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Tucumán

Organismos de Derechos Humanos rechazaron el “Protocolo Maley”

El texto apunta a regular el uso de la fuerza para la Policía provincial. El proyecto proveería y autorizaría el uso de armas eléctricas a la policía de Tucumán.

Esta semana, el Poder Ejecutivo (PE) elevó a la Legislatura un proyecto para establecer los parámetros y las condiciones para el uso de armas en la Policía de Tucumán. Sucedió luego de que la provincia anunciará que no adheriría a la norma nacional, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich.

Este protocolo, firmado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, sería tratado en la sesión legislativa de este viernes,
donde el oficialismo contaría con los votos para darle fuerza de ley.

Además, en
el orden del día figuran otros dos proyectos de ley vinculados con la seguridad
en Tucumán, como el de adquisición de equipamientos para la Policía de Tucumán,
y una iniciativa que propone la creación de la Policía Municipal, dependiente
de los diferentes municipios que ya poseen vigías ciudadanos.

Los
Organismos de Derechos Humanos de Tucumán, Organizaciones Políticas, Sociales,
de trabajadores y estudiantiles, y militantes de diversos Colectivos, repudiaron
el proyecto que proveería y autorizaría el uso de armas eléctricas a la policía
de Tucumán.

En el
comunicado, argumentan que estas armas fueron rechazadas por la justicia
argentina en oportunidad de debatirse su inclusión en el armamento de la policía
de la ciudad de Buenos Aires, en el año 2010. En dicha ocasión la justicia
fallo en contra de tal medida en primera y segunda instancia expresando que “la
contratación de armas Taser para la ciudad, causaba una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales” y que “en nada impedía a la
Metropolitana el ejercicio de sus funciones de seguridad, ya que se utilizaban
actualmente otro tipo de armas no letales”.

“que el uso
de esta clase de armas nos remonta sin escalas a la dictadura y a sus prácticas
de tortura y que esta no es la respuesta a los problemas de seguridad, esta es
una forma de legalizar la tortura”

También
advirtieron sobre las declaraciones de

En ese
momento también cuestionamos las declaraciones del entonces Ministro de
Seguridad, Hoffer, quien dijo que las pistolas eléctricas “tienen muy
buenos resultados para casos de concentraciones masivas”. Este antecedente
constituye una advertencia que no podemos ignorar, pues efectivamente uno de
los usos que podría dársele a tales armas, es contra aquellas personas que
participen en concentraciones masivas, coartando el derecho de protesta, la que
hoy constituye parte del escenario diario en nuestra provincia, debido al
estado de crisis que atraviesa el país.

Desde las
organizaciones descartaron que este tipo de medidas sea una solución al
problema de la inseguridad.  “La
seguridad se construye con políticas públicas de atención a las necesidades básicas
de las personas, y con prevención del delito, porque si no es así, seguiremos
lamentando la muerte de más personas. Utilizar la mano dura como política de
seguridad, es solo una pantalla, para generar miedo y desarrollar una mirada
individualista del “sálvese quien pueda”, algo que rechazamos como forma de
vida en nuestra provincia”, argumentaron.

Entre las
organizaciones firmantes se encuentran H.I.J.O.S. TUCUMÁN, FUNDACION MEMORIAS E
IDENTIDADES DE TUCUMAN, ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO TUCUMAN, Liga
Argentina por los Derechos del Hombre filial Tucumán, CDH TAFI VIEJO, APDH
Tucumán, ANDHES, Frente Popular Dario Santillan, Colectivo Ni una Menos, SITRAJU
Tucumán, La 49 Tucumán, Causa Nacional Tucumán, Corriente Nacional Martín
Fierro, Agrupación Peronismo Auténtico, MST Juntas y a la izquierda, Mujeres X
Mujeres, Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional, y Cta de lxs trabajadorxs.

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