos a favor de la despenalización y legalización del aborto.
El día lunes 16 de abril se llevó a cabo un hecho histórico en la facultad de derecho de la U.N.T, de esos hechos que a primera vista pasan desapercibido al quehacer diario, pero que van construyendo con paso firme otro modo de entender, explicar y transitar la realidad: se presentó en la casa estudios un libro sobre aborto.
El libro en cuestión es de la Dra. Patricia Gonzales Prado, y es el resultado de su investigación para tesis doctoral, y de un vasto activismo feminista. En el discurso de la autora aparecen en igual proporción la pasión propia de aquellas personas que militan una causa, y la serenidad que aporta un sólido trabajo intelectual. El resultado es un libro que propone pensar en términos teóricos, desde el derecho y la filosofía, la importancia de hablar de la autonomía sexual de la mujeres. Y la presentación del libro en distintas provincias, en el marco del debate de comisión en el Congreso de la Nación, se debe quizás a la necesidad de incrementar el debate jurídico, para salir un poco del cartel barro y el ridículo en el que se coloca el tema cuando vemos el cartel “bebito” pidiendo nacer. Además del proyecto presentado por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, existen otros nueve proyectos entre los cuales aparecen diversos mecanismos que buscan minar la autonomía de las mujeres.
La tarea que realiza el libro es ardua, porque supone revisar la filosofía del derecho clásica, de raigambre europea, profundamente masculina y blanca. Esta filosofía presenta a un sujeto abstracto, mientras que las feministas han venido demostrando con solvencia que los sujetos estamos marcados por nuestra clase, género, edad, etnia y contextos históricos.
Según el diccionario de la real academia española, autonomía significa la “capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus elecciones con los demás dentro de los límites que la ley señala”. Pero la crítica feminista a esta noción comenzó hace unos siglos atrás:
La noción de autonomía personal resulta muy restrictiva. Ya en el siglo XVII las feministas decían “esta autonomía nos deja a afuera”, y esta crítica va a tener continuidad en las feministas decoloniales, que intentan pensar la autonomía conectada con los lugares donde están en situaciones los cuerpos, y surgen categorías como Cuerpo territorio.
También el feminismo posmoderno hace una crítica a un lugar de argumentación en el que muchas veces hemos caído. De conectar el derecho al aborto con el derecho de propiedad sobre nuestro cuerpo. Su aporte es interesante al preguntar, ¿vamos a fundar nuestra autonomía, en un derecho superlativo a la propiedad, que nos conecta con una noción de individuo posesivo, que fundamenta todo un sistema de dominación que nos jode la vida por otro lugar? Entonces empezamos a ver como el feminismo en el ámbito de la filosofía y del derecho han podido tejer críticas muy duras a nociones decimonónicas que seguimos trabajando, por ejemplo, en las facultades de derecho.
Ante la pregunta sobre aquellos temas que este libro aporta para el actual debate en el congreso, la autora enumera los siguiente.
La autonomía como derecho a decidir
Tenemos un debate muy esperado por todas nosotras. Muchas veces en este debate los argumentos para la despenalización y la legalización se han centrado mucho en la cuestión de salud. Dejando de lado que más allá de la cuestión de ciudadanía, la autonomía es una razón para la despenalización y legalización del aborto con independencia del factor salud. Y creo que esto es lo que más le cuesta a nuestro ordenamiento jurídico.
Este ordenamiento jurídico, podríamos decir que, admite con mayor soltura que nos va a permitir abortar cuando ese embarazo sea producto de una violación, si hay razones de salud en un sentido biomédico que justifiquen. Pero no que las mujeres abortamos por una infinidad de razones, que son inconmensurables.
Que no todos los abortos tienen fundamentos en estas situaciones, sino que son producto de una placentera relación sexual, en la que teníamos acceso a anti conceptivos, que no usamos o que fallaron. Y que aun así la mujer tiene derecho a un aborto, porque lo que se está jugando ahí es una cuestión que va más allá de la ciudadanía. Tiene que ver con el reconocimiento mismo de la existencia de las mujeres, en términos de Judit Butler. Y tiene que ver con lo habitable que es el mundo de las mujeres en función de ese reconocimiento.
Sabemos que la despenalización y legalización del aborto, se enmarcan en lo que se llama políticas del reconocimiento. Y los términos de esos reconocimientos siempre son sociales, siempre tienen que ver con luchas colectivas. Aquello que hace habitable al mundo, como pasó en su momento con el matrimonio igualitario, para muchas vidas precarias, tienen que ver con ese reconocimiento.
No solo nos cuesta que el derecho reconozca, sino también que nosotras podamos señalar. En esa tensión entre autonomía sexual y el reconocimiento de nuestra existencia, y el abandono en condiciones de esclavitud que prevalecen sobre nuestros cuerpos cuando abandona el Estado, sea específicamente en el ámbito penal, o sea el ámbito socio-sanitario.
