Mujeres en el encierro: construir inclusión frente a la vulneración de derechos

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Las mujeres y disidencias que están o estuvieron privadas de su libertad atraviesan numerosas situaciones de violencia, muchas por motivos de género. Desde la Red Creer, se brindan talleres, apoyo a emprendimientos y oportunidades que potencian sus habilidades.

Ser jefas de familia y único sostén económico al salir de la cárcel. Convivir con sus hijas o hijos en el contexto de encierro. Haber atravesado, en algunos casos, situaciones de violencia por motivos de género. Las mujeres que están o estuvieron privadas de su libertad atraviesan distintas formas de vulneración, aunque tienen derecho a trabajar y desarrollarse para obtener un sustento para ellas y sus familias. La Red Creer, a través de las organizaciones que la componen, les brinda oportunidades de formación, generación de emprendimientos y acceso al empleo.

Según las últimas cifras del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, las personas privadas de su libertad en Argentina en 2021 eran 101.267, de las cuales 4.476 eran mujeres cis y 151 mujeres trans. Cada una de ellas tiene nombre, apellido y una historia familiar e individual particular, pero, también, vivencias comunes. “La mayoría de las mujeres que se encuentran en contexto de encierro atravesaron alguna situación de violencia de género. Cuando salen en libertad, se enfrentan a un contexto muy complejo, donde deben sostener una casa y una familia, llevando consigo los antecedentes penales”, explicó Florencia Sequeira, coordinadora de la Red Creer. Si buscan un trabajo, las puertas se cierran porque tener antecedentes activa estereotipos negativos que excluyen.

Cuando se encuentran privadas de su libertad, suelen encontrarse con que “se rompan lazos afectivos y no tienen a nadie que las visite, sostenga o acompañen. Sus parejas no suelen visitarlas. Y esto tiene que ver con la condena social, que pesa mucho más en las mujeres, porque se las juzga por ‘no cumplir correctamente el rol de madre, de sostén y de mujer’ que la sociedad espera de ellas”, señaló Sequeira. El sistema también resulta perverso para aquellas mujeres, familiares y entornos directos de varones privados de su libertad, porque si bien ellas los visitan en prisión y los proveen de insumos, se convierten en el  sostén económico y afectivo de su familia.

Otro factor común es el motivo que suele llevar a las mujeres a estar detenidas: en la mayoría de los casos, son encerradas por el traslado de estupefacientes, lo que remite a una situación de estar a la merced de un otro con más poder, que, en general, es un varón. Esta dinámica reproduce lógicas patriarcales y se agrava cuando ellas se encuentran con “la imposición de penas desproporcionadas, largos procesos judiciales, el abuso de la prisión preventiva y la falta de medidas alternativas”, señala en un estudio la organización Mujeres Tras Las Rejas, integrante del espacio multiactoral.

“Desde la Red Creer, acompañamos a las mujeres privadas de su libertad de forma transversal. No solo dentro del contexto de encierro sino conociendo sus perfiles para acompañarlas, dándoles herramientas para que monten sus emprendimientos, articulando con organizaciones sociales y entidades públicas para garantizar viviendas dignas y educación para sus hijos”, relató la referente del espacio, integrado por más de cien organizaciones sociales, privadas y públicas que trabajan en generar oportunidades laborales reales y sostenibles para personas que están o estuvieron en contextos de encierro. Actualmente, trabajan con la población femenina de ocho unidades penitenciarias de Buenos Aires, Salta y Mendoza.

Experiencias de inclusión

“Mi emprendimiento es todo lo que sale del alma”, explica María Laura Fernández (44), que es chef y jefa de hogar. Tiene dos hijos y vive con uno en el distrito bonaerense de Florencio Varela. Con él transitó un arresto domiciliario y para que pueda cumplir con su escolaridad tuvo que pelear por obtener un permiso de 15 minutos para ir desde su casa hasta la escuela. Su proyecto gastronómico, “Sabores del Alma”, logró el apoyo de un Fondo Semilla, una de las herramientas económicas que aporta la Red Creer para que las personas puedan poner en marcha iniciativas que funcionen como sustento. Hasta la fecha, esta herramienta benefició a más de 70 mujeres.

Las cooperativas de personas liberadas también suelen recibir a mujeres que son familiares de personas que están detenidas, lo que ayuda a gestionar el ingreso económico necesario para sostener a sus familias, que muchas veces resulta el único, a la vez de encontrarse con pares que entienden su experiencia.

La Red también ofrece a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad talleres de habilidades socioemocionales que luego les aportan herramientas para su inclusión laboral y la construcción de lazos sociales. Esos espacios también ofrecen contención y escucha que resultan fundamentales para personas que no siempre encontraron oportunidades para desarrollar su confianza.

Como otra de las partes fundamentales del trabajo que lleva adelante la Red se encuentra la generación de empleo directo, lo que realizan las “empresas inclusivas”, que brindan seguimiento y oportunidades a personas que están o estuvieron privadas de su libertad. Cook Master es una de ellas: cuenta con una escuela de gastronomía en unidades penitenciarias y contrata a personas que hayan realizado los cursos que brindan.

“Hay una idea muy marcada sobre que la persona merece estar en la cárcel cuando se la acusa de un delito. Según el caso, sucede que sale y, si no conoció una forma de vida diferente o no tiene acompañamiento, hay posibilidades de que vuelva a cometer un delito”, interpretó Samanta Sacaba, responsable de Empleos, Capacitación y Desarrollo de Cook Master. “Para evitar la reinserción y trabajar por la inclusión, es importante llevar adelante acciones como las de la Red, y que se multipliquen”, convocó.

Acerca de Red Creer

Es un espacio colaborativo y multiactoral para el diseño, la implementación y la evaluación de distintas iniciativas de impacto colectivo orientadas a la inclusión socioeconómica de personas privadas de la libertad o liberadas, y para sus entornos directos. Está conformada por más de 100 organizaciones privadas, sociales y públicas de todo el país.

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