Durante la jornada de hoy, la fiscalía conformada por el fiscal federal Pablo Camuña y la fiscal auxiliar Lucía Doz Costas, realizaron los alegatos en el juicio por el homicidio de Luis Espinoza y la privación ilegítima de libertad de Juan Espinoza, hechos que sucedieron el 15 de mayo de 2020.
El juicio comenzó el 24 de octubre de 2022. Fueron 21 audiencias donde declararon 72 testigos y peritos. Se incorporaron al juicio pruebas de todo tipo producto de la investigación desarrollada en 2020 por el MPF Tucumán. Participaron 10 defensas, 2 querellas, la fiscalía y jueces federales de manera presencial y por zoom. La sentencia será el día 27 de marzo.
Al finalizar los alegatos, Camuña pidió las siguiente condenas de acuerdo al grado de participación de cada uno de los 11 imputados:
- José Alberto Morales como autor material penalmente responsable del homicidio de Luis Armando Espinoza, agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía, y como autor material penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones. Se lo condene a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta.
- Héctor Rubén Montenegro, Gerardo Esteban González Rojas, Claudio Alfredo Celaya como partícipes necesarios penalmente responsables del homicidio de Luis Armando Espinoza agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policías y como autores responsables de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones. Se los condene a prisión perpetua inhabilitación absoluta y perpetua.
- Emilia Rosario González como partícipe secundaria penalmente responsable del homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía y como autora material penalmente el responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza. Se la condena a la pena de 14 años de prisión inhabilitación absoluta por 17 años.
- Víctor Manuel Salinas como coautor material penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones y como autor penalmente responsable de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público. Se lo condene a la pena de 10 años de prisión inhabilitación absoluta por 13 años.
- Carlos Lisandro Romano como autor penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones y como autor penalmente el responsable de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario. Se lo condene a la pena de siete años de prisión inhabilitación absoluta por 10 años.
- José María Paz como partícipe secundario penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones y como autor penalmente el responsable del encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave. Se lo condene a la pena de siete años de prisión en la habitación absoluta por 10 años.
- René Eduardo Ardiles como partícipe secundario penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones y como autor penalmente el responsable del encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave. Se lo condena a la pena de seis años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y inhabilitación especial por 10 años.
- Héctor Fabio Villavicencio como partícipe necesario responsable de la privación ilegítima de la libertad de Juan Antonio Espinoza agravada por haber sido cometido en abuso de sus funciones y como autor penalmente responsables de encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave un concurso real. Se lo condene a cuatro años de prisión inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.
La fiscalía también solicitó una reparación para las víctimas por lo que considera un caso grave de violencia institucional y compromiso del Estado en brindar asistencia a la familia Espinoza.
