Iba a tratarse en la última sesión de la Legislatura y contaba con dictamen de la Comisión de la Mujer, sin embargo fue retirada del orden del día. La normativa establece capacitaciones obligatorias en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
Desde la Fundación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) solicitaron a la Legislatura de Tucumán tratar y adherir a la Ley Micaela lo antes posible, sin dilaciones y con el compromiso y urgencia que el tema merece. La ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. La adhesión a la norma iba a ser tratada en la última sesión legislativa pero fue retirada del orden del día sin explicaciones.
– Te puede interesar: ¿Por qué es importante que Tucumán adhiera a la Ley Micaela?
“Es urgente involucrar a todas las personas que integran los poderes en los distintos estamentos del Estado en capacitaciones con perspectiva de género, de modo de lograr intervenciones más eficientes y al mismo tiempo comenzar a resquebrajar las estructuras patriarcales, que reproducen institucionalmente la violencia contra las mujeres”, consideró Florencia Pérez, integrante del área de Género y Derechos Humanos de Andhes.
La ley Micaela surgió con el fin de dar cumplimiento a un deber que asumió el país al firmar las convenciones internacionales, las cuales señalaron que la formación deberá ser obligatoria, no limitada a lo normativo y lograr un aprendizaje que produzca cambios culturales reales. Para ello, los organismos especializados recomiendan la sostenibilidad de la capacitación y el seguimiento de sus resultados.
En este contexto, la ley propone una medida básica que resulta incuestionable: que todos los/as servidoras/es públicas/os conozcan la Constitución, en particular, lo que a través de las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres incorporadas a ella constituyen obligaciones de idéntica jerarquía.
“Pese a la contundencia y claridad de las obligaciones internacionales y de la normativa nacional entendiendo el federalismo, las leyes se convierten en letra muerta al estudiar la realidad del día a día en nuestro país. Es urgente que quienes conforman el Estado tengan las herramientas necesarias para trabajar esta problemática que nos atraviesa tanto. Sin capacitación comprometida y sostenida, que realmente permita ahondar y comprehender este tema, jamás podremos cumplir con las demandas internacionales en pos de garantizar vidas libres de violencias”, concluyó Pérez.