La autonomía puesta en jaque por la jurisprudencia internacional
El análisis de la jurisprudencia es importante porque hay muchas cosas que ya se probaron en otros países y que trajeron graves problemas para el acceso y reconocimiento de esa autonomía. Me parece que tenemos que estar muy atentas del tipo de proyecto que va a salir ahora del congreso para no ceder por ejemplo en una propuesta que se llama “período de reflexión”, que la que tiene la jurisprudencia española y alemana.
El periodo de reflexión o enfriamiento consiste en establecer por ley un periodo de espera ante el pedido de la mujer de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que está por debajo de esta figura no es solo que funcione como dispositivo para culpar a las mujeres, sino también en repetir un conjunto de estereotipos, esos que dicen que somos lábiles emocionalmente, que si tomamos una decisión no sabemos si nos vamos a arrepentir.
Estuve hace pocos días en Salta, y me contaron sobre los mecanismos de aplicación restrictiva del protocolo de aborto. Implementaron una consejería a cargo de psicólogas, de diez casos de aborto no punible, 7 desistieron del pedido luego de estas asesorías con psicólogas. Ahí decimos, ojo, porque eso puede buscar ser continuado en los proyectos de despenalización y legalización. Y esto además es un oxímoron, una contradicción, porque la reflexión no puede ser obligada. Este tipo de medida es lo más cercano a la penitencia católica, pero no tiene anclaje en otro espacio de nuestro orden jurídico.
Limitar la autonomía al separar despenalización de legalización
Hay otra preocupación, que tiene que ver con la pregunta ¿qué pasa cuando al debate sobre autonomía lo sacamos del debate legislativo? Y es algo que está apareciendo, que es esta posibilidad de separar despenalización de legalización, un poco esta fue la solución alemana. En el cual se dice “no podemos mantener criminalizada esta conducta, pero no pueden pedirle al Estado que invierta dinero en garantizar el acceso. Es problema de cada una como accede a ese aborto”. Y las razones que se dan es que el aborto sería inmoral para algunas personas, entonces no se puede destinar fondo público.
Este es un debate liberal en lo económico, además de bien profundamente conservador en lo político, pero que además va muy bien con el gobierno nacional que tenemos. Esto significaría un retroceso grave, de privatización por razones morales del acceso a la salud, y casi que volvemos a debates de los 80 sobre el AZT, en donde algunos decían que no había que garantizar esa medicación porque los que contraían el virus de VIH eran homosexuales y promiscuos. Esto fue un debate jurídico que se dio.
El momento de argumentar es ahora
Creo que son estos momentos en los que tenemos que continuar en la construcción de argumentación jurídica sofisticada para poder hacer frente a este tipo de planteos que es probable que aparezcan. De hecho algunos proyectos que se presentaron van en esa línea.
También es indispensable advertir que hay otros debates que se están dando como si fuera la primera vez que se dan en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla del origen de la vida, no hay sentencia de los tribunales superiores con los cuales tenemos proximidades y afinidades regionales, histórica y geopolíticas, que se hayan atrevido a decir cuál es el origen de la vida. Y esto porque saben que la historia no los absolverá nunca. Es un debate que los tribunales han evitado de manera sistemática, y si han existido distintas estrategias como la de señalar esta concepción gradual de la vida y el hecho constitutivo del nacimiento. Todos estos conceptos que ya están desarrollado por la jurisprudencia, de lo que se trata es que podamos tomar contacto, porque esos no suelen aparecer en las facultades de derecho.
No hay razones jurídicas para mantener el aborto penalizado. Avanzamos mucho en esta línea, ahora nos toca avanzar bastante más, en por qué una despenalización sin legalización movería muy poco la aguja en nuestro país. Ciertamente, porque las barreras más grandes son para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos, para no terminar como en España, en la tercerización.
El debate por el aborto moviliza gran parte de la sociedad en estos días. Muchas personas han llegado a entender la necesidad de que se legisle como una cuestión de salud pública, aunque no llegan a estar del todo de acuerdo con que una mujer con acceso a métodos, y con un embarazo fruto de una relación placentera, decida interrumpir voluntariamente ese embarazo. Y eso, no está mal, para ser la opinión de un/a ciudadano/a de a pie, es un primer paso, de todos los que debemos dar para entender como nuestra cultura ha limitado la autonomía de las mujeres.
Pero, como dijo la escritora Claudia Piñeiro, no podemos permitir esos niveles de ingenuidad o incorrección de términos por parte de diputados y senadores de nuestro país. Cada una de las palabras que conforma un proyecto de ley, en caso de ser aprobada, significa una serie de modos de vida y realidades que serán condicionadas o posibilidades por muchos años, es necesario argumentar y defender el proyecto producto de las luchas feministas. Porque allí radica el inicio de algo que Patricia Gonzales Prado denomina “el espiral despatriarcalizador del derecho”.