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En octubre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la denuncia presentada por Praxedes Candelmo Correa por violencia mediática, y ella habló hace pocos días por primera vez de esto en el podcast No Se Puede Vivir Del Amor de Franco Torchia. En el marco del mes del orgullo, acercamos algunas reflexiones sobre las posibles implicancias de este caso y la importancia del reconocimiento y efectivización de los derechos humanos de personas travestis/trans en nuestro país.
Quién es Praxedes
Praxedes Candelmo Correa es una mujer trans, actualmente trabaja de enfermera, y llegó a los medios por la denuncia realizada en el año 1987 contra Héctor “Bambino” Veira, entonces Director Técnico de San Lorenzo. El 17 de octubre de ese año, Candelmo era un niño de trece años que, junto con un amigo, se había acercado al Bambino a pedirle un autógrafo en la calle. Veira, con la excusa de que su lapicera no funcionaba le pidió al niño que lo acompañara a su departamento. Esa noche Praxedes le contó a su mamá que Veira lo había violado. Se realizó la denuncia correspondiente ante la justicia local, en donde el camino no fue simple ni sencillo. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia condenatoria en favor de Práxedes, pero el “ídolo futbolístico” estuvo preso solo durante 11 meses. Desde entonces Candelmo denuncia que sufre hostigamiento, persecución y discriminación por parte de la prensa, debido al carácter público de su agresor, y a su identidad y expresión de género.
Práxedes, en el año 2004, inició acciones legales en la justicia argentina contra Matías Martin, Gastón Portal y Telefe por la discriminación sufrida en el programa “Aunque usted no lo viera” por la utilizacióin de su imagen para burlarse de ella por su identidad de género, que no cesó a pesar del pedido por escrito a los productores de Telefe. Entre lo relatado describe gestos de repulsión realizados por Martin, comentarios negativos sobre su apariencia física, y la utilización de su imagen mientras se escuchaba una voz en off diciendo “el amor verdadero existe, excepto que se le pongan “travas”.
Práxedes denuncia que la violencia mediática sufrida le generó daños a su familia, conflictos en su vida cotidiana en su barrio, y ha repercutido en su libertad para expresarse y desenvolverse conforme a su identidad de género. Ella denuncia la desprotección de las autoridades argentinas, porque en nuestro país estos reclamos fueron desestimados. La denuncia fue reivindicada a nivel internacional por la CIDH y declarada admisible, al considerar, contrariamente a la justicia argentina, que debe investigarse a fondo esta situación.
Como se denuncia ante la CIDH y donde reside su importancia
La CIDH (que es diferente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos), investiga las violaciones de DDHH cometidas por los Estados, y formula recomendaciones para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, buscando que estas situaciones no se repitan en el futuro, se investiguen correctamente, y se repare a las víctimas.
Cualquier persona, grupo de personas u Organización No Gubernamental (ONG), por sí misma o en representación de otra, puede presentar una denuncia o petición ante la CIDH. El principal requisito es que se denuncien violaciones de los DDHH cometidos en países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Tras la presentación de una petición, la Comisión decidirá en primer lugar si admitir a trámite la petición, hecho que ya sucedió con Práxedes. Luego, la CIDH procede a analizar en detalle las violaciones de DDHH denunciadas, pudiendo intentar llegar a una “solución amistosa” entre las partes implicadas. Si la CIDH en el análisis en profundidad del caso considera que se violaron DDHH, en particular aquellos protegidos por la Organización de los Estados Americanos como ser la Convención Americana de DDHH o la Convención Belém Do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, publicará un informe con recomendaciones al Estado. Este informe sería importante porque dejaría expuesta las violaciones de DDHH del Estado argentino contra Práxedes, y lo obligaría a reparar esa situación, y a realizar cambios en sus prácticas o incluso en la ley. El no cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH de un Estado, habilita a la Comisión a hacer público el caso, y también a enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia que a nivel internacional tiene una gravedad mucho mayor.
Importancia del caso
La CIDH manifiesta en este caso su “preocupación por el uso de lenguaje discriminatorio, así como de estereotipos dañinos y perjudiciales en los medios de comunicación, toda vez que podría incitar a la violencia contra las personas LGTBI”. La CIDH no hizo lugar a lo presentado por el Estado Argentino en línea a una supuesta improcedencia del reclamo, y fundamentó la necesidad de un estudio de fondo en el hecho que los derechos humanos en juego son muchos.
En esta misma línea, y en el marco de la presentación del informe “Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” , la CIDH ha resaltado que, “dentro del universo de personas LGBTI, las personas trans y de género diverso son aquellas que se encuentran expuestas a mayores niveles de vulnerabilidad y suele ser víctimas de mayores niveles de exclusión, estigma y prejuicio social”.
Este informe contiene un análisis del desarrollo del reconocimiento de los derechos a la identidad y expresión de género en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se reconoce que sigue existiendo un largo camino para satisfacer completamente las necesidades de protección y reconocimiento de las personas trans y de género diverso en la región. Reiteran allí la importancia de que los Estados Miembros de la OEA (entre ellos Argentina) adopten diversas medidas legislativas, judiciales, ejecutivas y políticas públicas que reconozcan la identidad y la expresión de género como categorías prohibidas de discriminación, así como otras acciones específicas en favor del reconocimiento legal de la identidad de género.
Argentina y los derechos de mujeres trans
Praxedes actualmente es enfermera y trabaja de eso, pero sabemos que la inserción laboral formal no es la regla para mujeres trans en nuestro país a pesar de haberse sancionado la Ley de cupo laboral travesti/trans el 24 de junio del 2021. Esta obliga al sector público nacional a reservar al menos el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero, desde una perspectiva integral, federal y transversal.
A este avance normativo se suma la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, y la pregunta por la identidad de género por primera vez incorporada en el censo 2022 que viene a saldar una gran deuda. Conocer cuántas personas travestis y trans hay en el país, donde residen y cómo, resulta clave para el abordaje de las políticas públicas del Estado.
En un contexto de exclusión estructural de las personas travestis/trans, de continua persecución, violencia y discriminación, la admisión a este reclamo representa un hito político clave. Resulta fundamental reconocer violaciones históricas a DDHH de las personas travestis/trans, que a pesar de ser anteriores a los avances normativos, persisten en la realidad fáctica de nuestro país.
La utilización de estos mecanismos de reclamo, sobre todo a nivel internacional, son una forma de visibilización de las problemáticas y no suelen ser usados de manera frecuente. Debemos seguir de cerca este reclamo y las posibles recomendaciones al Estado argentino, así como la efectiva implementación de las leyes y tratados ya existentes para trabajar en la prevención, sanción y erradicación de las violencias hacia la población travesti/trans. La violencia mediática y simbólica contra mujeres, lesbianas, travestis y trans es una constante, y es necesario modificar estas prácticas desde una comunicación responsable y respetuosa de los DDHH, pero también a través de decisiones estatales y políticas públicas que busquen darle respuesta a esta violencia ya reconocida como tal en nuestro marco legal.