La causa por Franco Almirón llega a juicio. El debate se realizará del 18 al 27 de agosto y se juzgará a Javier Nicolas Medina Quintana por Homicidio Agravado en grado de Tentativa y a Héctor Luis Lobo por Encubrimiento Agravado.
Por Equipo de Seguridad y DDHH ANDHES
El hecho que casi le quita la vida a Franco no es un caso aislado, evidencia una realidad cotidiana en Tucumán, parte de la política de estado: el uso sistemático de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los habitantes de barrios populares.
El 29 de agosto del 2024, en Avenida Martín Berho al 2000, Franco Ezequiel Almirón se encontraba en la vereda con unos amigos cuando se presentaron en el lugar tres agentes policiales del GEAM (Grupo Especial de Apoyo Motorizado) y sin decir una palabra, notificarse o dar voz de alto, dispararon en la cara a Franco dejándolo inconsciente en el piso y al borde de la muerte. La investigación penal reveló graves irregularidades: los tres policías involucrados abandonaron el lugar sin brindar asistencia, sin dar aviso a sus superiores que había una persona herida y dejando a Franco a su suerte.
La recuperación posterior de Franco fue muy lenta, estuvo internado en estado crítico con riesgo de vida durante 22 días, perdió la vista de un ojo y quedó con la visión reducida en el otro ojo. Secuelas irreversibles que afectarán su calidad de vida. Franco tiene hoy 32 años de edad.
¿Qué pasaba en Tucumán cuando le dispararon a Almirón? – Entre instigación a la violencia y semanas sangrientas
El 28 de agosto -un día antes del disparo a Franco- mientras la sociedad tucumana se encontraba conmocionada por el terrible caso de una niña de 11 años desaparecida en el sur de la provincia, el Jefe de Policía de la provincia realizó las siguientes declaraciones: “estamos hablando de un asesino, un delincuente, un psicópata, un loco que no merece vivir en esta sociedad (…) Estos homicidas no pueden estar libres, estos son los sujetos que se quejan de los arrestos porque no están cómodos”. Además, expresó “Hay que decir las cosas como son, nacieron delincuentes, morirán delincuentes. Esto es así. (…) Hay tantas reuniones que organizan contra los derechos de los delincuentes, hagan una reunión a favor de la víctima. Estamos cansados de tantos cuestionamientos por estos delincuentes que solo saben hacer daño a la sociedad”.
En la misma madrugada de ese 29 de agosto, un jóven fue asesinado por un policía en un intento de robo, quien según el propio relato del agente, al percibir un movimiento similar al que hace una persona cuando desenfunda un arma, decidió disparar primero, causando la muerte del jóven. Este habría sido el sexto homicidio de la semana del 20 al 29 de agosto de 2024.
Días después, el 2 de septiembre de 2024, un adolescente de 15 años fue asesinado a manos de un agente de policía, en el contexto de un supuesto intento de robo. Sobre este lamentable hecho, del que sólo trascendió la versión del agente que sobrevivió al suceso, las declaraciones del Jefe de Policía de Tucumán fueron las siguientes: “Los asaltantes y el policía eran de la zona. Quizás hasta se conocían. Ya nada será igual después de este lamentable episodio. El efectivo actuó correctamente y que sepan los delincuentes que terminarán muertos cuando se enfrenten a nuestros hombres. Seremos implacables, pero siempre dentro de la ley”. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2024, dió una nota a la prensa, en frente del Hospital Padilla donde se encontraba el agente implicado en el fallecimiento del adolescente y realizó la siguiente declaración: “No les vamos a permitir que nos ganen la calle, que nos ganen en un operativo, el delincuente que se enfrenta a un policía debe terminar muerto, debe terminar muerto, porque así debe ser. Porque ellos no piensan si el policía tiene o no familia, y nosotros tampoco tenemos que pensar en eso”
Los tres casos comparten un elemento inquietante: sin estar esclarecidas las circunstancias de los hechos por parte de la justicia -y si el accionar y uso de las armas por parte de los agentes estuvo dentro de la ley- el mensaje desde la Jefatura de Policía fué claro: respaldo explícito y legitimación a la violencia letal, el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza y las armas por parte de los agentes policiales, que también funciona como una instigación a enfrentamientos mortales con la policía y que plantea la idea de ocupación territorial de los barrios y villas por las fuerzas.
