El informe “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial” detalla que Tucumán es una de las provincias con los niveles más bajos de capacitación, que los contenidos que fueron impartidos “no estan actualizados” y toma el fallo del juez Pisa como ejemplo de la falta de perspectiva de género en la Justicia.
La Fundación Micaela García, el Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de CDD Argentina, Abosex, AboFem y Cladem Argentina presentaron este jueves el “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal”.
En el año 2021, estas organizaciones realizaron pedidos de información pública sobre el cumplimiento de la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, en el ámbito de los Poderes Judiciales de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del próximo día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres a conmemorarse el 25 de noviembre.
Luego de varios meses presentaron este informe destinado a monitorear, desde una perspectiva federal, la manera en la que se implementa y el grado de cumplimiento de la capacitación obligatoria en género en los Poderes Judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El monitoreo indica que 18 jurisdicciones respondieron el pedido de información e indicaron que han dado inicio a las capacitaciones. Ocho (8) provincias informaron haber comenzado con las mismas en el año 2019 (Chaco, CABA, Chubut, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego), nueve (9) en el año 2020 (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, San Luis y Tucumán) y una (1) en el año 2021 (La Rioja).
Sólo un 25% de las jurisdicciones de todo el país han completado la capacitaciónes.El porcentaje del personal capacitado alcanzado varía según cada provincia. La provincia de Córdoba reporta el 88% del personal capacitado en Ley Micaela, seguida por Santa Cruz con un 65% de la nómina del personal judicial capacitado, mientras que la provincia de Formosa reporta un 61%, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y Misiones informan
el 56% y el 52% del personal capacitado, respectivamente. Luego siguen Santa Fe (45%), Chubut con el 36%, y Chaco con el 35%.
Tucumán entre los porcentajes más bajos del personal capacitado
Los niveles más bajos se reportaron las provincias de Mendoza (22%), Tucumán (20%) y Catamarca (12%), reportan.
Sumado a esto, Tucumán lo hizo con contenidos no actualizados de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al igual que Córdoba, Chubut y Santa Fe.
El fallo de Pisa como ejemplo de la falta de perspectiva de género en el poder judicial
¿Por qué es importante monitorear las capacitaciones en materia de género en el poder judicial? Porque la falta de dicha perspectiva profundiza y reproduce estas desigualdades que se traducen en fallos contrarios a estos derechos.
El informe analiza fallos posteriores a la sanción de la Ley Micaela, que han sido repudiados públicamente por reproducir y legitimar la violencia contras las mujeres y disidencias, en cabeza del Poder Judicial. Un ejemplo citado es el fallo de Francisco Pisa, juez penal de la provincia de Tucumán.
Pisa tenía bajo su competencia las denuncias de Paola Tacacho, quien durante cinco años solicitó medidas de protección en contra de quien terminaría siendo su femicida. “A pesar de los reiterados pedidos de justicia de Paola, el poder judicial tucumano no la protegió. En la última oportunidad en que denunció que su agresor había incumplido la restricción, el juez Pisa rechazó dicha denuncia por desobediencia judicial, ya que consideró que no tenía elementos que probaran que el denunciado infringiera las medidas. Finalmente, y a raíz de esta negativa Paola Tacacho fue asesinada el 30 de octubre de 2020 por su agresor, al que había denunciado veintidos veces”, esgrimen.
“El Poder Judicial es el principal responsable del femicidio de Paola. En noviembre de 2021 el juez Pisa fue destituido por el jury de enjuiciamiento en la provincia de Tucumán, por incumplimiento de los deberes a su cargo. Si bien se destituyó a un juez sin perspectiva de género, nadie nos devolverá a Paola, ni a otras mujeres que reclamaron incansablemente, justicia”, apuntan.
Por último, este monitoreo entiende que “la impartición de justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades”.
“Transformar el Poder Judicial desde los feminismos es una tarea que todos y todas debemos asumir, partiendo de la sensibilización y la formación como primer paso hacia una Reforma Judicial Feminista”, finalizan
