“Nos conocimos en la plaza, en esas marchas de los miércoles que hacen los jubilados en Tucumán. Elsa venía siempre con Rómulo, su compañero. Él tiene una discapacidad, y ella lo acompañaba a todos lados. Eran inseparables”, recuerda María Dolores Vera, jubilada, militante del Centro de Jubilados “La Cigarra” y del Observatorio Nacional de Discapacidad.
Elsa Ibáñez falleció esta semana sin haber podido acceder a la medicación que necesitaba. Tenía más de 60 años, cobraba la jubilación mínima, tejía y vendía lo que podía para sostenerse. Vivía con su esposo en una construcción precaria, en el fondo de la casa de un familiar. Elsa tenía epilepsia, su medicamento quedó fuera de la lista de remedios que el PAMI reconocía en un 100% y se le hacía imposible pagarlo. Vera había ayudado a gestionar una autorización para la cobertura completa del medicamento pero desde hace meses, el PAMI le entregaba la medicación “cortada”, según relata María Dolores. “La dejaron morir. No es un eufemismo. El PAMI la asesinó”, denuncia su compañera.
La historia de Elsa no es aislada: se repite en miles de hogares en Argentina. Jubiladas y jubilados que, tras una vida de trabajo, sobreviven con la mínima —actualmente de apenas $374.723,93. mensuales, menos que el valor de una canasta básica total—. Quienes necesitan medicamentos, tratamientos y asistencia por condiciones crónicas o discapacidad se enfrentan a un sistema que cada vez responde menos.
En medio del ajuste feroz impulsado por el gobierno de Javier Milei, los recortes al PAMI y al sistema de salud golpean con más fuerza a los sectores más vulnerables. “Estamos viendo un genocidio silencioso”, repiten desde organizaciones de jubilados, discapacidad y derechos humanos.
Mientras tanto, desde sectores del oficialismo no sólo no se asume ninguna responsabilidad, sino que se naturaliza la muerte como parte del “sacrificio” económico. El intendente de Caseros (Entre Ríos), Oscar Francou, defendió en los últimos días la política económica del gobierno nacional y afirmó que “es necesario que se mueran muchos jubilados para aumentar las jubilaciones”. Las declaraciones generaron repudio.
En Tucumán, el Centro de Jubilados “La Cigarra” difundió un comunicado en el que lamentan la muerte de Elsa:
“Murió la compañera Elsa Ibáñez por falta de medicación. El PAMI le restringió los medicamentos. Era la esposa del compañero Rómulo, que todos los miércoles está en Plaza Independencia, pensionado por discapacidad. Es un genocidio del gobierno nacional y provincial. Nunca fueron escuchados.”
En ese contexto, el Congreso Nacional aprobó recientemente una ley que establece un incremento excepcional y de emergencia para jubilaciones y pensiones, y la prórroga de la moratoria previsional. La iniciativa, impulsada por la oposición, propone aumentos mensuales y una recomposición para los haberes más bajos. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anunció públicamente que vetará la ley, argumentando que se trata de “demagogia” y que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
El próximo miércoles, jubilados y jubiladas volverán a marchar a las 10hs en Plaza Independencia para seguir exigiendo una jubilación digna y mantener viva la memoria de Elsa. Invitan a toda la sociedad a involucrarse y participar de las movilizaciones que se repiten todas las semanas.
