Así lo afirmó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de ayer en La Plata por el Día de la Militancia. Además llamó a “militar por una Argentina” con un “modelo sustentable económico y social” que permita reeditar los logros alcanzados en las gestiones del 2003 al 2015 y afirmó que será la gente la que tendrá que “decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvo”.
“Convirtamos el 17 de noviembre en el día del militante por la Argentina, que necesita militantes de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales”, pidió la vicepresidenta, casi en el cierre de un discurso con el que reivindicó las tres gestiones kirchneristas tras la crisis económica, política y social de 2001.
Fernández de Kirchner fue la única oradora del acto por el Día de la Militancia que se realizó esta tarde en el estadio Diego Maradona de La Plata, donde una multitud celebró el 50 aniversario del regreso de Juan Perón a la Argentina, en 1972, tras 17 años de exilio.
Ante un estadio colmado, en el que se estrenó el lema “La Fuerza de la Esperanza” y que coreó con insistencia un “Cristina Presidenta”, Fernández de Kirchner respondió: “Como decía el General, todo en su medida y armoniosamente”.
“Acá lo único nuevo que hay somos nosotros. Los que cambiamos la Argentina después de 2001 somos nosotros”, expresó en un tramo de su mensaje, en el que recordó que durante los gobiernos kirchneristas los trabajadores alcanzaron “el 50% de participación en el PBI” y el país tenía “los salarios más altos en dólares de Latinoamérica”.
Recordó que entre 2003 y 2015 la Argentina “lanzaba satélites al aire, teníamos el mejor salario en dólares de Latinoamérica y millones de viejos y viejas pudieron jubilarse”.
“La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina”, expresó y exhortó a sellar un nuevo “acuerdo democrático”, que también elimine la violencia como “instrumento político”.
Cristina remarcó que el atentado que sufrió el 1 de septiembre “quebró el pacto democrático” alcanzado en el país tras las dictaduras militares y tuvo como objetivo “suprimir al peronismo”.
“Es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina volver a reconstruir ese acuerdo separando a los violentos”, planteó y pidió terminar con “debates berretas de mano dura y garantismo” y cuestionó la gestión del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Cambiemos.
En ese contexto, definió a la inseguridad como una “deuda” de la democracia y postuló avanzar en acuerdos que permitan delinear políticas de seguridad que eviten la “autonomización” de las fuerzas y garanticen su control civil.
“Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil”, declaró y se preguntó por qué no desplegar gendarmes en el conurbano bonaerense para poner la mirada en “esos lugares que están sufriendo” la inseguridad, en vez de mantener a los efectivos en la Patagonia, donde “no sabemos qué están haciendo”.
Con todo, marcó como prioridad el “orden de una sociedad con padres y madres que trabajan y con chicos que van a estudiar y vuelven a comer a sus casas, no en las escuelas o en los merenderos”.
Para eso, dijo, es necesario una dirigencia “comprometida” con “encarar y resolver” los problemas del mundo y de la Argentina en la pospandemia.
“Una cosa es equivocarse con un proyecto político y otra cosa es equivocarse con el dolor del pueblo”, subrayó.
Sobre la Justicia
La vicepresidenta que en el país hay jueces “sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática que deciden sobre la libertad y el patrimonio” de la gente y son “dispositivos de control de la voluntad popular”, y advirtió que “donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos” el sistema “funciona”.
En ese contexto, sostuvo además que “no es bueno para la democracia y el pueblo” que sean los magistrados los que “deciden sobre las políticas económicas del país”.
“Hoy esta inflación que tenemos de 6,3%, cuando uno mira el desagregado uno ve que las telecomunicaciones miden 12 puntos, el doble, porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar”, reseñó.
“Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona”, sostuvo y aseveró: “No es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que decidan sobre las políticas económicas de un país”.
La presidenta del Senado alertó que “no crean que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, y ni qué hablar en todo lo que es violencia o lo que vemos de mujeres que van 20 veces a la justicia y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada”.
“Nadie se hace cargo de nada, total están ahí sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática”, denunció.
Y seguidamente interpeló: “¿Cómo puede haber gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y contemporáneo? Nada”.
“Son rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular”, clamó.
El escenario político
La vicepresidenta señaló que las elecciones de 2023 “se pueden ganar” pero que será necesario que los argentinos “tiren para el mismo lado” ante los condicionamientos “brutales” que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.
Ironizó sobre “una fuerza política no tan novedosa que dice que los 90 fueron lo mejor de la historia y que dice que son lo nuevo”.
“Acá lo único nuevo somos nosotros que cambiamos la Argentina después de la crisis del 2001”, insistió.
Consideró necesario y llamó a la dirigencia del Frente de Todos a “explicar” a la sociedad los “graves condicionamientos” que tiene la Argentina luego de la deuda adoptada por Mauricio Macri con el FMI.
