El consejo directivo de la CGT volverá a reunirse entre los ecos de la reciente visita de Dilma Rousseff y con los cimbronazos de la economía acentuados en las últimas horas y la reforma laboral “que quebró acuerdos” previos.
“Ya he manifestado que no hay confianza en las propuestas del Gobierno, porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar“, adelantó el 1 de Mayo Carlos Schmid, en rechazo a la reforma laboral.
“Muchos vamos a rechazar este proyecto. El anterior fue en realidad un ensayo para terminar sancionando la ley de reforma previsional”, señaló Schmid y criticó la situación que atraviesan los asalariados.
La CGT elegirá una nueva conducción que reemplace a la actual, que “está recorriendo sus últimos días”, según apuntó Schmid.
Desde la vereda oficial, el ministro Triaca indicó: “El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral” e insistió en que buscan “generar vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto”.
“Eso tiene que ver con la formalización de trabajadores” por un lado, y por el otro, la creación de “un fondo de cese laboral“, vinculado con las indemnizaciones.
Este fondo sería “administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador“, indicó Triaca, para luego agregar que el principal objetivo de las iniciativas remitidas al Senado es “darle previsibilidad al empleado y al empleador”.
“Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo”, indicó el funcionario.
Así, trató de dejar en claro que “el fondo de cese reemplazaría la indemnizaciones tradicionales, sólo cuando estos convenios lo quieran”.
El ministro indicó que hay “cinco sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico”.
“El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización“, recalcó.
El Gobierno busca un amplio respaldo para sancionar su pack de proyectos laborales sin afrontar una crisis política como la de diciembre pasado, cuando los sectores duros de la CGT se vieron arrastrados a una batalla campal en Congreso contra la reforma jubilatoria.
Para evitarlo, Macri dosificará los cambios. “Tenemos el compromiso de hacerlo por etapas y jamás voy a tomar una medida que atente contra el modelo sindical o los trabajadores”, les aseguró el mandatario en marzo a la docena de sindicalistas que pisaron la Rosada.
Flexiblización laboral, en agenda
El Senado tiene previsto abrir en comisión en los próximos días el debate de tres proyectos de reforma laboral que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo. Están vinculados a:
– La regularización de trabajadores no registrados
– La creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud
– El sistema de prácticas formativas de los estudiantes.
No obstante, uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).
Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo “reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.
El Ejecutivo planea utilizar en lugar de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo, suscrito por las cámaras y el gremio principal de cada sector.
De esta forma, el empleador aportaría mensualmente un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción.
Otra de las iniciativas polémicas prevé la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud). Se trata de un órgano autártico encargado de delinear el Plan Médico Obligatorio, es decir, las prestaciones mínimas que deberán ofrecer las obras sociales.
Pero, además, “será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria”, por lo que el Gobierno responde así uno de los principales reclamos de las obras sociales.
Lupa en los proyectos
Las propuestas ya estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raíz de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y organizaciones sindicales.
Ahora, el Gobierno insistirá con algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres proyectos de ley, que fueron enviados el viernes al Senado y que serían girados a la comisión de Trabajo una vez que se registre su ingreso formal a la mesa de entradas.
El primero de los proyectos se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.
En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.
El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley.
El proyecto indica que “podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”.
En tanto que el demandado “se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”.
También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.
La iniciativa propone que “los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo”.
“Esta asignación se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa”, consigna el proyecto.
El último de los proyectos de ley crea la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
Respecto a su incumbencia, sostiene que competerá a la AGNET la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud.
Esto, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.
