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En el marco de Día de Los Derechos Humanos, desde La Nota conversamos con Fernanda Rotondo, coordinadora del área de Género y Derechos Humanos de Andhes, sobre la necesidad de la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se está llevando a cabo en el Congreso.
Esta mañana, la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación comenzó el debate previo a la votación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La fecha coincide con la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre.
“Es sumamente importante pensar lo que es esa declaración, teniendo en cuenta la noción de justicia, de no discriminación, de libertad y haciendo una extrapolación al aborto como un logro por la autonomía de los cuerpos”, expresó Fernanda Rotondo, coordinadora del área de Género y Derechos Humanos de Andhes.
Pensar el derecho al aborto como un Derecho Humano se enmarca en el derecho universal a la salud integral, a la autonomía sobre el propio cuerpo y a una vida libre de violencias.
“Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos inalienables e inherentes a toda persona, sin distinción de razas, de género, de sexo, de religión, de idioma, de opinión. El derecho a la salud integral no se puede pensar sin el derecho al aborto. Si el aborto no es ley, el derecho a la salud le es negado y se ve obstaculizado para muchas mujeres y personas gestantes que abortan en condiciones de clandestinidad, que siguen siendo criminalizadas y estigmatizadas por acceder a una práctica o por no poder acceder a la misma”, sostiene Rotondo.
La Organización Mundial de la Salud afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
También hace referencia al derecho que debe tener toda persona a ser dueña de su salud y su cuerpo, y a tener acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, sin ser objeto de violencia y discriminación.
Interrupción Legal del Embarazo
Para la referente, el proyecto de IVE “nos ha permitido poner sobre la mesa ciertos debates que tienen que ver con las prácticas de las interrupciones legales del embarazo y que esas prácticas deberían hacerse actualmente en todos los espacios de salud pública. Y aun así vemos que hay un montón de casos en donde niñas y personas gestantes que podrían acceder por las tres causales a un aborto legal, no pueden hacerlo o se ven obstaculizadas por profesionales de la salud objetores”.
Desde Andhes acompañan el caso de “Lucía”, la niña de 11 años que cursaba un embarazo forzado a causa de una violación. A pesar que el Código Penal Argentino contempla desde 1921 tres causales por las que el aborto es legal, el propio Estado obstaculizó el acceso a la interrupción legal del embarazo, demorando la práctica en perjuicio de la salud de la niña.
Derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos
Otro punto que señala Rotondo es la necesidad de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. “Visibilizarlos y conocerlos. Ahí entra una arista muy fuerte que viene sumamente ensamblada con la interrupción voluntaria del embarazo, que es la Educación Sexual Integral. No puede ser separado de este proyecto porque hace a los derechos sexuales. La información es poder, y esa información permite a las mujeres y a las personas gestantes poder decidir sobre sus vidas, planificar sobre si quieren o no tener hijos. Además resulta fundamental la voluntad política para llevar a cabo la correcta implementación de la ESI con un presupuesto acorde”, argumenta.
Una vida libre de violencias
“Tenemos que pensar en la cantidad de vulneraciones que sufren aquellas mujeres y personas gestantes que son criminalizada por abortar, aquellas mujeres que simplemente asisten a un sistema de salud pública que no está preparado o que no está sensibilizado, que no tiene idea de cómo atender, de cómo acompañar y los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres y personas gestantes ante este sistema de salud pública que todavía no tiene mucho conocimiento”, explicó.
Tucumán también es la provincia donde “Belén” estuvo 29 meses presa por un aborto espontáneo, siendo vulnerados todos sus derechos, en especial a la intimidad y a la privacidad.
No discriminación
“Con la ilegalidad de la práctica, hoy hay quiénes pueden acceder a abortos clandestinos de formas seguras, personas que tienen más acceso o poder adquisitivo. Pero hay quienes no. En ese sentido, pensar en el aborto legal y voluntario es sumamente importante que el Estado sea un garante de derechos, que sea una práctica que se dé de manera pública y gratuita y que todas las personas puedan acceder sin distinción”, aseguró.
“Entonces el derecho a una salud integral no sólo comprende a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo, sino a un acompañamiento integral y seguro donde no corra en peligro la vida”, definió.
El derecho de las mujeres a acceder a servicios integrales de salud
reproductiva, incluido el aborto, está arraigado en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, la salud, la intimidad y a no ser discriminado
La despenalización del aborto y el acceso al aborto legal no es una cuestión de valores morales, ideas filosóficas o creencias religiosas. Es una deuda pendiente del Estado Argentino en materia de salud pública, derechos humanos y de justicia social.
