La medida se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y dispone la derogación de cinco leyes fundamentales para el área. El gobierno nacional apunta a la privatización del Cenard y a la razón social de los clubes, pero con estrategias y perspectivas de negocios.
El gobierno de Mauricio Macri eliminó la Secretaría de Deportes y la reemplazó por la Agencia de Deporte Nacional mediante un nuevo Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), en lo que significa la degradación del área y podría ser la punta de lanza para privatizar el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
De acuerdo con el decreto, el nuevo ente será un “organismo descentralizado y autárquico en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación” y se encargará del “diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia deportiva”.
En parte de sus nueve páginas, el DNU plantea la derogación total o parcial de cinco leyes clave para la protección del deporte: la 20655, la 27202; la 26.573 de creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) –al que el Ejecutivo ya le había dado financiamiento autárquico con la Reforma Tributaria; la derogación de tres artículos de la 27201 de asignación universal por hijo en el deporte, que el Gobierno nunca aplicó; y la 24.052, que creó la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo.
La reformulación del área que regula el deporte en podría servir para lleva adelante un negocio inmobiliario con los terrenos del CENARD. Así de lo denunció el diputado nacional del Frente para la Victoria y miembro de la Comisión de Deportes, Carlos Castagneto, al diario Página 12: “Primero le sacaron la plata al Enard, ahora desaparecerá la Secretaría, quieren vender el Cenard que tiene instalaciones que son patrimonio nacional y además privatizar el deporte”.
Además, reveló: “Hace unos días vinieron al Congreso dos abogados de la Superliga a hablar de las sociedades anónimas. Porque quieren que los clubes se conviertan en SA”.
Según el DNU, el organismo “posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran en asignación y los que adquiera en el futuro por cualquier título a nombre del Estado Nacional”.
Fuente: Página 12
