En un juicio abreviado, la Sala III de la Cámara Penal Conclusional dictó la prisión perpetua para Pedro Pablo Rojas por el femicidio de Luciana Beatriz Salazar, asesinada el 9 de enero del 2020 en el barrio San Cayetano de la capital tucumana.
Rojas fue condenado por ser el autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género contra Salazar, quien era su pareja conviviente y madre de sus dos hijos menores de edad.
Luciana tenía 24 años y era madre de cuatro hijos. Fue asesinada de manera brutal en medio una violenta discusión en el techo de la vivienda de los abuelos del victimario en el barrio San Cayetano de la Capital. Aunque los vecinos intentaron auxiliarla y la trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Centro de Salud, la joven llegó sin vida.
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Rojas aceptó el juicio abreviado presentado por la Fiscalía de Cámara (MPF). El tribunal conformado por los Dres. Fabián A. Fradejas (presidente), Gustavo A. S. Romagnoli y Luís F. Morales Lezica consideró que la conducta del acusado fue desplegada en un contexto de violencia de género de larga data, ejercida contra quien fuera su pareja.
La escalada de violencias que recibió la joven concluyó en el brutal femicidio el pasado 9 de enero del 2020.
El fallo condenatorio sostiene que “no se puede dejar de considerar que subyace en este hecho, más allá de la muerte de la víctima Salazar Luciana Beatriz , que es el flagelo de la violencia contra la mujer que el Estado busca combatir a través de la prevención general, apareciendo la pena perpetua”.
Existe “la necesidad de brindar desde una mirada de política criminal respuesta a los episodios que han ido tejiendo un escenario en donde de una manera más recurrente las mujeres son víctimas de actos de violencia que terminan con su vida o con la vida de sus seres queridos” agrega.
Los menores serán asistidos por el Estado y accederán a la Ley Brisa
El fallo también contempla la situación de vulnerabilidad extrema en la que quedaron los hijos menores de edad de la víctima, quienes se encuentran a cargo de su abuela materna. Por ello la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, dependiente de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte, llevó adelante el acompañamiento del grupo familiar y gestionó en los organismos estatales pertinentes la entrega de un módulo de amoblamiento para su vivienda, ya que deberá afrontar la tarea de cuidado y crianza de los cuatro niños, hasta tanto puedan regularizar su situación.
Además serán asistidos para acceder al subsidio de la Ley Brisa, la cual prevé una reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género.
