Repercusión internacional por la muerte de las cuatro mujeres detenidas en la Brigada

La OEA pide al Estado Argentino una investigación exhaustiva e inmediata sobre la muerte de Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Squilán, María José Saravia y Macarena Salina.

El incendio en la Comisaria de la Brigada Femenina de Concepción, sucedido el 2 de septiembre de 2021, donde murieron María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán está bajo la mira de los organismos internacionales.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó “preocupación por la muerte, durante un incendio, de mujeres detenidas en una comisaría de Tucumán y pide al Estado Argentino una investigación exhaustiva e inmediata”.

Las mujeres se encontraban privadas de libertad, bajo custodia policial, cuando se produjo el hecho. “El incendio se habría producido mientras las detenidas realizaban una protesta denunciando las precarias condiciones de detención y exigiendo el traslado a una cárcel”, señala el Comité.

Además aseguran que el las organizaciones de la sociedad civil refieren que la Comisaria de Concepción no cuenta con las condiciones mínimas de protección contra incendios, entre otros incumplimientos de los estándares internacionales sobre condiciones de detención.

“Este Comité recuerda al Estado Argentino su obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su legislación interna y de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de derechos de las mujeres y de las personas privadas de libertad, protegiendo de toda forma de violencia a las mujeres en situación de prisión” manifiestan.

En tanto apunta que “el Estado argentino está obligado a brindar especial protección a las personas bajo su custodia garantizando condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y adoptando medidas que permitan prevenir situaciones de riesgo que amenacen la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Los hechos ocurridos suponen una contravención de los artículos 1, 2 y 7 de la Convención de Belém Do Pará, entre otros instrumentos internacionales y de la legislación argentina”.

“El Estado, de acuerdo a los estándares interamericanos en la materia, debiere investigar de manera inmediata los hechos concretos, así como sancionar a las y los funcionarios de todos los niveles que fueron responsables directos o indirectos de la muerte de las víctimas, reparar a las víctimas indirectas, así como generar medidas de no repetición de estos hechos, revisar las prácticas carcelarias y las condiciones de detención de todas las mujeres en el país, hacer un acto de disculpas públicas y los actos simbólicos que sean necesarios para honrar a las víctima”, afirman.

Por todo lo expuesto, el Comité de Expertas solicita al Estado argentino que la investigación sobre los hechos sea exhaustiva, con perspectiva de género y respetuosa de los principios de imparcialidad y celeridad; que se actúe con debida diligencia reforzada, tal y como lo estipulan las normas de prevención, investigación, sanción, y reparación en casos de violencia contra la mujer. Tal investigación debe conducir al esclarecimiento de los hechos, al establecimiento de responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

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