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En el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes hablamos con Luciana Margarita Bollea, ex referente focal territorial de asesorías en salud integral en el marco del Pan ENIA, para conocer el estado actual de esta política y las consecuencias de su desfinanciamiento.
Luciana Margarita Bollea ex Referente Focal Territorial de Asesorías en Salud integral, coordinaba el dispositivo de asesorías y su equipo en la provincia, en los tres departamentos priorizados: Cruz Alta, Tafí Viejo y Capital. La Nota Tucumán conversó con ella para conocer la actualidad del Plan ENIA, el desfinanciamiento y el por qué es importante sostenerlo.
“El Plan ENIA actualmente está desmantelado”, comienza su relato Luciana. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia se trata de una política pública de alcance federal que se creó en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de promover el acceso a los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como también la prevención de los embarazos no intencionales y maternidades forzadas en la adolescencia.
“El programa había logrado avances realmente muy importantes en la reducción de la tasa de embarazos adolescentes, especialmente en provincias con altos índices como Tucumán, Salta y Jujuy. El actual gobierno redujo los fondos en más de un 70%, afectando la provisión de anticonceptivos y la continuidad de los equipos que brindaban asesoramiento en salud sexual y reproductiva en escuelas y centros de salud”, continúa la referente.
Desde el 2017, hasta la llegada de la motosierra, el gobierno nacional ocupó un rol clave brindando apoyo técnico, recursos y personal para las provincias con el objetivo de sostener consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas. Esta política se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste y del Noroeste y en la provincia de Buenos Aires. Estos departamentos fueron priorizados debido a la cantidad de embarazos no intencionales que registraban.
Consecuencias de la motosierra
“Este desmantelamiento va a tener graves consecuencias a largo plazo, ya que no solo ya está aumentando la cifra de embarazos sino también aumenta la pobreza y las brechas de género”, expresa Luciana.
En un informe elaborado por las organizaciones sociales ACIJ, ELA, REDAAS y CEDES, se muestran las consecuencias de la desfinanciación del Plan ENIA.
El embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son madres: sólo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel.
A su vez, las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años).
“Todos los profesionales que trabajábamos en el programa quedamos sin contratos este año, 63 en la provincia de Tucumán y 620 a nivel nacional”, cuenta Luciana. Los profesionales que se desempeñaban en este plan eran docentes, enfermeras/os y psicólogos/as.
Bollea agrega: “La atención en zonas rurales y vulnerables han quedado sin cobertura. Todos los días recibimos mensajes de adolescentes, padres y personal de las instituciones educativas y de salud preguntando si los agentes territoriales van a volver porque no dan a basto con las problemáticas que se presentan”.
Financiación
Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,5 millones.
El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de U$S 140 millones mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA.
Ante esto, Bollea refuerza el argumento explicando que “el Plan ENIA demostró ser una política pública efectiva y de bajo costo, por eso su desfinanciamiento es un retroceso importante en la salud sexual y reproductiva de adolescentes en Argentina y especialmente en el interior del país”.
¿Por qué hay que sostener el plan ENIA?
Previo a la implementación del plan, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.
Para 2021, se logró reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años lo que se plasmó en los resultados del Censo 2022, datos que indican una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos/as.
“La continuidad del Plan ENIA es fundamental porque tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los adolescentes y en la sociedad en general. La reducción del embarazo adolescente es uno de los motivos más importantes”, expresa Luciana.
El plan facilitaba el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como la colocación de anticonceptivos subdérmicos y asesorías especializadas en escuelas y centros de salud. Esto no solo previene embarazos, sino que también aborda temas como la violencia sexual y la salud mental, áreas clave en la atención de adolescente. Además, se comprobó que la deserción escolar se redujo al ritmo que se redujeron los embarazos no deseados de adolescentes.
El Plan ENIA es una política de bajo costo en comparación con los gastos asociados al embarazo adolescente y sus consecuencias. Es una herramienta que ha demostrado ser altamente exitosa que ahora se desmorona en las manos de un gobierno que se excusa bajo la idea de que su implementación forma parte de una “ideología de género” sin notar que a futuro van a ser altos los costo y los riesgos para el Estado si el plan desaparece.
