Por Natalia Seoane
En Santiago del Estero, la Campaña Latinoamericana “Niñas no madres” realizó un mural en una pared en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) contando con la autorización pertinente.
La frase “En un mundo justo, las niñas no son madres” estaba acompañada de niñas jugando y sus colores alegraban la blanca pared.
Sólo cinco horas duró. El mural se había realizado durante la mañana del miércoles 27 y participaron de dicha intervención sociocomunitaria organizaciones sociales, jóvenes, niños y niñas del barrio.
El mensaje plasmaba con arte una acción colectiva de prevención del abuso sexual en las infancias y las maternidades forzadas.
La respuesta política institucional fue la censura, el cercenamiento a la libertad de expresión y el desconocimiento del acuerdo existente.
Fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente es una necesidad dado la cantidad de situaciones que ameritan intervención.
El embarazo en niñas que tienen menos de 15 años de edad, el abuso y la violencia sexual- como su potencial causa- son problemas de salud pública y de derechos humanos, por lo que es fundamental potenciar las actividades que permitan garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes.
Argentina cuenta con un importante marco normativo en materia de derechos de NNyA, reconociéndolos como sujetos y sujetas plenos de derechos. Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1990, y su incorporación a la Constitución Nacional, en 1994, la Argentina adquiere el compromiso de adherir al “paradigma de la protección integral de derechos”, lo cual implica que el estado debe actuar sobre la situación en la que se encuentran, para facilitar su desarrollo autónomo y habilitarles de manera directa el ejercicio de sus derechos.
El Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) “Eva Peron” es un ente autárquico, allí se atienden desde 2008 situaciones de alta complejidad de NNyA. Las autoridades se mantienen blindadas y sin dar explicaciones. Las organizaciones piden respuestas.
Las tasas de maternidades forzadas más altas del país ocurren en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja y la provincia de Buenos Aires. Producto de este emergente es que se aplica el proyecto gubernamental para prevenir el embarazo adolescente Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).
En un comunicado, explicaron que “con esta actividad quisimos visibilizar que en Argentina por año cerca de 3000 niñas menores de 15 años llegan a los hospitales a parir, es decir, cada 3 horas una niña entre 10 y 14 años tiene un parto y Santiago del Estero se encuentra dentro de las 4 provincias con mayor índice de embarazos infantiles”.
Desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y UNICEF advirtieron que el embarazo en menores de 15 años y el abuso y la violencia sexual como potencial causa, son problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales.
“Obligar a parir a una niña es considerado un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, según la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, continúa. El comunicado además pide el cumplimiento de la Educación Sexual Integral y el Protocolo de Interrupción Legal del embarazo. “Seguiremos exigiendo y luchando por infancias felices, libres y cuidadas”.
