Dos jóvenes tucumanas fueron víctimas de violencia de género. Se animaron a denunciar, sin embargo descreen en las medidas judiciales para proteger su integridad física y recurren a los medios, a organizaciones sociales y a redes de pares para encontrar respuestas.
La Justicia tucumana parece no hacer eco en la urgencia de las víctimas de violencia de género. Las víctimas recurren a los medios, a organizaciones sociales, se contactan entre ellas, arman redes de apoyo, piden ayuda por redes sociales, denuncian, exponen su intimidad, esperan.
Luz Chocobar y Nadia Cano se conocieron en las peores circunstancias. Las unió el temor, pero también la fortaleza para denunciar el acoso y la violencia de género.
Nadia fue víctima de acoso por parte de Alvaro Quiroga quien la hostigó durante meses. La primera vez que lo vió fue en su trabajo y la invitó a salir. Ella le dijo que no, pero Quiroga no lo aceptó y volvió a insistir una y otra vez. El 16 de enero de este año apareció en la casa de Nadia junto a otro amigo e intentó sacarla de su habitación. Ante los gritos de ella, sus hermanos, Gonzalo y Marcos Tomás salieron a perseguirlos por la Avenida Mate de Luna. En la puerta de la Maternidad, Quiroga sacó un cuchillo y apuñaló a los dos dejando gravemente herido a uno y asesinando a Marcos Tomás.
Desde entonces, Quiroga se encuentra con prisión preventiva en una comisaría. Allí siguieron las amenazas a través de otro preso, quién tiene el mismo abogado defensor que Nadia. La joven ya realizó la denuncia por estos hechos pero teme que el Poder Judicial tucumano no escuche su pedido de que no quede en libertad. Tiene 21 años y teme por su vida. Su caso podría ser caratulado como femicidio vinculado, una figura legal que permite visibilizar otras muertes asociadas a la violencia por razones de género.
Luz fue víctima de un intento de homicidio. En agosto de 2020, en plena pandemia, su ex pareja, Lucio Arriazu, intentó asfixiarla, abusó de ella y la amenazó de muerte con un arma en presencia de su hijo.
Luz logró hacer la denuncia dos días después, sin embargo, las amenazas y el hostigamiento continuaron mes a mes. Si bien la Justicia dispuso una medida perimetral y una consigna policial, Arriazu continuaba hostigándola con amenazas. Vivió meses de calvario en los que estuvo encerrada y apartada de su hijo ya que para resguardarlo decidió enviarlo con familiares a otra provincia.
Tuvo que exponer su caso en la prensa por temor a lo que le podría suceder. Luego de una entrevista donde relata lo que sucedió, logró conseguir la prórroga de la consigna policial y que cese el hostigamiento. Sin embargo, a pesar de haber incumplido con las medidas de restricción perimetral, Arriazu continúa en libertad.
A lo largo de estos meses, Luz encontró a varias mujeres que también habían sufrido violencia por parte de Arriazu y que muchas denuncias fueron cajoneadas por la policía y la Justicia.
Esa misma Justicia que desestimó la denuncia de otras mujeres violentadas por Arriazu también desconoce la situación de peligro en la que se encuentra Luz. La causa, a cargo del fiscal Augusto Zapata, no fue caratulada como tentativa de homicidio y abuso sexual, actualmente está imputado por lesiones, amenazas y extorsión por difamación de secreto.
Mañana, junto a la familia de Paola Tacacho, otra víctima más de la violencia de género y de la desidia judicial, volverá a exponer su caso a los medios de comunicación y a exigir justicia.
La semana pasada, el Estado argentino reconoció públicamente su “responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos” que sufrió Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia de género desde el 2002, quien realizó diversas denuncias y recibió una serie de medidas judiciales que demostraron ser ineficaces. En 2017, la mujer fue víctima de un intento de femicidio por el que pasó 45 días internada en terapia intensiva.
Una y otra vez, los mecanismos formales demuestran no ser suficientes para prevenir y erradicar la violencia de género. Tucumán es testigo de casos en donde las víctimas agotaron todas las instancias para pedir ayuda, la Justicia las desoyó y terminaron muertas.
Esa es la urgencia de las víctimas de violencia de género que aún pueden denunciar. Es de vida o muerte que el Poder Judicial tucumano tome acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia.
