La plataforma de streaming Netflix se vio obligada a modificar las condiciones de contratación luego que el Gobierno de Buenos Aires la imputara de oficio por cláusulas abusivas que limitaban los derechos de los consumidores.
Una de esas cláusulas imponía que los pagos realizados por el consumidor nunca serían reembolsables por la empresa, limitando la posibilidad de reclamo y estableciendo que nunca se otorgaría crédito en favor del usuario.
A partir de la imputación que le hizo el Gobierno bonaerense, la plataforma dejó de utilizar leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos), y se adecuó al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Para eso tuvo que eliminar tres cláusulas que vulneraban derechos de consumidores según las leyes argentinas.
En una entrevista del Grito Sur al Director de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, relata como fue el proceso. Se trata de un importante precedente para pensar como se adaptan a las legislaciones locales otras plataformas internacionales que operan en el país.
Luego de la imputación que realizó la provincia de Buenos Aires a Netflix sobre los “Términos de uso”, la empresa eliminó las cláusulas abusivas, adecuando las normas que vulneraban los derechos de usuarias y usuarios del servicio. pic.twitter.com/TdUA79GdsF
— Defensa de las y los Consumidores Provincia BA (@ConsumidorPba) January 20, 2023
¿Cómo surgió la iniciativa de adecuar a Netflix a la legislación provincial?
A partir del trabajo del Ministerio de Producción decidimos revisar los contratos de determinadas empresas con posición dominante, ya que la gran mayoría de las personas no lo hacemos. Usualmente utilizan cláusulas abusivas a la hora de firmar el contrato y los consumidores no pueden defenderse. Uno le da para adelante, pega el enter, acepta “Términos y Condiciones” y se acabó. En este proceso encontramos que había cláusulas que eran incompatibles con lo que tiene que ser el servicio de una empresa. Entonces enviamos una carta, como se le manda a cualquier empresa, instándolos a la adecuación ya que entre los artículos constaban cosas como que los pagos realizados por el consumidor nunca serían reembolsados por la empresa e imponían la renuncia a una acción de reclamo colectiva. Y decían que ante cualquier controversia que tuvieran con el servicio, se regirían por las leyes del Estado de Delaware, en Estados Unidos. Pero las empresas que operan en Argentina se tienen que regir por las leyes argentinas. Finalmente, la empresa contestó inmediatamente y respondió que iba a adecuarse.
¿Esto puede servir como precedente para adecuar a otras empresas proveedoras de servicios y basadas en el exterior? ¿Facebook, Instagram o Youtube?
Absolutamente sí. Y no sólo del extranjero. Acá hay que dejar claro que el enfoque que tenemos es el derecho de los bonaerenses y no una actitud “antiempresa”. En algunos casos, cuando detectamos cláusulas abusivas, denunciamos a las empresas. Pero en otros casos nos llegan una gran cantidad de reclamos, sobre todo en el área de telefonía. Ahí también actuamos por lo relevante y lo masivo del reclamo. A veces emitimos multas, pero en el caso de Netflix no fue una multa. Netflix se adecuó a los términos y no tuvo ningún tipo de sanción. Ahora, si no la hubiera adecuado hubiera tenido multa. Eso es una decisión política: en enero se ingresó un proyecto de ley impulsado por la diputada provincial Gabriela de María, que planteaba algunos cambios en las multas, que habían quedado muy atrasadas. Por ejemplo, a una empresa que vulnera los derechos de los consumidores, antes se le cobraba un monto de sanción que iba en una escala entre un salario mínimo vital y móvil (NdR 62 mil pesos) a 500 mil pesos de tope. Con esta actualización se prevé que aumente a 300 millones de pesos. Entonces las empresas que vulneren los derechos les va a salir claro.
¿Creés que hay una vacancia en cuanto a defensa del consumidor en internet?
En la Provincia fuimos modificando muchas cosas, pero las herramientas las tenés. En el fondo de todo esto, está la decisión política del Gobernador de saber para qué vinimos en cada una de las áreas. No vinimos a perseguir empresas, pero no queremos que sigan vulnerando derechos. Pero actuamos en base a denuncias. Hace poco intervenimos en el caso de una Prepaga que no había cumplido en garantizar el derecho al aborto, y en ese caso muy puntual, de una ciudadana que planteaba este problema, estuvo la provincia para apoyarla. Acá solo fue mirar las cláusulas y lo bueno es que sienta un precedente para otros países de América Latina y para toda la Argentina. Hoy, si una persona entiende que el servicio de Netflix es deficiente, no tiene que ir a un tribunal en Delaware, puede ir al de La Matanza.
¿Qué se le sugiere a los usuarios que tengan sus derechos vulnerados? ¿Cómo proceder?
Lo primero es radicar la denuncia en Defensa al Consumidor. Se inicia una etapa de conciliación, donde se resuelven la gran mayoría de los casos. Pero en otros casos sigue y la realidad es que la gran mayoría se van resolviendo. Acá apostamos a que se cumplan los derechos.
¿Qué clausulas se eliminaron?
-Imponían que los pagos realizados por el consumidor NUNCA serían reembolsables por la empresa, limitando la posibilidad de reclamo y estableciendo que NUNCA se otorgaría crédito en favor del usuario.
-Imponían la renuncia de las y los consumidores a iniciar reclamos y a participar en acciones colectivas en defensa de sus derechos.
-Establecían que los Términos de Uso se regirían por leyes estadounidenses del Estado de Delaware, en violación al Código Civil y Comercial de la Nación.
