La violencia por motivos de género atraviesa nuestra historia como sociedad y nuestro presente. Ante la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -lo que quedaba del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad– muchos debates giran en torno a la falta de efectividad de las políticas públicas con perspectiva de género.
El primer problema surge al pasar por alto que la decisión de cerrar algo que en teoría no funciona es preferible a mejorar. Como si las políticas públicas fueran productos descartables y no un entramado de institucionalidad que sostiene vidas.
Más allá de la decisión política, existe desde hace años un criterio engañoso para dirimir la efectividad de las políticas de género, y se trata del conteo de femicidios ocurridos en un año, o incluso por trimestre. Es fundamental poder analizar esta unión de sentidos, porque no tiene fundamento científico ni político.
Antes de las luchas feministas, la violencia hacia las mujeres estaba tan naturalizada que no había margen para la denuncia y, en muchos casos, incluso estaba considerada como algo legal. Por ejemplo, el abuso sexual por parte de maridos a sus esposas estaba justificado como deberes conyugales como el débito carnal. Durante décadas, los medios de comunicación hablaron de crimen pasional cuando una mujer era asesinada por un hombre, parecía que la pasión alcanzaba para explicar y justificar esa violencia. Gracias a un sostenido trabajo se pudo dejar atrás esa expresión y hablar de femicidios, hasta que finalmente en noviembre del 2012 se introdujo el término en el código penal.
Si bien la ley 26.485 de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres establece 5 tipos de violencias y 6 modalidades, socialmente nos cuesta identificar la presencia de violencia de género en casi todas sus formas. Mucho más aún cuesta ver el entramado de violencias que existen antes de la violencia física y del femicidio.
Ante el crecimiento de la tasa de desocupados, nunca se dijo que debía cerrarse el Ministerio de Trabajo. Jamás ante una baja temporada en los lugares turísticos se ordenó cerrar el Ministerio de Turismo. Esto se debe a que socialmente entendemos que los problemas son complejos, que tienen más de una causa y que su abordaje lleva tiempo.
Pero con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se viene desarrollando un discurso falaz, como si los casos de femicidio fueran responsabilidad exclusiva de este espacio y no del conjunto del Estado. Se desvía así, por ejemplo, el foco de atención del Poder Judicial y sus responsabilidades directas en miles de casos de violencia de género que concluyen en femicidios por la falta de accionar de jueces y fiscales.
Las representantes gremiales del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad expusieron en el Congreso los datos de la gestión de los últimos cuatro años. Allí muestran una ejecución presupuestaria superior al 96%, dando cuenta de las miles de situaciones en las cuales equipos de profesionales intervinieron y ayudaron. Atendiendo a todos los tipos de violencia y sobre todo a haciendo transversal la perspectiva de género.
La atención a víctimas de violencia mediante la línea 144, el Programa Acompañar, que tiene por objetivo promover la autonomía de mujeres y diversidades ante situaciones de violencia, el Programa Acercar Derechos, las formaciones en Ley Micaela para agentes estatales y una docena de programas fueron desarrolladas durante cuatro años. Seguramente con aciertos y errores, pero también con absoluto compromiso y transparencia.
La respuesta a la violencia requiere integralidad, transversalidad y sostenibilidad a través del tiempo. Todo esto tiene como horizonte erradicar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades, pero las políticas públicas no pueden ni deben ser evaluadas por la cantidad de femicidios que hubieron en los últimos años.
Si de verdad se busca dar respuesta, es necesario que las cifras de femicidios sean trabajadas por todo el Estado, por el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo y que deje de ser usado como una tabla que cuenta errores de los sectores de mujeres y diversidades en el Estado y en la política.
La cifra acuciante de los femicidios son una variable para evaluar al Estado en su totalidad y no a un área, más aún, también nos da cuenta de que socialmente aún tenemos mucho por hacer y que ese trabajo no es responsabilidad exclusiva de un grupo. Se usa como chivo expiatorio a las políticas públicas con perspectiva de género porque, al parecer, detrás de ello aparecen los discursos que niegan la violencia de género, que no quieren partida presupuestaria para abordarla y, más aún, que pretenden sostener el estado actual de las cosas.
El cierre de la Subsecretaría de Violencia de Género echa por tierra un trabajo institucional de cuarenta años, que comenzó en 1987 con la creación de la Subsecretaría de la Mujer y que fue creciendo a pesar de los distintos signos partidarios que gobernaron. Los tratados internacionales y las leyes de nuestro país dan cuenta que la perspectiva de género es necesaria para una vida libre de violencia. Disolver estas estructuras atenta contra la calidad de nuestra democracia.
