“Le exigimos al Estado que haga entrega de los territorio a las comunidades indígenas”

Así lo manifestaron miembros de la comunidad Los Chuschagasta en el marco del acto por los 12 años del asesinato del comunero Javier Chocobar.

Miembros de las comunidades Los Chuschagasta y Pueblo de Tolombón junto a organizaciones sociales concentraron este martes en Plaza Independencia de la capital tucumana. “Como cada 12 de octubre desde hace doce años el principal objetivo es el pedido de justicia por el asesinato de la Autoridad Tradicional Javier Chocobar, hecho ocurrido el 12 de octubre de 2009” manifestaron.

En tanto el Pueblo Chuchagasta manifestaron que el 12 de octubre “es una fecha emblemática para todos los pueblos originarios de América, es recordada por tratarse del mayor genocidio originario del cual se tiene memoria causado por la llegada de los españoles en el año 1492.”

A su vez el referente comunitario Audolio Chocobar, hijo de Javier, manifestó ante varios medios locales:

“El 12 de octubre se cumple un aniversario más de la muerte de mi padre. Venimos a exigir que la sentencia quede firme, si bien los asesinos siguen en libertad, ellos han sido condenados el 24 de octubre del año 2018. Nosotros le pedimos a la justicia, especialmente a la Corte Suprema de la provincia de Tucumán que ratifique y haga cumplir las condenas a los dos asesinos Humberto Luis Gómez y José del Milagro Valdivieso Sassi. El tercer asesino, el terrateniente Dario Luis Amín murió hace unos meses atrás en su casa rodeado de su familia, tranquilo, cuando él debía estar cumpliendo su condena en cárcel común. La lentitud de la justicia avala a estos asesinos otorgándoles la libertad.

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Audolio Chocobar

Queremos que esta etapa del proceso judicial avance de una forma más rápida y justa. Consideramos que la demora de la justicia pone en riesgo nuestras vidas, tres años pasaron desde que se realizó el juicio oral por el asesinato de mi padre y aún la sentencia no queda firme. No es lógico que tengamos que salir a las calles nuevamente para visibilizar nuestra situación y exigir justicia, es una vergüenza lo que está pasando.

Con los asesinos en libertad nosotros nos sentimos constantemente amenazados por estos sicarios. En el año 2019 también nos han querido desalojar, en esa ocasión la persecución por parte de los Amín fue hacia Ismael Chocobar referente comunitario de los Chuschagasta y sobrino de mi padre,con este tipo de accionar nos sentimos toda la comunidad Los Chuschagasta amenazados por estos usurpadores y asesinos. No sólo es el caso de nuestra comunidad actualmente están ocurriendo otros desalojos en otras comunidades. En la comunidad de Tolombón que es una comunidad vecina también se ha producido un desalojo violento hace unas semanas atrás desalojaron a el comunero Máximo Román Ríos un abuelo de 87 años pedaciandole la casa de adobe donde él vive lo dejaron sin nada, con topadoras tiraron la vivienda abajo ese atropello fue orquestado por parte del terrateniente Javier Critto, la familia Critto han sido quienes no solo lo han desalojado a Román Ríos sino que también lo vienen hostigando y persiguiendo para tratar de despojarlo de su vivienda y apropiarse de esa forma de parte del territorio ancestral del pueblo Tolombón. Nosotros como Diaguitas y como familia de Javier Chocobar no queremos que este tipo de atropellos sigan ocurriendo a ningún pueblo originario.

Nosotros le exigimos al Estado que se haga cargo y que haga entrega de los territorios a las comunidades indígenas. Nosotros siempre hemos existido en nuestros territorios, a mi padre lo mataron él tenía 78 años y el durante toda su vida vivió en nuestro territorio ancestral, nació y vivió en la misma casa donde nacieron y vivieron sus abuelos.

Desde tiempos inmemoriales hemos existido los Diaguitas, son terratenientes los que bajaron de los barcos y son los mismos terratenientes que están respaldados por el Estado. Es una vergüenza que el Estado nacional y provincial no se hagan cargo de garantizar la implementación de las leyes en materia de derecho indígena vigentes siendo que nuestra comunidad tiene toda la documentación en regla, según los requisitos que nos pide el Estado. Contamos con personería jurídica y con el relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado en su totalidad según lo establece la ley 26.160 y sus prórrogas. Esta ley está vigente es una ley de emergencia, y de orden público y a pesar de ello está siendo violada ya que la misma prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios.

Exigimos que el Estado haga entrega de esos territorios para que los pueblos originarios y sus comunidades, nosotros la gente que vive en esas comunidades podamos vivir en paz. Es de suma urgencia la titularización comunitaria de nuestros territorios”.

Sobre la sentencia

El representante legal de la comunidad, Carlos Garmendia, expresó respecto al estado de la sentencia: “Si la Corte de justicia tucumana resuelve que no cumple los requisitos de la admisibilidad la sentencia queda firme y los dos condenados que hoy están en libertad que son Humberto Gómez y José Valdivieso deberían volver a la cárcel”.

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Manifestación en Plaza Independencia

“Ellos están en libertad porque se les ha cumplido el máximo de dos años de prisión preventiva y ese es el objeto de la queja de la comunidad. Si la Corte tucumana abre el recurso extraordinario federal va a Nación, si la Corte tucumana no tiene plazo la de Nación menos”, agregó

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