Estas no fueron las primeras -ni las últimas- declaraciones de los funcionarios públicos en este sentido. En noviembre de 2023, al inicio de esta gestión, el Jefe de Policía de Tucumán, realizó su primera manifestación como funcionario, con una amenaza clara hacia los ciudadanos y ciudadanas que habitan los barrios populares y villas de la provincia: “Nuestro mensaje está dirigido al delincuente. Que sepa que lo vamos a ir a buscar siempre en un marco legal. No vamos a permitir que nos ganen la calle, van a estar presos. (…) Queremos que la sociedad sepa que la Fuerza actuará con firmeza, no nos va a temblar el pulso a la hora de hacer prevención, ingresaremos al interior de los barrios, villas y meter presos a los delincuentes.”. La alusión constante a que las fuerzas están dispuestas a “ganar batallas” y la amenaza del uso de la fuerza contra un “otro”, y siendo ese otro el ciudadano que habita los barrios populares, sería desde un inicio el claro signo de la gestión actual de las políticas de estado provinciales en materia de seguridad ciudadana.
Pero ¿el uso abusivo de las fuerzas es un problema nuevo en la provincia?
Lamentablemente Tucumán cuenta con una larga historia de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, que implica un deficiente tratamiento de la problemática por parte de los tres poderes que conforman el estado provincial. Entre estos antecedentes podemos destacar: 1) la vigencia de la Ley de Contravenciones Policiales N° 5140, luego de casi 15 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaró inconstitucional en el caso “N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4°, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad”. En este fallo la Corte instó a la provincia a sancionar un nuevo régimen que se adecúe a los estándares internacionales en materia de detenciones sin órden judicial, sin embargo actualmente esta sigue siendo una herramienta utilizada por las fuerzas para la detención arbitraria de personas, detenciones en las que muchas veces se producen hechos de violencia policial que no llegan a conocimiento de la justicia. 2) La falta de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Pese a encontrarse vigente la Ley provincial N° 8523, por la que se creó el mecanismo provincial en el año 2012, hasta el día de la fecha no se encuentra conformada de manera efectiva la Comisión Provincial de Prevención para la Tortura de Tucumán, sin que hayan dado cumplimiento a su integración ninguno de los representantes del estado provincial que deberían formar parte. Esto deja a nuestra provincia sin un organismo de control del accionar de las fuerzas de seguridad, frente a un contexto de recrudecimiento del uso de la fuerza. ¿Quién controla a las fuerzas?. 3) Emblemáticos casos de violencia policial. Tucumán cuenta en su historial con graves hechos de muerte por uso ilegal y desproporcionado de las armas por parte de las fuerzas de policía. Entre ellos podemos recordar el asesinato de Ismael Lucena en el año 2011; el caso de Miguel Reyes Pérez, quien fue asesinado en el año 2016; el de Facundo Ferreyra -niño de 12 años que murió por un disparo en la nuca – en el año 2018; y el crimen de Luis Espinoza, durante una cuestionada gestión de la cuarentena, en el año 2020. 4) La crisis de los lugares de encierro. Tucumán atraviesa hace más de 10 años una grave crisis de sobrepoblación y condiciones indignas de los lugares de encierro, que ha transformado a las comisarías y dependencias policiales en lugares de depósito de personas y graves vulneraciones de derechos humanos. En este contexto, en el que hemos alcanzado cifras de sobrepoblación que cuadruplican la capacidad de alojamiento de las comisarías, se produjeron muertes en graves hechos, entre las que podemos mencionar: el fallecimiento de dos jóvenes (A.B y E.G) en la Brigada de Yerba Buena en el año 2015; y la muerte de cuatro mujeres jóvenes en la Brigada de Concepción en el año 2021, quienes fallecieron calcinadas dentro de la celda en la que se encontraban. En ambos casos, las víctimas reclamaban por mejoras en las condiciones de alojamiento.
¿Todo dentro de la Ley?
