Había denunciado un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la intervención militar, decretada por el presidente Michel Temer para tratar de contener una escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016.
La concejala brasileña Marielle Franco, asesinada a tiros en Río de Janeiro a los 38 años, había denunciado en las últimas semanas un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la intervención militar del área de la seguridad de Rio de Janeiro, decretada por el presidente Michel Temer para tratar de contener una escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016. Pero el PSOL, partido socialista al que pertenecía, y sus allegados dijeron que la dirigente no había dado parte de ningún tipo de amenazas en los últimos tiempos.
En las redes sociales, se multiplicaban durante la madrugada los llamados para organizar manifestaciones frente a la Asamblea Legislativa de Rio (Alerj) y en otros puntos de la ciudad para repudiar el crimen. “¡Marcha contra el genocidio negro! SOMOS Marielle Franco”, decía una de esas convocatorias, que en pocas horas había recogido unas 20.000 promesas de asistencia. También, por la noche del jueves se organizaban otras protestas en Sao Paulo y Belo Horizonte.
Franco había entrado en la Cámara Municipal de Rio en las elecciones de 2016, como quinta concejala más votada, con 46.000 apoyos. Las elecciones locales de ese año estuvieron marcadas por unos veinte asesinatos de candidatos a alcaldes o concejales en Rio, aparentemente ligados a la presencia de milicias parapoliciales y de bandas de narcotraficantes que se disputan el control de las favelas donde viven cerca de 1,5 millones de personas.
Hace dos semanas, Marielle Franco asumió la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Rio, creada para vigilar la actuación de las tropas a cargo de la intervención militar decretada por Temer, una medida sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1985. El 10 de marzo, denunció en las redes sociales una operación policial en la favela de Acarí. “El 41 Batallón de la Policía Militar está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí (..). Es algo que ocurre desde siempre y con la intervención es peor”, escribió.
El comportamiento violento, intimidante y muchas veces sin control de la Policía es motivo de preocupación en Brasil, según denunció la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en su informe anual 2017/2018 presentado en febrero. En el capítulo “Fuerzas policiales y de seguridad”, el más extenso del documento, AI destaca que la tasa de homicidios en Brasil permanece muy alta y que afecta principalmente a jóvenes de piel negra.
“Las operaciones policiales en favelas y áreas marginalizadas generalmente resultan en tiroteos intensos y muertes”, remarca el organismo, y a continuación enumera una larga lista de ocasiones, durante 2017, en las que civiles fueron asesinados por miembros de diversas Policías del país. En varios de esos casos, los familiares de las víctimas denunciaron “matanzas” y ejecuciones extrajudiciales.
En otro capítulo, Amnistía Internacional denuncia que el sistema carcelario brasileño está “superpoblado” y describe las condiciones de los presos como “inhumanas”. La población carcelaria del país es de 727.000 personas, de las cuales el 64% son afrodescendientes, señala el documento. Además, 40% de los presos están detenidos provisoriamente, situación en la que suelen permanecer varios meses hasta ser juzgados. El texto refiere también a la “fuerza excesiva” con que la Policía reprime en Río de Janeiro.
Un día antes de ser asesinada, Marielle Franco había protestado en Twitter contra la muerte de Matheus Melo, un joven baleado cuando salía de una iglesia en la favela carioca de Jacarezinho: “¿Cuántos más van a necesitar morir para que esa guerra acabe?”.
