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En el contexto del Monitoreo Social Sobre la Salud de las Mujeres en Tucumán, desde Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres solicitaron al Ministerio de Salud de la Provincia información pública sobre la salud de las mujeres y la situación del acceso al aborto legal en Tucumán. Estos son los números.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres solicitaron al Ministerio de Salud de la Provincia información pública sobre la salud de las mujeres y la situación del acceso al aborto legal en Tucumán.
El informe, que se demoro más de dos años en ser entregado, firmado por el Secretario Ejecutivo del SI.PRO.SA, Dr. Gustavo Vigliocco, afirma que en Tucumán el Estado garantiza el acceso al aborto a través de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Provincia y el Ministerio de Salud de la Nación firmado en noviembre de 2011. Y se desprenden los siguientes datos:
Entre el año 2012 y el año 2016 murieron 14 tucumanas por complicaciones por aborto.
6.607 fueron los ingresos hospitalarios por complicaciones por aborto entre el año 2013 y el año 2016.
Entre el año 2014 y 2016 hubo sólo 16 interrupciones legales del embarazo (ILE). En Tucumán sólo se hacen ILE en 2 hospitales: en la Maternidad y en el Hospital Eva Perón.
Todas las instituciones públicas cuentan con Misoprostol. El misoprostol es una droga para producir el aborto de manera farmacológica. El aborto farmacológico es el método que indica la Organización Mundial de la Salud como el menos invasivo en el cual la salud de la mujer corre menores riesgos.
La brecha entre la ley y el ejercicio efectivo de los derechos
La información brindada por el SIPROSA sirvió para cruzar los datos con el Monitoreo Social Sobre la Salud de las Mujeres en Tucumán realizado por Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres, donde fueron entrevistadas 100 usuarias del sistema de salud público.
El 91% dijo que nunca le explicaron en una consulta de salud que hay abortos no punibles vinculado a los derechos de las mujeres. El 82% de las mujeres encuestadas dijo que nunca vio información gráfica sobre Interrupción Legal del Embarazo en un hospital.
En Argentina se puede interrumpir un embarazo producto de una violación o que ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer desde el año 1921.
Solo 2 de cada 10 mujeres encuestadas conocen que pueden interrumpir una gestación por riesgos a su salud o a su vida, tal como lo establece el código penal en el artículo 86 inciso 2.
Solo 4 de cada 10 mujeres saben que pueden interrumpir un embarazo producto de una violación. Pero sólo 5 de cada 10 mujeres saben lo que es una violación, el resto de las mujeres identifica a una violación como cualquier acto sexual no consentido. El resto pusieron como requisito que sea con una persona desconocida, que sea en un boliche, que sea fuera del hogar.
“Esto también dificulta el empoderamiento de las mujeres. Sabemos que más del 80% de las violaciones son intrafamiliares”, afirmó la abogada Soledad Deza en la presentación del informe.
Objeción de conciencia, una cuestión de clase
Para la realización del monitoreo, fueron entrevistados de forma individual 30 médicos/as, trabajadores sociales, enfermeros/as, psicólogos/as, agentes sanitarios/as y empleados/as administrativos/as.
Según los profesionales de la salud, los obstáculos que debe atravesar una mujer que decide interrumpir legalmente un embarazo tienen que ver con ideológicos institucionales, objeciones de conciencia o falta de conocimiento.
La abogada Deza se animó a plantear la objeción de conciencia como una cuestión de clase. De acuerdo con el informe, las instituciones de salud privadas no tienen registrado ningún objetor de conciencia, al contrario de lo que pasa en las instituciones públicas. “¿Podemos decir que la objeción de conciencia es una cuestión de clase? ¿Por qué no hay objetores de conciencia en la salud privada? Quienes se ven expuestas a la negativa de una prestación con la que no acuerda moralmente el profesional, es la usuaria más desvalida, la del sistema público. La del servicio privado, que es la que tiene los recursos económicos y simbólicos más fuertes, no se va a encontrar con ningún objetor”, aseguró la letrada.
Abortos clandestinos
En caso de decidir interrumpir un embarazo no deseado, 4 de cada 10 usuarias aseguró que lo resolvería por su cuenta. El 62% identifico métodos inseguros para interrumpir un embarazo no deseado, como yuyos, perejil, sondas, cafiaspirina. Para la abogada “este es el aborto en la clandestinidad, el que termina en el 6.607 de ingresos hospitalarios por complicaciones que informó el Siprosa”.
Solo un 38% conoce métodos seguros para interrumpir un embarazo.
En este punto, y con los datos obtenidos, se abren los siguientes interrogantes:
“¿Hasta qué punto una niña, adolescente o mujer decide libremente ser madre si no conoce que tiene derecho a controlar la natalidad? ¿Qué aporte va a hacer Educación en la autonomía reproductiva de niños niñas y adolescentes si no se aplica la ley de Educación Sexual Integral? ¿Con qué herramientas va a superar una mujer el déficit en su educación sexual si no hay información sobre métodos anticonceptivos o interrupciones legales del embarazo en el servicio de salud? ¿Cómo va a controlar la natalidad una usuaria si la escases de insumos anticonceptivos en las instituciones asistenciales es corroborada por los propios efectores de salud?”.
De acuerdo a un informe de Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer (CLADEM), una niña menor de 14 años es madre en Argentina cada 3 horas.
“Yo lo que invito es a un examen de conciencia acerca de qué clase de vida queremos para nuestras niñas y para nuestras adolescentes”, reflexionó la abogada Deza al finalizar la presentación del monitoreo. “Porque si ustedes entran a internet a cualquier página de la Organización Mundial de la Salud van a ver que lo primero que hace una niña que queda embarazada es dejar la escuela, quedarse en la casa, tendrá dificultades para acceder al trabajo, con lo cual su desarrollo humano, el que tanto nos importa, se va a ver obstaculizado por una maternidad temprana que además es forzada. Porque uno puede iniciar su vida sexual pero no necesariamente eso debe ser asociado con la maternidad. Y pensar qué clase de ciudadanía le deparamos a esas jóvenes que, además de ser niñas y adolescentes, pertenecen a sectores populares. Porque hay una gran hipocresía en término de clase, porque las niñas y adolescentes que se embarazan y pertenecen a sectores aventajados van a interrumpir su embarazo en cualquier sanatorio privado, van a acceder a los métodos anticonceptivos porque tienen plata de pagarlo. Con la falta de políticas públicas las personas que se ven más vulneradas son siempre las que menos tienen”, concluyó.