Como vemos, nuestra provincia tiene una larga historia de gestionar la problemática de seguridad mediante el uso abusivo de la fuerza y el poco apego al cumplimiento de las normas.
En los últimos años, este panorama se complejiza con el uso de herramientas legales o administrativas para vulnerar derechos. Un ejemplo de esto es el decreto 1290/1 que el Ejecutivo provincial anunció el 9 de mayo de 2024. Tras la viralización de peleas entre adolescentes, el decreto instruía al Ministerio de Seguridad a detenerlos y alojarlos en lugares de encierro para adultos, con la posibilidad de expulsarlos del sistema educativo. Este decreto, de evidente ilegalidad, fue modificado luego de los planteos de inconstitucionalidad.
Otro lamentable hito de la gestión actual en materia de seguridad son las detenciones en contexto de protesta social, un accionar que no es habitual en nuestra provincia. El 8 de julio de 2024, durante la visita del presidente Javier Milei por la vigilia del 9 de julio, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo de represión y detenciones arbitrarias. El operativo se realizó contra quienes organizaban actividades de protesta en distintos espacios públicos, restringiendo el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de circulación y a la protesta pacífica. Cuatro referentes de sindicatos y movimientos populares fueron detenidos en condiciones irregulares y trasladados a distintas dependencias policiales, sin voz de alto, diálogo o resistencia de su parte.
Desde agosto de 2024 se registraron numerosos operativos conocidos popularmente como “trencitos”, en los que las fuerzas realizan un despliegue excesivo de recursos materiales y humanos sobre los barrios populares para llevar adelante detenciones arbitrarias masivas y allanamientos ilegales.
Estos procedimientos en algunas oportunidades toman la forma de mega-operativos, en los que decenas de agentes de distintos grupos operativos, móviles e incluso el helicóptero de la Policía, despliegan un espectáculo en los barrios populares y periféricos, que busca causar miedo mientras se “barre” el territorio. Durante la realización de estos operativos se registran múltiples y graves vulneraciones y hechos de violencia institucional, sin un encuadre de ajuste a la legalidad; esto incluye detenciones de personas menores de edad que son alojadas en dependencias policiales, graves lesiones e incluso ejecuciones extrajudiciales.
En conclusión ¿quién nos cuida de la policía?
Las declaraciones del jefe de la Policía de Tucumán y el respaldo por parte de otros funcionarios públicos provinciales y nacionales, no son simples opiniones aisladas: son un mensaje oficial que moldea la cultura institucional de las fuerzas. Cuando la máxima autoridad policial dice que “el delincuente que se enfrenta a un policía debe terminar muerto” o que “nacen y mueren delincuentes”, está legitimando el uso de la fuerza letal como primera respuesta, borrando de un plumazo principios básicos como la presunción de inocencia, el uso progresivo de la fuerza o el respeto a la vida humana.
Ese discurso no solo es peligroso, es un permiso tácito para que los agentes actúen fuera de la ley. Los hechos recientes en Tucumán —incluyendo el ataque a Franco Almirón— muestran con crudeza que este permiso ya se traduce en operativos con graves irregularidades, disparos sin advertencia, abandono de personas heridas y encubrimiento.
Frente a esto, es necesario hacerse una pregunta incómoda pero urgente: ¿quién nos cuida de la policía? Porque una fuerza que dispara sin medir consecuencias, que actúa con impunidad y que recibe respaldo político para hacerlo, deja de cumplir su función de pacificar el conflicto, proteger a las personas y servir a la comunidad. No estamos ante casos aislados, sino ante un patrón que erosiona la confianza pública y amenaza la seguridad de todas las personas, especialmente de quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad.
La gestión de la seguridad ciudadana no puede construirse sobre la muerte, el miedo y el autoritarismo. Se debe construir con respeto a los derechos humanos y las obligaciones asumidas por el Estado, con control civil sobre las fuerzas y con un compromiso real de garantizar la vida de todos los ciudadanos. Mientras el mensaje desde la cúpula policial siga siendo que matar está bien, la policía no nos estará cuidando: estará poniéndonos en riesgo.
La justicia tiene el deber de no ser indiferente frente a este panorama.
Justicia por Franco. Ni un pibe menos. Basta de violencia policial.
