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Diferentes sectores convocaron a una nueva marcha universitaria en todo el país para este miércoles 2 de octubre en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario que planea el presidente Javier Milei.
La comunidad universitaria nuevamente saldrá a las calles en todo el país. El próximo miércoles 2 de octubre se realizará una marcha nacional para protestar frente a la fuerte crisis que enfrenta la educación en el marco del anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.
Luego de haber causado el peor rating de Susana Giménez con la entrevista que le brindó a la diva en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei espera la fecha límite para publicar en el Boletín Oficial el veto a la ley que garantiza la financiación a las universidades públicas de todo el país.
¿Qué implica la Ley de Financiamiento Universitario?
Esta medida busca principalmente declarar la emergencia universitaria, lo que significa actualizar los fondos destinados a la educación universitaria que son los mismos del año 2023.
Según un informe elaborado por Chequeado, para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 según la inflación acumulada ese año (del 211,4%). Luego se aplicaría un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Además, si la ley resiste al veto, desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el INDEC, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.
Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía $132.035,51, y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de $232.531,90. Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% registrada en diciembre), la caída hasta agosto fue del 23,71%.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El veto
El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por un sector del radicalismo en la madrugada del 13 de septiembre pasado con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del PRO Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala (PRO).
El Poder Legislativo recién le envió al Ejecutivo el texto sancionado el 19 de este mes. A partir de esa fecha, comienzan a correr los 10 días hábiles en los que el presidente puede vetar la ley, límite que se cumple este jueves. El veto significa la no promulgación y un retroceso de la ley lo que contempla su regreso a la Cámara de Diputados. Si para el viernes a la mañana, el veto no está publicado en el Boletín Oficial, la ley es automáticamente promulgada, lo que sería un triunfo para la educación universitaria.
Debido a la agenda del presidente que contó con eventos como su paso por la ONU, por los incendios de Córdoba y el living de Susana improvisado en la Casa Rosada, el veto no salió a la luz aún. Sin embargo, fue el mandatario quién anunció a través de sus redes sociales que el rechazo a dicha ley era un hecho. Según Infobae, el Decreto con la decisión presidencial ya está preparado, pero todavía la cúpula libertaria no dio la orden de publicarlo en el Boletín Oficial, por lo que el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, espera la indicación para darle el trámite correspondiente.
La marcha
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) anunciaron una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre.
A su vez, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su “profunda preocupación” por la situación crítica que enfrentan las universidades. ADPRA advierte también que la ley cuestionada por el gobierno “no genera un impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las universidades en base a los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales. Esto asegura que el sistema educativo no sufra una erosión presupuestaria a causa de la inflación, sin representar un aumento desmedido del gasto público”.
En Tucumán la convocatoria por parte de diversas organizaciones es a partir de las 17hs desde el Rectorado de la UNT, o desde la Plaza San Martín hacía la Plaza Independencia bajo el lema “En defensa de la educación pública”.
