El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, fecha que se estableció en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y la convocatoria se ha extendido a nivel internacional.
Este año, la fecha tiene un contexto complejo. Si bien en Argentina y en otros países latinoamericanos se avanzó en la despenalización y regulaciones más permisivas (en Colombia, Cuba, Puerto Rico, Uruguay y en la Guayana Francesa permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de plazos establecidos), en Estados Unidos sucedió un grave retroceso que puso en alerta a la región. En junio de este año, la Corte Suprema anuló el histórico fallo Roe Vs Wade que garantizaba el acceso al aborto, dejando librado a cada Estado la legalidad de la práctica.
En América Latina se encuentran 5 de los 24 países que rechazan y criminalizan cualquier circunstancia relacionada al aborto: República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y el Salvador.
Chile y México han mostrado algunos avances hacia el reconocimiento de derechos en los últimos tiempos: la Corte Suprema mexicana despenalizó el aborto y en Chile se había logrado que el aborto entrara en el borrador de la nueva Constitución, pero fue recientemente rechazada y el futuro aún es incierto.
A nivel global, todavía un 5% de las mujeres en edad reproductiva del mundo viven en países donde el aborto está prohibido en cualquier de sus formas, y otro 36% se encuentra en Estados que solo lo permiten para salvar la vida de la madre o para preservar la salud.
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Argentina
En Argentina, el aborto se legalizó el 30 de diciembre de 2020, luego de años de lucha y de un intenso debate en el Congreso de la Nación. Su aplicación varía entre las diversas provincias del país, pero vino a saldar una deuda pendiente, que por clandestina e ilegal se cobraba la salud de las mujeres y personas gestantes.
La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país y establece excepciones cuando se trata de una embarazo producto de una violación o en caso de correr peligro la salud.
La ley también establece que el Estado Nacional y las provincias tienen la responsabilidad de implementar la ley 26.150, de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
Tampoco puede ser leída separada de la ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) con el propósito de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población y disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y la salud reproductiva, desde una perspectiva de derechos y de género.
Tucumán
Si bien en Tucumán profesionales de la salud y activistas por el derecho al aborto manifiestan que se está respetando la ley y que se ha capacitado al personal de salud, tal como establece la norma, aún está pendiente la promoción y difusión del acceso al aborto como un derecho a través de campañas masivas en medios de comunicación y en los mismo hospitales.
En ese sentido, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto publicaron un comunicado en el que manifiesta: “es necesario difundir por todos los medios el contenido de la Ley 27610, para que pueda ser apropiada como un derecho -sin estigmas- y garantizada, con presupuestos acordes, por los sistemas públicos y privados de salud como una práctica más“.
Además, llamaron a “impedir que la objeción de conciencia sea utilizada para imponer gestaciones forzadas y que se criminalice a las, los y les profesionales que garantizan derechos”.
Desde La Nota se realizó un relevamiento por diferentes salas de espera de hospitales públicos y no se encontró ninguna cartelería con información, cuando es una responsabilidad del Estado difundir las prácticas de salud. Tampoco hay material disponible en la página del Ministerio de Salud de la provincia.
El SIPROSA está a cargo actualmente de Luis Medina Ruiz, quien es un ferviente opositor al aborto. Tuvo participación activa en la vulneración de derechos sufrió Belén, la joven que estuvo prensa dos años meses por un aborto espontáneo y luego fue sobreseída, y en la persecución que sufrió la doctora Fabiana Reina y en el Hospital Avellaneda por haber realizado un aborto.
La conquista de derechos conlleva también un seguimiento sobre su real implementación, y, sobre todo, la defensa ante el avance de la derecha.
