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Un Monitoreo Social Sobre la Salud de las Mujeres en Tucumán, realizado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres, presenta un panorama general de las condiciones de acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en la provincia.
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir llevaron adelante un monitoreo para indagar sobre las condiciones reales de acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, de las usuarias del sistema de salud público, y también sobre la calidad de servicio de atención sanitaria brindado, la predisposición del recurso humano involucrado en la problemática dentro de las instituciones públicas y del nivel de empoderamiento de las usuarias.
Esta tarde, a las 19, se realizará la presentación en el Aula Belgrano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, que estará a cargo de la abogada feminista Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres y Coordinadora del Área Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir; la médica Adriana Álvarez, Tocoginecóloga, quien fue coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia; y de la psicóloga feminista Fernanda Mónaco, integrante de Mujeres x Mujeres, quien formó parte del equipo del monitoreo y trabaja en la salud pública.
La actividad estuvo organizada por el Observatorio de género y diversidad de la Facultad Derecho y Cs. Sociales y la Comisión Estudiantil Feminista de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales UNT.
“Tenemos un Estado ausente en la educación sexual y en la anticoncepción y un Estado que se muestra afín con la criminalización del aborto”, apuntó Soledad Deza
El año pasado, se presentó el monitoreo en la Legislatura de Tucumán, con una amplia concurrencia. En ese sentido, Soledad Deza destacó la importancia de acercar los números del monitoreo a otros ámbitos. “Pensamos que el campo académico también es fructífero para llevar adelante las discusiones que los resultados del monitoreo evidencian como necesarios”.
Sobre el monitoreo
Se trata de un trabajo estadístico de relevancia en el contexto provincial, dado que a 14 años de la sanción de la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la misma no es implementada en la provincia.
Más de 100 mujeres usuarias del sistema de salud público fueron entrevistadas en las puertas de los hospitales cuando salían de sus consultas.
También fueron entrevistados de forma individual 30 médicos/as, trabajadores sociales, enfermeros/as, psicólogos/as, agentes sanitarios/as y empleados/as administrativos/as.
Luego de más de un año de trabajo, entre la recolección de datos y el análisis de los mismos, el informe muestra un panorama general de las condiciones del acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en Tucumán.
El monitoreo también se construyó a partir de la información que se solicitó al Ministerio de Salud de la Provincia sobre la salud de las mujeres y la situación del acceso al aborto legal en Tucumán, que demoró más de dos años en ser entregado.
Consultada sobre los datos más relevantes que se desprenden del monitoreo, Deza apuntó a que la mitad de la población encuestada no conoce que son los derechos sexuales y reproductivos. “Lo señalo a esto porque, si bien quizás la Facultad de Medicina es un lugar estratégico porque hablamos de salud, la Facultad de Derecho también es un lugar estratégico cuando hablamos de construcción de derecho”.
Según el monitoreo, el 51% de las mujeres encuestadas identificó su primer embarazo como no buscado o no planificado, y la mayoría aclara que “vinieron solos”. A pesar de que el 87% de las usuarias reconoció haber utilizado alguna vez un MAC, sólo el 51% dice haberlo usado antes de su primer embarazo. El 39% dijo utilizar anticonceptivo oral, pero solo la mitad recibió información sanitaria sobre su uso.
La autonomía de las mujeres
De los números que arrojaron las estadísticas, el perfil de la usuaria del sistema público es una mujer que pertenece a un sector vulnerable. En términos de educación sólo el 42% alcanzó la educación formal obligatoria, en términos de pobreza: el 72% no tiene un empleo remunerado.
A través de los números presentados, donde el 60% de las usuarias dijo haber cursado al menos un embarazo no buscado o no planificado y que sólo el 56% conoce que una violación es cualquier relación sexual no consentida, sumado a las dificultades que manifestaron al acceder a información y a MAC, en el informe se plantea que “la autonomía -entendida como la posibilidad cierta que tiene cada persona de tomar decisiones libres y autogobernadas en relación a la propia vida- no es del todo practicable sin contar con educación, información y atención sanitaria basada en el respeto de los derechos y libre de toda violencia“.
Obstáculos para acceder a la salud sexual
En todas las instituciones de la salud pública se denunció desabastecimiento de insumos. “Si no hay información, la usuaria no va a pedir, si pide y no hay insumos es altamente probable que quede expuesta a la falta de protección en sus relaciones sexuales”, puntualizó Soledad Deza.
El 91% dijo que nunca le explicaron en una consulta de salud que hay abortos no punibles vinculado a los derechos de las mujeres. El 82% de las mujeres encuestadas dijo que nunca vio información gráfica sobre Interrupción Legal del Embarazo en un hospital.
Entre el año 2014 y 2016 hubo sólo 16 interrupciones legales del embarazo (ILE). En Tucumán sólo se hacen ILE en 2 hospitales: en la Maternidad y en el Hospital Eva Perón, según los datos presentados por el Si.Pro.Sa. La cifra de ingresos hospitalarios por complicaciones por aborto entre el año 2013 y el año 2016 es de 6.607.
Por otro lado, se registró una falta de difusión gráfica y campañas masivas de comunicación. Señalaron que en los espacios de salud pública no hay información ni cartelería. En muchas instituciones ni siquiera está identificado el consultorio.
La ley 25.673 prevé en su artículo 8 que las instituciones públicas deben realizar la difusión periódica sobre salud sexual y procreación responsable.
Los números en el debate por la legalización del aborto
El lema de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito es integral. Se habla de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”. Sobre este punto, la abogada, explica que en Tucumán el Estado no garantiza la educación sexual integral, ya que la presencia religiosa en el espacio público, educación religiosa en escuelas públicas, dificulta, cuando no impide totalmente, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas.
Y agregó, “tenemos una política, al menos desde el punto de vista normativo, prácticamente nula en materia de salud sexual por que la falta de adhesión a la ley 25.673. Esto se evidencia ante la falta de voluntad política para implementar el acceso a la salud sexual y reproductiva, lo que nos da como resultado un estado que no educa para que la población tome decisiones autodeterminadas sobre su propia vida. No provee información ni provee métodos anticonceptivos, entonces no puede acordarse de la misma población para ponerla presa. La ilegalidad del aborto supone eso, estar de acuerdo con la criminalización del aborto. Es una política de injusticia reproductiva, porque tenes un estado ausente en la educación sexual y en la anticoncepción y un estado que se muestra afín con la criminalización del aborto”, argumentó.
Podes leerlo aquí: http://mujeresxmujeres.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Monitorio-Social-sobre-Anticoncepci%C3%B3n-e-Interrupci%C3%B3n-legal-del-embarazo-Tucum%C3%A1n.pdf
