El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz sostuvo que la ley de aborto es “compleja” y reafirmó su oposición personal. Desde la Fundación Mujeres por Mujeres advierten que estos discursos ponen en riesgo la libertad reproductiva y la vida de las mujeres.
En medio de una entrevista sobre la situación de la cartera sanitaria, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, volvió a exponer su postura personal contraria al derecho al aborto, a pesar de que se trata de una política pública vigente en todo el país desde hace años. “Tanto el gobernador como yo estamos en contra del aborto”, sostuvo el funcionario en diálogo con el periodista Omar Nóblega. No obstante, admitió que deben cumplir con la normativa nacional: “Hay una ley compleja que obliga a dar respuesta en algunas situaciones”.
Desde la Fundación Mujeres por Mujeres emitieron un comunicado aclarando que la ley no es compleja, sino que establece con claridad las obligaciones del personal de salud: “La ley 27.610 obliga a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 sin ninguna justificación, y también la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación o riesgo para la salud o la vida desde hace más de 100 años”, subraya el texto.
Medina Ruiz también remarcó que “una chica que se embaraza tiene muchas opciones si no quiere embarazarse” y llamó a fortalecer la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, desde la Fundación advirtieron que el sistema de salud pública provincial hoy no garantiza ni una cosa ni la otra. “Hay desabastecimiento de anticonceptivos, de preservativos y se niegan IVE e ILE por falta de tratamiento farmacológico”, denunciaron.
“La ley no es compleja, lo complejo es que un ministro no la comprenda”
La abogada feminista y referente de la Fundación, Soledad Deza, sostuvo que el discurso del ministro genera confusión y desinforma:
“Es muy preocupante este tipo de posicionamientos públicos que traslucen una cosmovisión personal pero que resulta confusa para la sociedad. ¿En qué podría importarle a la población cuál es la opinión personal del ministro sobre el aborto? En nada. Lo que importa es que garantice los derechos vigentes.”
Deza explicó que el derecho al aborto no depende de las creencias del funcionario de turno:
“Cuando alguien impide, obstruye o dilata el acceso a una interrupción legal del embarazo —sea voluntaria o por causales— está ejerciendo violencia de género. El Estado tiene la obligación de garantizar estas prácticas en los tres subsectores: público, privado y obras sociales.”
Además, recordó que en lo que va del año 2025 se produjo una muerte por aborto séptico en Tucumán, un hecho evitable si se garantizaran las prestaciones legales. “Asegurando el cumplimiento de la ley 27.610 se previenen muertes de niñas, adolescentes y mujeres. Asegurando el aborto legal se defiende la vida”, expresó la abogada.
Un contexto peligroso para los derechos
Las afirmaciones de Medina Ruiz también se dieron en sintonía con recientes dichos del presidente Javier Milei, quien vinculó el derecho al aborto con una supuesta caída en la natalidad. Consultado por esto, el ministro tucumano dijo que se trata de “posiciones ideológicas difíciles de conciliar” y volvió a insistir en la necesidad de prevenir para “no llegar a esa instancia”.
Sin embargo, desde el movimiento feminista advierten que esas narrativas erosionan los consensos construidos durante décadas en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos. En la antesala de un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, Soledad Deza fue contundente:
“Gritamos Ni Una Menos también por la violencia contra la libertad reproductiva. No acordamos con un Estado que quiere que las mujeres, niñas y adolescentes reproduzcan la sociedad a cualquier costo. Y mucho más repudiable es que se autoproclamen defensores de la vida, cuando en realidad promueven maternidades forzadas, abortos sépticos y violencias de género.”
