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El 27 de febrero del 2019, luego de un mes que el Estado provincial obstaculizara el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), se le realizó la práctica médica a Lucía, la niña de 11 años que quedó embarazada tras una violación.
A pesar de las amenazas a los médicos por parte del Ministerio Público Fiscal, la niña fue sometida a una microcesárea y se cumplió el pedido de “que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro”.
Lucía fue forzada por el “Estado con complicidad eclesiástica” a continuar con un embarazo no deseado. Su abusador fue condenado, hace una semana, a 18 años de prisión pero ningún funcionario estatal fue sancionado.
“El Estado no implementó políticas públicas para que cesen los obstáculos institucionales que sufren niñas y adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a las ILE ni estableció medidas para combatir el abuso sexual en la niñez” señalan desde la ong Andhes.
El Estado nacional admitió ante la CIDH la vulneración de derechos a Lucía
Lo hizo en septiembre del año pasado, cuando Andhes, Cladem y el Colectivo de derechos de infancia y adolescencia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina.
Los comisionados de la CIDH remarcaron “la violencia sexual e institucional contra las niñas y la necesidad de cumplir con las leyes, responsabilidad indivisible del Estado” . El caso de Lucía no es aislado ya que en “2017, hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años, y 91.586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y los 19 año” remarcaron.
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Los fallos históricos de la justicia provincial
Gracias a la notoriedad que cobró el caso y la exposición que tuvo el estado tucumano, la justicia emitió dos fallos históricos, señalan desde Andhes.
- La justicia de familia ordenó al registro civil que refleje esa inexistencia de voluntad procreacional por parte de Lucía, al momento de la inscripción de la defunción de la nacida viva.
- Medidas reparatorias para la niña: una vivienda, tratamiento psicológico y un empleo público para su madre.
- La justicia penal no sólo condenó al violador sino que estableció también medidas reparatorias y garantías de no repetición. En este sentido, exigió al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para Lucia, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. Además, instó al PE a realizar relevamientos sobre abuso sexual infantil, desarrollar campañas contra la violencia hacia las mujeres con protocolos de denuncias en toda la provincia, en especial en 7 de abril, con perspectiva de derechos humanos y género.
“El embarazo forzado es tortura”
A pesar de los progresivos fallos de la justicia, aún no se han investigado “las responsabilidades de quienes buscaron forzar a la niña a continuar con su embarazo y de sectores antiderecho que divulgaron su historia clínica, violando así su privacidad y derecho a la intimidad. En el caso de Lucía, numerosos actores del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) actuaron activamente para impedir que Lucía pueda acceder a la ILE. El embarazo forzado es tortura” afirman desde Andhes y Cladem
Las organizaciones pidieron que el Estado intensifique las políticas públicas que busquen la prevención del abuso sexual en la niñez, la implementación de educación sexual integral en todos los niveles educativos tanto de gestión pública como de gestión privada y el cumplimiento de las medidas reparatorias ordenadas por la justicia ya que hasta ahora no hubo avances.
En tanto, reclamaron al Estado que “cesen los obstáculos y las violencias institucionales que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Tucumán, en particular, pero en la Argentina, en general. También exigimos que se deje de criminalizar la práctica y perseguir a profesionales que garantizan derechos”. Con esto se refieren al cierre de la causa contra José Gijena y Cecilia Ousset, medicos que le garantizaron la ILE a Lucía.
“La fiscala Adriana Giannoni criminalizó con su accionar las prácticas de las interrupciones legales del embarazo que están garantizadas desde 1921 en el Código Penal y ratificadas por la Corte Suprema de la Nación a través del fallo FAL. Tucumán debe adherirse al protocolo ILE ratificado por el Ministerio de Salud de la Nación” remarcan.
Adhesión de Tucumán al Protocolo ILE
“Es necesario que en los protocolos de Abuso Sexual Infantil se indique que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un derecho” y celebran que en diciembre de 2019 del Protocolo realizada por el Ministerio de Salud de la Nación se haya fortalecido las perspectivas en materia de niñez y discapacidad. “Sería importante que en Tucumán se aplique para responder a las exigencias judiciales de garantías de no repetición de abusos sexuales en la niñez”, concluyeron.
