La Justicia de Río Negro ordenó esta semana el desalojo de predios “ocupados” por una comunidad mapuche lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Además ordenaron la detención de siete mujeres y cuatro de ellas fueron trasladadas al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión fue cuestionada por las abogadas defensoras por considerarlo una “pena adicional” y “falta de perspectiva de género”.
Al caer la noche del miércoles 5 de octubre, la jueza Silvina Domínguez dispuso el traslado de cuatro de las mujeres mapuches de la lof Lafken Winkul Mapu detenidas en el aeropuerto de Bariloche a la cárcel de Ezeiza, a 1600 kilómetros de su territorio, de sus familias, de sus abogados, para, supuestamente, garantizar sus derechos. El fundamento es que no hay lugar para la detención de mujeres en la ciudad pero, según destacan organismos de derechos humanos como la APDH Bariloche, la magistrada no acreditó haber consultado a las autoridades nacionales, provinciales o municipales sobre un lugar adecuado para la detención cerca de su domicilio.
Las mujeres trasladadas son Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Débora Vera y Florencia Melo. La abogada defensora Andrea Reile no fue notificada; mientras estaban preparando el escrito para oponerse a la decisión de la jueza que ya había trascendido, fue informada de que se había efectuado el traslado.
“La verdad es que Alberto Fernández lo pudo haber explicado con otras palabras, pero lo que están haciendo es cazar mapuches en el territorio como lo hicieron los Albatros (grupo de la Prefectura Naval) en el 2017. Esta situación es muy grave, es muy compleja y hay cosas que no se están justando ajustando a la legalidad”, sostenía horas antes de estos hechos, en comunicación con Canal Abierto, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
“La jueza Domínguez todavía no ha aceptado a la abogada defensora, entonces eso no le permite ver las actuaciones y ella está haciendo en este momento procedimientos sin informar a nadie de la defensa, más allá del secreto de sumario. Si la jueza no acepta a la defensora, ella ni siquiera está teniendo acceso al expediente.
En este momento, la abogada Andrea Reile está en el aeropuerto, en la comisaría de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para entrevistarse, para ver en qué condiciones están las detenidas incomunicadas, que es un derecho que asiste a cualquier ciudadano en la Argentina, sin embargo con el pueblo mapuche esa posibilidad no está”.
“Mientras tanto, en el territorio se avanza, continúan yendo a buscar, cazando mapuches y que esto pase ahora es realmente indignante, está fuera de toda legalidad, es un acto más del terrorismo de Estado que se ha venido haciendo disimuladamente en democracia. La verdad que lo que estamos sintiendo nosotros es que las últimas batallas o entreveros de la Conquista del Desierto no han terminado. Esto es una reedición, ni más ni menos: en el territorio, con la caballería, con los perros, rastreando gente para atraparla, para meterlos presos”.
C.A: Orlando, según nos indicaba un periodista local, la acción de la jueza era para desalojar el predio La Cristalina, pero se está avanzando sobre el territorio del lof recuperado a Parques Nacionales, ¿qué hay de cierto en ello?
-La acción en un allanamiento para secuestrar equipos. En realidad es un desalojo encubierto, que es más grave porque no se ajusta a derecho. No es que ellos fueron a hacer un allanamiento, sino que entraron a la carrera con todo el equipo, con gases lacrimógenos a un territorio comunitario. Esto es ilegal dentro del marco del derecho internacional y termina siendo avalado por una causa (la denuncia por la recuperación de La Cristalina) que tiene una semana y la jueza ya determina el desalojo cuando todavía había condiciones para el diálogo, el Estado todavía tenía posibilidad de resolver el problema territorial. Evidentemente el gobierno se cierra a cualquier posibilidad de diálogo.
También hay que marcar que el problema del pueblo mapuche no es sólo Mascardi. Eso es simplificar la situación, es uno de los problemas quizá el más visible hoy, pero hay un montón de problemas que nos tienen preocupados: judiciales, mineros, extractivistas en el territorio y si este es el abordaje que va a tener el Estado es claramente una política anti mapuche, una política antipopular.
Creo que el gobierno le sigue la agenda a la derecha, la agenda la impone Bullrich. Ella estuvo el sábado en la zona, pidiendo que se desaloje, que se salga a cazar gente. El Gobierno está jugando con fuego porque esta situación, más allá de ser un problema histórico y político que tiene la Argentina, en estas condiciones se puede recrudecer y de ahí después no hay retroceso.
Buscamos el diálogo con reconocimiento, buscamos condiciones para decir que el problema que hoy vivimos no es sólo Mascardi sino un montón de otros conflictos que son igual de graves. Está en juego la forma de vivir de un pueblo y a eso tenemos derecho. Me parece que la violación sistemática de los derechos humanos que del Estado argentino hace que la bandera de los derechos humanos le quede bastante grande ya.
C.A: Hoy hablamos con Gabriel Fuks, que participó en la mesa de diálogo establecida con la comunidad durante la gestión de Sabina Frederic, y nos decía, que con esta acción de la justicia y el gobierno “están pateando un hormiguero”.
-Exactamente, eso es lo que viene. Están están todas las comunidades mapuches preocupadas por esta situación. Ayer se cortó la Trochita, hoy están las lamien (mujeres) en el aeropuerto, vamos a llamar a movilizar. Es grave, además, que no están respetando la espiritualidad del pueblo, han invadido un sitio que tiene que ser respetado, es parte del derecho internacional. El Estado no tiene derecho a desarmar un rehue (objeto sagrado), como suponemos que está pasando, ni a secuestrarle los elementos sagrados a la machi. Ella es una autoridad espiritual de un pueblo, es la primera que en muchos años atiende a familias mapuches de comunidades de un montón de provincias, de Chubut, de Río Negro, de Neuquén, de Buenos Aires, de Santa Cruz, de La Pampa.
Todo eso es parte de de la ilegalidad con que está avanzando el gobierno. Esto es terrorismo de Estado.
C.A: Se está sembrando y generando un clima de enfrentamiento, ¿no?
-Sí, hay un clima de enfrentamiento de quiénes están del lado de los poderosos. Yo creo que muchos de los jinetes –se refiere a trabajadores campesinos que recorrieron a caballo las calles de El Bolsón, amedrentando a quienes protestaban por la represión– que están ahí esconden su identidad mapuche. El clima se va a poner complejo en la medida que esta tensión social se acentúe.
Una resolución arbitraria y discriminadora
La APDH Regional Bariloche repudió la decisión de la Jueza Federal de Bariloche de trasladar al Penal de Ezeiza en horas de la noche a cuatro de las mujeres detenidas en el desalojo forzoso de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El organismo impugnó la resolución destacando que hasta hace muy pocas se mantenía la incomunicación de las detenidas y se impedía el acceso de los abogados de la defensa para oponerse a la media ordenada.
“Esa decisión, contraria a los tratados internacionales, a la ley 26.485 y carente de perspectiva de género, causa un grave daño adicional a la privación de la libertad que es incluso rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo más grave aún cuando no han sido indagadas, ni resuelta su situación procesal. Es un acto violento contra las detenidas, miembros de pueblos originarios de por sí perseguidos y discriminados históricamente”, sostiene el comunicado de la entidad.
La suma de palabras muestra como se deshilacha un gobierno que alguna vez gran parte de sus votantes soñó popular: traslado, noche, discriminación, racismo, falta de debido proceso, conquista… desierto.
Foto principal: Luan Colectiva de Acción Fotográfica
